Con el rechazo al recurso de amparo, el Tribunal Constitucional acaba de dar jaque mate a seis Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) opuestas a que los empleados de instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado pasen al Seguro Nacional de Salud (Senasa), como establece el artículo 31 de la Ley 87 de 2001 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Desde 2012, tales empresarios han agotado todas las instancias legales para mantener capturada la mejor tajada del pastel del aseguramiento en salud: cerca de medio millón de empleados públicos. Para seguir su disfrute, alegan seguridad jurídica, libertad de empresa, principio de legalidad, derecho de igualdad y razonabilidad.
La sentencia 0573 de 2018 ha acogido, sin embargo, la revisión constitucional interpuesta en 2014 por la aseguradora estatal en contra de la 436 de 2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en favor de ARS Humano, Meta Salud, La Colonial, Futuro, Renacer y Monumental. https://acento.com.do/2019/salud/8642070-empleados-publicos-senasa-tras-rechazo-judicial-ars/nial.
El positivo resultado de hoy lo ha parido el esfuerzo sostenido de los exdirectores ejecutivos del Senasa, Altagracia Guzmán y Chanel Rosa, y la actual, Mercedes Rodríguez.
Nunca desmayaron en su afán de concienciar a ejecutivos de 55 instituciones estatales para que se apoderaran del caso. Ni siquiera cuando parecía que todo estaba consumado a favor de las empresas privadas. Muy bien.
Pero tal vía crucis no se habría dado si los jefes de ministerios, direcciones, institutos y otras oficinas públicas hubiesen defendido al Estado con la misma fiereza con que los empresarios defienden, primero, sus intereses pecuniarios.
No lo hicieron. Peor, han callado irresponsablemente ante las embestidas interesadas contra el Senasa. Parecen accionistas encubiertos del rentable negocio de las ARS privadas, no empleados estatales que deberían estar conscientes del valor de la solidaridad y la defensa de lo público. Con el fortalecimiento del Régimen Contributivo, crece y se afianza el Régimen Subsidiado, donde están los que no quieren ni cerca las ARS privadas, los muy pobres.
El tranque jurídico no justifica su inercia y su silencio cómplice. Las comisiones por garantizar carteras de empleados a ciertas ARS privadas, son vox populi. El famoso derecho de “libre elección”, del que se agarran para violar la ley, es letra muerta cuando se trata de tales empresas. A los empleados no les preguntan por preferencia de seguro. Los incluyen. Punto.
Lamentable que el Gobierno, ante el apoyo a un arrebato de tal tamaño, mantenga en sus puestos a esos indolentes. La actitud de los empresarios de la salud es entendible en tanto es su razón de existir; pero la de tales funcionarios resulta reprochable e inaceptable. No hay ni una brecha para verles de otra manera.
El Tribunal Constitucional ha hablado como tiene que hablar, por sentencia. Le ha dado ganancia de causa al Senasa. Y eso hay que celebrarlo, pues se trata de una institución con buen crédito público que apuesta a la transparencia y a la eficacia en sus servicios.
Una lástima que la ley no obligue a las ARS privadas a devolver al Estado todo el dinero cobrado a los empleados públicos durante el poco más de un lustro que ha durado el conflicto. Y con los respectivos intereses.
Se ha perdido mucho tiempo en vaivenes legales. El proceso de afiliación que manda la ley debe comenzar sin dilación, sin olvidar que, para los intrusos, su camino malo nunca se acaba.