Es difícil hacer una estimación cuantitativa de los efectos económicos negativos que por la agresividad con la que ha penetrado el Covid -19 en países desarrollados como: China, Italia, España y Estados Unidos, sin lugar a dudas, este producirá estragos nunca antes visto en el sector productivo, de la salud y en la sociedad en sentido general, principalmente en economías sensibles como la nuestra.
En tal sentido, no se requiere de una bola de cristal para que sepamos desde luego que las empresas grandes, medianas, pequeñas y micros entrarían navegando en un proceso de recesión económica que las obligaría a tener que hacer ajustes ácidos en sus programas operativos, financieros y de producción. Entiéndase escisión, suspensión, desahucio, despido de empleados, supresión de incentivos y cierre de establecimientos comerciales. Y todo en procura de que la empresa le salga al frente para no sucumbir ante una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad.
A decir por el estado de incertidumbre que atraviesa la República Dominicana en estos momentos, el Gobierno está en la obligación constitucional y moral de proteger –particularmente- a todos los empleados y empleadores (como piezas claves del aparato productivo). Y más aún después de [Decreto 134-20] en que el Presidente Danilo Medina declara en estado de emergencia a todo el territorio nacional, el cual ha sido refrendado por el Congreso Nacional según Resolución núm. 62-20 del 19 de marzo de 2020 y, en adhesión a los esfuerzos de los partidos políticos, la misma va en dirección de proteger la vida humana.
Por eso le sugiero, Señor Presidente, que habilite un espacio en la Mesa de Emergencia para discutir las formas inconmensurablemente humanas de crear nuevas posibilidades para que los empleados [de 1°,2°, 3° y 4° categoría ocupacional] reciban del fondo de pensiones [AFP] un adelanto en efectivo «de lo proyectado» de su pensión o jubilación o por otras razones de carácter puramente necesarias y urgentes a los fines de lidiar mínimamente con la sorpresiva dificultad sanitaria desatada en el mundo de las cuales afecta a todas las clases sociales (del país); y que las mismas no agreguen mayores consecuencias de dolor a la economía nacional, ni al empresariado, ni a los trabajadores, ni al núcleo familiar –fundamento de la sociedad dominicana-.