Como las administradoras de fondos de pensiones (AFP), muchos de los seguros para vehículos del mercado local son especies de “casas de trucos” que, a golpe de redes de complicidades y publicidad engañosa, solo aseguran el engorde de sus arcas. El cliente es solo una excusa.
He preguntado a unas 50 personas. Las mismas respuestas: han sido estafadas o, al menos, tienen algún familiar o amigo que ha pasado la misma experiencia tras sufrir un siniestro de tráfico. Aterra el nivel de insatisfacción. Nada fortuito, entonces, que se registre una tendencia hacia la expedición del “seguro de ley”, solo para cumplir con los requerimientos legales y prevenir tormentos.
Pero hay situaciones a las que el cliente no puede escapar porque el mercado es una trampa contra él. Y es el seguro full obligatorio cuando compra a crédito un vehículo, incluso usado, con reales riesgos de daños estructurales porque un tasador también vividor lo califica como “óptimo”.
En sus pólizas, las aseguradoras prometen plena felicidad al padre, la madre, los hijos, los hermanos… la familia; prometen el cielo, la tierra y el mar si ocurre un “accidente”.
Pero, cuando llega la hora de la verdad, comienza la odisea porque la “casa de los trucos” agiliza sus piruetas para desencantar a la víctima y evitar el pago justo al asegurado.
En medio de ese proceso de entretenimiento y simulaciones, claudica la mayoría; sobre todo, los ignorantes. O aquellos que, conociendo la trama, sucumben ante el ímpetu del poder y el desprecio de la autoridad.
La red de fraudes contra los clientes se ampara en artificios de transparencia, sin dejar cabos sueltos. El vehículo chocado es llevado a uno de los talleres que operan como prestadores de la aseguradora. Ella misma envía a uno de sus peritos a hacer el diagnóstico. Resulta, sin embargo, que si los daños son graves y el prestador actúa conforme la ética y recomienda “liquidación”, ahí mismo pone en riesgo su membresía; es decir, la entrada de dinero porque no le enviarían vehículos chocados.
Por eso, salvo excepciones, los resultados del peritaje nunca superarán el porcentaje límite establecido a discreción de la compañía para liquidar los vehículos siniestrados. Porcentaje que puede ser de 65, 70 y hasta 75%.
Así, el “reporte científico” sirve de justificación para evadir la cobertura que demanda el caso y limitarla a reparación, lo cual implica una devaluación abrupta del bien, un abuso contra el cliente.
En estos días he hablado con agentes de MAPFRE, a propósito de un siniestro de tráfico con lesionados y daños a terceros, ocurrido el 18 de noviembre de 2019 en la intersección de las calles Duvergé y Salcedo de San Francisco de Macorís. Un conductor en un carro Hyundai 2015 embistió un jeep Kia Sportage 2017, provocándole daños estructurales que, a su vez, explotaron las bolsas de aire del lado izquierdo.
No hubo interés por el estado de salud de las personas. No hubo provisión de un carro. 23 días después del hecho, ninguna llamada a la persona afectada. Todo lo contrario a la oferta publicitaria.
Los alegatos para esa actitud no podían ser más irresponsables. Respondió con arrogancia monumental, una agente: “Suponía que usted recibía la información vía el díler”.
Otro agente: “Nosotros no tenemos que ver con eso de salud, y perdone. Sobre vehículo prestado, nosotros no podemos imaginarnos que usted necesita un vehículo; no tenemos uno en el patio, esperando…”
Y fue cortante, como un papá pegón, pese a la negación del cliente: “Yo voy a mandar ese jeep a reparación porque eso es lo que manda. Eso va a quedar como nuevo. Haga lo que considere”.
Al recordarle que en Estados Unidos liquidan los autos por mucho menos de ahí, porque se preocupan por la integridad del conductor en tanto ser humano, ironizó: “Ningún ser humano. Lo que pasa es que, allá, los seguros tienen un negocio con eso, son mafias; aquí no, aquí es diferente”. El informe pericial 11023 plantea gastos de piezas y demás por RD$600,000, poco más de la mitad del precio del jeep. El seguro full, “la póliza salvadora”, se acerca a los RD$ 80,000 al año.
Si esa es la política empresarial de MAPFRE y otras aseguradoras poderosas, es momento de pausar para evaluación, porque hay quejas a borbotones y “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. La buena imagen de una organización vale mucho más que un millón de pesos y el atropello contra un cliente. La mala imagen es la antesala de la quiebra, pese al poder.