La Seguridad Nacional y la Defensa como política pública del Estado y su implementación, habitualmente puede crear niveles de conflicto con otros Estados y puede derivar en situaciones que involucre violaciones de los derechos humanos, en ocasiones soslayando la legitimidad y el derecho de protección de la integridad física de la nación dominicana.
Las dificultades que se presentan entre el derecho de las personas y el derecho del Estado a la protección de su territorio y sus fronteras marítimas, terrestre y aéreas, comprueba las tensiones entre las políticas, normas e instrumentos de protección de los Derechos Humanos y las políticas de Seguridad y Defensa Nacional.
El diseño y la existencia de una políticas de Defensa y Seguridad Nacional, con una visión de preservación y respecto de los Derechos Humanos, permite reducir los riesgos de posibles conflictos, ayudando a mantener la paz, la armonía y el respecto entre los pueblos, en muchas ocasiones se percibe que las políticas de Seguridad Nacional no se corresponden con la garantía de los derechos humanos que consagra la Constitución y los Tratados Internacionales ratificado por el Congreso Nacional.
En ese manera evitamos las fisuras entre la Seguridad Nacional y los Derechos Humanos y de ahí se desprende la necesidad de contar con un plan y estrategia que contemple la protección del Estado dominicano frente a las agresiones que pueden poner en riesgo la seguridad, considerando el derecho del Estado, sin perder de vista el necesario respecto a los derechos humanos.
El mayor conflicto se puede derivar cuando la garantía de la seguridad nacional es una prerrogativa del Estado y este se coloca por encima de los derechos individuales, produciéndose roces o confrontación con la protección de los derechos humanos, situación que coloca al país en el plano internacional en una situación defensiva, cuando se ve cuestionada su soberanía por decisiones que si bien son legítimas, se colocan en el marco de la ilegalidad por inobservancia de procedimientos y protocolos internacionales de protección de los derechos humanos.
En ese sentido cualquier Plan Nacional de Defensa y Seguridad Nacional o en las políticas y acciones que desarrolla el Estado dominicano en esta materia, debe ser sobre la base del principio de la dignidad de la persona, considerando los planteamientos en el personalismos de Emmanuel Mounier , Jacques Maritain , sin dejar de valorar los aportes de Enmanuel Kant en cuanto a la existencia misma del ser y su supremacía por encima de cualquier cosa existente.
“La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.
En ese sentido las características generales de un Estado Social Democrático de Derecho son el imperio de la ley, la separación de los poderes, legalidad del gobierno y sus acciones, así como la protección de los derechos de las personas y garantizar sus libertades fundamentales.
En esa dirección no podemos hablar de un Estado Social Democrático de Derecho en un país donde no son respetados los derechos fundamentales y donde no se garantiza la integridad física de la nación y se socava la dignidad de la persona y donde el principio de legalidad es un desafío constante.
La comprobación de la existencia de un Estado de derecho supone la presencia de prácticas, costumbres y cultura políticas, que respondan al principio y valores éticos, a la legalidad, identidad nacional y respeto a los derechos de la persona más elementales como son su dignidad.
En ese sentido la protección de los derechos humanos, no constituye una amenaza para la institucionalidad e integridad de un Estado, más bien, es una oportunidad para iniciar un proceso de democratización de sus instituciones al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para diseñar e implementar políticas en el campo de la Seguridad y Defensa Nacional.
Otra situación que se presenta es el hecho de descubrir que el Estado dominicano no dispone de un Plan de Seguridad Nacional y Defensa, como política pública y que el mismo contenga los lineamientos y seguimientos de las operaciones, que estén centrado en las amenazas, no como una amenaza militar, más bien referido a factores de orden público, migración, droga, contrabando, trata de persona, tráfico de armas, lavado de activos, agresión al medio ambiente o la posibilidad de la ocurrencia de una poblada.
Esta situación se agrava cuando nos encontramos de frente a las amenazas de un Estado fallido como lo es la República de Haití, que se encuentra imposibilitado de garantizar los servicios básicos de la población, pérdida del control de su territorio, debilidades en relación a la autoridad legítima, no garantiza la seguridad interna y por ende incapacidad para interactuar con otros Estados.
Es por lo antes señalado que entendemos, que si no existe un plan o una estrategia en nuestro país en materia de Seguridad y Defensa Nacional las posibilidades de vulneración de los derechos humanos están más presente, porque la improvisación y la discrecionalidad, no garantizan la aplicación de estándares y protocolo internacionales en el manejo de la situación en la frontera, espacio de un complejo manejo, por todos los actores y sectores que inciden en la cotidianidad de estas zona.
En ese sentido la definición de lineamientos de una estrategia de Seguridad Nacional y Defensa del Estado dominicano tiene que considerar una visión de protección de los derechos humanos, incluyendo además líneas estrategias que permita conocer los parámetro y fundamento en la geopolítica considerando la condición insular del país, se hace entonces necesario identificar los vectores de amenaza de la República Dominicana.