Hasta ahora, en al actual gobierno del presidente Danilo Medina, los presuntos corruptos de gobiernos pasados sólo se han alzado con los sonados “no ha lugar” e incluso, una vez lograda la modificación constitucional, al Procurador General, Dominguez Brito, como que se le quitaron las ganas de hacer caer todo el peso de la ley sobre estos, sus compañeros y aliados del Partido de la Liberación Dominicana.
El propio mandatario, que prometió en su campaña que actuaría por el simple rumor público, lo que ha hecho es hacerse el sordo y el ciego ante presuntas pruebas presentadas por programas de investigación y medios de comunicación, de actos reñidos con las leyes. Entre los que podemos citar:
- El destino de los 904 millones de pesos invertidos de emergencia por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en obras otorgadas grado a grado, supuestamente, en beneficio de empresas allegadas al director de esa institución, según puntualizó un programa de investigación, que explico además que las anomalías fueron localizadas luego de que se hiciera un cruce en los contratos realizados por mandato de los decretos 618 y 619 de octubre 25 y 26 del año 2012, con los lugares en los cuales se realizarían las obras, que no correspondían a las zonas declaradas de emergencia en dichos decretos.
- El remozamiento del Hospital Dr. Darío Contreras, que inicialmente fue estimado en 886.5 millones de pesos y pasó a costar algo más de 1,700 millones y, el supuesto tráfico de influencia que llevó al Ing. Ferdinando Lamarche Khoury a ser importante en la OISOE, en Proyecciones Luxor, en el Consorcio Proyecciones Luxor, en Dipremedia y en Tokessa Investment, empresas a las que se les otorgó innumerables obras.
- Escándalos, como el de la compra de las plantas a carbón adjudicadas a una empresa que, presuntamente, su oferta duplicaba el precio de otras ofertas de empresas participantes, además de que, después de adjudicada la licitación, se destapo un impresionante escándalo internacional en contra de la empresa Odebrecht, a la cual se le adjudicaron estas Plantas y un alto porcentaje de todas las megas obras realizadas en los últimos 20 años.
- La pretendida falta de transparencia de muchos de sus funcionarios, que no hicieron la declaración jurada de bienes, como lo manda la ley y, no se actuó en consecuencia.
Definitivamente este gobierno ha cultivado impunidad en sus primeros tres años de este periodo gubernamental, pero también ha comenzó a cosechar corruptos, como ya hemos mencionado y, ahora nos preguntamos a modo de reflexión:
¿Qué podemos esperar de este último año de gobierno, en medio de unas elecciones y un presidente que aspira a la reelección?
¿Qué hará ahora nuestro Procurador General?…
¿Será coherente?…
¿Hará lo mismo que hizo en contra de los funcionarios de Leonel Fernández, con los funcionarios del Presidente Medina?…
¿O sencillamente se pondrá en evidencia?
¿Seguirán sembrando impunidad, para que sigamos cosechando corruptos?
Nuestro país y nuestra sociedad se encuentran inmersos en un proceso de repugnancia de su clase política, en medio de una gran crisis de los partidos políticos, donde los tres principales partidos que históricamente han competido por guiar los destino de la nación, hoy van aliados… pero: ¿Por unos ideales? ¿Por un discurso? ¿Por una filosofía? ¿O se aliaron entorno a la posible división del botín? Y mientras estos tres partidos, con la mayor asignación del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE), van juntos entre sí, con otros tantos aliados y contando con la maquinaria del Estado, nuestra oposición aún no define un discurso, no define una gran alianza, un gran frente opositor en el que todas las fuerzas que adversan el continuismo puedan convergir y luchar por un objetivo en común.
Sin dudas, nos encontramos en una espiral, en la que tanta impunidad y descaro, se manifiesta en más corrupción administrativa, de nuestros políticos, de nuestros policías, de nuestros cuerpos castrenses… etc., etc., en fin, llegando a manifestarse en un aumento de la corrupción ciudadana, o sea un aumento de la delincuencia, que prácticamente hace invivible las principales ciudades de nuestro país.