“Sueño con un país donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más Estado, más Patria y que la corrupción sea sancionada”, declaró Ollanta Humala, Presidente de Perú,  en Lima el 28 de julio de 2011.

Pero como de sueños no se trata, interesa destacar que en unas breves líneas un estadista puede sintetizar y dejar en el aire  significados que importen políticas, determinen responsables y establezcan limitaciones.  Gestión del riesgo, espacios seguros y protección son cuestiones centrales en toda aspiración de mejores niveles de seguridad.

Entendemos que cuando el Presidente Humala habla de “más Estado” no intenta preocupar a quienes en su estandarte tienen un solo derecho que defender, el de la propiedad. Sin duda se refiere a aspectos que comparten los países con mejores niveles de seguridad: Estados fuertes, altos grados de institucionalidad, instituciones armadas no deliberantes obedientes del poder civil expresado en su dependencia jerárquica de los ministros correspondientes. Policía del Interior y FF.AA. de Defensa.

Fíjense ustedes que en la cita en la que resume su “sueño” el Presidente peruano, no hay ninguna referencia al empleo, ni a las llamadas políticas sociales, ni a la desigualdad, ni al peligroso expediente de la pobreza como fuente de violencia. El sabe que el empleo, la pobreza y la desigualdad son temas de políticas que busquen disminuir estas verdaderas vergüenzas económicas, sociales, políticas y morales, pero sabe también que empleo, pobreza y desigualdad no son temas de seguridad.  Y él como ex-militar debe saberlo bien desde la academia donde conoció las políticas neocoloniales de los imperios decadentes o de la tristemente recordada Doctrina de Seguridad Nacional que apuntaba a la seguridad del Estado ante el enemigo externo y a aniquilar al “enemigo interno” (que siempre era pobre, vivía en “los barrios” y además era opositor político).

Hoy se concibe la seguridad como derecho de las personas –de todas- por lo que resulta importante lo que plantea el Presidente Humala: “Más Estado”. Ciertamente eso coincide con más democracia, pues ése es el contexto en que la seguridad ciudadana debe conseguirse y vivirse. Sólo sobre el Estado recae la responsabilidad de asegurar el derecho de todos y todas a ser y sentirse protegidos, como lo recuerda también el presidente peruano.

Entender y aceptar que la seguridad es un derecho, tiene también otras consecuencias, como la de ser “exigible” no sólo por la ciudadanía, también por la comunidad internacional. Si la seguridad es un derecho, es inalienable (no se puede renunciar a ella), es universal (de todos y todas), es indivisible (no puede separarse de otros derechos), es interdependiente (todos los derechos están articulados) y es progresivo (su tendencia es al avance, nunca a la regresión y menos a la cancelación). Así, la propuesta de Humala indica el marco y los límites claros de lo que se puede y no se puede hacer, al tiempo que limita las acciones que se ejecuten para la plena vigencia del derecho a la seguridad en el marco de la plena vigencia del Estado democrático y de derecho.

La “doctrina Humala” coincide -a lo menos- con tres características que comparten los países con mayores índices de seguridad.

Alta confianza de la ciudadanía en la policía.
Fortaleza institucional. (Capacidad de predecir las consecuencias de determinadas conductas).
Inexistencia de impunidad (los delitos se sancionan).

Quiere Humala un país “donde las ciudades sean espacios seguros” y, al decirlo, aporta otra de las vigas maestras de todo intento de aumentar la seguridad ciudadana mediante políticas democráticas: la que prioriza las medidas preventivas antes que las represivas. Para que las ciudades sean espacios seguros –no olvidar que la “inseguridad” es un fenómeno urbano- la prevención situacional, es fundamental.  Es decir, la disminución de la oportunidad del delito mediante la reducción de la percepción de inseguridad modificando factores y condiciones de riesgo físico y ambiental del entorno (relación del espacio público con el privado, alumbrado público, arbolado urbano, ordenamiento del territorio y disciplina urbanística, ornato y equipamiento urbano). Estas acciones preventivas son responsabilidad, en la mayoría de nuestros países, de los ayuntamientos o municipios y tienen una característica que no se debe dejar de destacar: el sujeto de la política no es el infractor de la ley.

Finalmente el deseo de Ollanta Humala de “más Patria y que la corrupción sea sancionada” son dos argumentos imposibles de ser separados, una es condición de la otra y sin duda es un aporte del mandatario peruano a la política en nuestra región.

¡Seguro!!