En los años 2000 y 2001 como profesor titular de la maestría en Gerencia Moderna y Seguridad Social de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), contribuí en la capacitación de una legión de alumnos del sector privado y público. Había ganas de aprender, pues era el inicio de la Ley de Seguridad Social (87-01). Uno de los grupos de alumnos atrayentes eran los técnicos del Congreso. En el transcurso de las cátedras ellos se presentaron como gerentes de varias Organizaciones Sin Fines de Lucro, dependientes de Senadores de la República.
Aún faltaban 5 años para aprobarse la Ley 122-05 de las ONGs, y la única norma era la Orden Ejecutiva No. 520 del ejército de los Estados Unidos ocupante de la República Dominicana, firmada el 26 de Julio de 1920 por el Brigadier General, Logan Fenland, Gobernador yanqui del momento, no le impedía a senadores y a diputados crear ONGs a granel. La información más confiable indicaba que cada senador de la República de entonces debía poseer entre dos a tres ONGs insertadas en el presupuesto nacional. En el año 2005 la aprobación de Ley 122-05 no estableció un articulado para impedir a congresistas formar ONGs, no obstante instituyó varios métodos de control, tales como el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) y el proceso de Habilitación de las ASFL.
En esa coyuntura sucedía otro hecho histórico, Santiago presentó su primer Plan Estratégico (PES) 2002-2010, enfoque concertado para el desarrollo local y socio-territorial donde entre otras iniciativas innovadoras que concertamos, el senador y los diputados tenían y todavía tienen, un rol clave facilitando proyectos de ley coherentes con la habitabilidad, ordenamiento, seguridad y sostenibilidad de ese desarrollo. El PARME de Unión Europea en su área para la descentralización animada por Domingo Matías y Josefina Ortiz, facilitaron una propuesta del Consejo Estratégico de Santiago (CDES), entidad que auspicia el PES, para impulsar con senadores y diputados una gestión pre-legislativa. Era increíble ni senadores, ni diputados de ese momento tenían planes de gestión, y menos aún oficinas para el desarrollo de sus labores.
Antes del proyecto del PARME, las actividades para presentar proyectos legislativos y de desarrollo local a la consideración de legisladores se realizaban en el local del partido o en la residencia del senador o legislador de turno. La gestión de representación, legislación y “asistencia social”, era compleja y estaba sometida a designios partidarios directos, rústicos y clientelares. Como dato histórico puede destacarse que el presupuesto aprobado en el Congreso del Consejo Estratégico de Santiago como ONG no pasaba de 200 mil pesos anuales, y por igual muchas ONGs del país competían por asegurar recursos públicos que terminaban siendo absorbidos por entidades dependientes de los legisladores en toda la isla.
Por estas razones, luego de consultas y revisiones desde México hasta Argentina debo reconocer los avances logrados en la actual gestión legislativa del Congreso que deben ser valorados positivamente no obstante los retrasos esperables en un país caribeño de nuestra dimensión y desarrollo institucional. El Fondo Social denominado plebemente como “Barrilito” pero que en la ley de presupuesto aparece como “Ayudas y Donaciones a Personas” es auditado y transferido todos los meses a las cuentas bancarias de cada senador. Los senadores reciben de “ayuda social” un monto base de RD$400,000 más RD$1.00 por cada habitante de su provincia, sin que en ningún caso exceda los 900 mil. Además se transfieren 190 mil para la Oficina Senatorial para su alquiler, energía, agua, teléfono, combustible, material gastable y suministros. También, 289 mil mensuales para gastos de la oficina del senador del Distrito Nacional y 142 mil por la gestión de cada Oficina Provincial.
El congreso dominicano no es el primero de América en utilizar fondos para asistencia social, ni menos aún puede pedírsele a los legisladores locales que sin la universalización del sistema de seguridad social dominicano, se pretenda eliminar los recursos de asistencia social de las Oficinas Senatoriales. Eso es un exceso. Sí, hay que exigir transparencia y rendición de cuentas. En las provincias desarrollistas como Santiago aspiramos que se vuelquen todavía más recursos para el desarrollo local, pero que estos recursos para la gestión legislativa tengan un uso transparente, concurrente y coherente con el sistema de asistencia y seguridad social de la nación. México, Perú, Colombia y Argentina tienen reglamentos concretos al respecto.
Finalmente hemos de enfatizar que la Oficina Senatorial de Santiago ha creado la Unidad de Proyectos donde se impulsan iniciativas concretas de desarrollo local. Vasta destacar el Festival Escolar de Teatro, el auspicio en tecnología de comunidades juveniles, la colaboración a planes estratégicos de desarrollo de algunas provincias y recientemente la conducción del programa nacional de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”. El asistencialismo aunque no está erradicado en Santiago, si está controlado a niveles tolerables. El Senado de la República, las Oficinas Provinciales y Fondos Sociales se han constituido en un significativo avance que debemos observar y monitorear para asegurar su impacto social. En la otra seguimos.