“En el financiamiento político no existen las donaciones, se producen inversiones, el que paga cobra.”
El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en el país,están mínimamente y débilmente reguladas, es a partir del artículo 45 de la Ley Electoral, que se conformaun sistema mixto, en tanto, admite el financiamiento público como el financiamiento privado.
El Financiamiento público comprende las actividades permanentes de los partidos políticos, así como las campañas electorales, clasificando los aportes en 0.25 % de los ingresos nacional para los años electorales, 0.5 para los años no electorales y para este año la Junta Central Electoral entregará 805 millones de pesos a los partidos políticos reconocidos y que participaran en las próximas elecciones del 2016.
La penetración del crimen internacional organizado se facilita en el caso de la República Dominicana, por las escasas medidas de control que permitan identificar el financiamiento de grupos económicos y personas vinculadas a actividades ilícitas. Además porque no existe un tope para los “aportes” privados a las campañas, potenciando las prácticas del rentismo y patrimonialismo, sumado esto, a la ausencia de rendición cuentas sobre las fuentes y usos de los recursos económicos en las campañas electorales.
La violación de Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por los partidos políticos, que les obliga a rendir información a quien la solicite, incluyendo información sobre la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo, es la mejor evidencia de la opacidad y la falta de transparencia en el financiamiento político.
Los partidos políticos se manejan en la ilegalidady a esto se suma a la ausencia de fiscalización e investigaciones efectivas por el Ministerio Público, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que en la práctica ha sido mínimo el control y supervisión que ejercen, no obstante sus facultades y competencias, entre ellas, pueden anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesare de inmediato cualquier uso indebido de los recursos o medios del Estado.
El sistema de financiamiento de los partidos políticos es vulnerable y con alta posibilidad de penetración del crimen internacional organizado, con sus operaciones de narcotráfico o lavado de dinero, convirtiéndose este modus operandi en una amenaza a la seguridad nacional, un verdaderoatentando contra de la soberanía, independencia, libertad, seguridad del territorio de la nación y contra la constitución de un Estado Social Democrático de Derechos.
En el país observamos con frecuencia a funcionarios públicos, actores políticos referirse con mucha fuerza a los aspectos vinculados a la seguridad nacional e identifican las amenazas como la migración no controladas, narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, terrorismo, inseguridad ciudadana, pero en pocas oportunidades identificamos que se aborde con profundidad como el financiamiento ilegítimo e ilegalidad de las actividades políticos se convierten en una amenaza real a la estabilidad de la democracia y un impedimento para alcanzar los objetivos e intereses nacionales y el desarrollo nacional.
La seguridad nacional es la garantía para que el Estado pueda proporcionar a la nación por medios legítimos,satisfacer y salvaguarda sus interesesde las amenazas directas, entre ellas,el narcotráfico y el crimen vinculado el sistema político partidario, porque busca capturar el Estado y sus estructuraspor el crimen nacional e internacional organizado.
La resistencia de los partidos políticos en los últimos 12 años para adoptar un marco legal que regule el financiamiento político, es la mejor evidencia que poco les importa los controles, la seguridad nacional y el desarrollo.
Tal vez los escándalos recientes relacionados con el financiamiento político provoque una profunda conmoción en la sociedad dominicana, como en otros país de la región, donde casos importantes del financiamiento ilegal provocaron destitución de presidentes o las acusaciones a expresidentes, como fueron, los casos Collor de Melo en Brasil, Andrés Pérez en Venezuela o Ernesto Samper en Colombia, que por su presunta conexión con dinero producto del narcotráfico, permitió que se considerada en la agenda relacionada con la seguridad nacional, el impedimento de la entrada del dinero sucio en el financiamiento político.
En el caso de estos países, dichos casos provocaron la promulgación de nuevas leyes para regular el financiamiento de las campañas electorales, esperemos que en el caso de la República Dominicana, se investigue a profundidad las denuncias de financiamiento ilegal e ilegitimo de los partidos políticos, que se adopten medidas de control, que preservemos la seguridad nacional y el Estado de Derecho.
En ese sentido, el proceso de elaboración y aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, se convierte en una excelente oportunidad para adecuar nuestro marco jurídico a los estándares internacionales para el combate del lavado, establecido en las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
El lavado de dinero y el financiamiento ilegal de la actividad política debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones donde por sus características identificamos un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), como en los partidos políticos.