El sistema de chequeos y balances periódicos en el Estado tiene su origen en la idea griega de que el Estado debe ser manejado por ramas independientes que ejercen de manera eficiente el poder. Polibio, estadista e historiador griego, que vivió durante la época helenística, identificó a la monarquía o jefe de Estado como el administrador de la cosa pública, a los aristócratas o lo que era el senado como los que desarrollaban la agenda legislativa mediante la voluntad democrática, representada por el pueblo.
Este tipo de conceptos fueron de gran influencia posteriormente para el desarrollo de un gobierno que funcione bien y un sistema de separación de poderes que garantice la estabilidad en la sociedad. Un ejemplo de esto lo podemos ver durante el periodo de la ilustración europea. Montesquieu reflexionaba sobre el despotismo y la corrupción como amenazas a la integridad del Estado y se discutía para aquella época que la única manera de evitar estas distorsiones era mediante el apego a leyes y la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), teniendo como base normas sobre transparencia y procedimientos de auditoria de las acciones de los funcionarios públicos.
Es obvio que hoy en día no solo es necesario crear organismos que gobiernen los diversos aspectos de la sociedad, sino que también sean debidamente fiscalizados y controlados. James Madison, en los papeles federalistas, buscando la ratificación de la Constitución americana, sostenía que “primero se debe permitir que se controle al gobernado, y segundo se debe obligar al propio estado a controlarse”.
Se hace necesaria la tecnología y la innovación disponible para implementar sistemas de contraloría interna para un Estado eficiente y donde las decisiones individuales no afecten la eficiencia de los mercados, se usen mejor los fondos públicos y se puedan identificar fácilmente los robos internos.
Al separar las responsabilidades y cuotas de poder, el constituyente garantizó que cada función del Estado esté en una mejor posición para garantizar que los funcionarios deshonestos no puedan dañar el sistema sin la ayuda de otro de los poderes públicos, lo que complica la tarea del corrupto y da la facilidad generar un Estado más transparente.