La seguridad democrática debe ser un proyecto político y social que se aplique correctamente y acorde a los cambios que requiere y exige la sociedad dominicana para acabar con: la violencia en todas sus manifestaciones, el narcotráfico, la criminalidad, la inmoralidad y la impunidad, además, la pobreza, el analfabetismo, la injusticia, la corrupción, la contaminación, el atraso, la discriminación, el individualismo, el terrorismo, el autoritarismo, la anomia, entre otros.

Nuestras autoridades y muchos de los ciudadanos estamos acostumbrados a priorizar y contratar a extranjeros y no es que debemos cerrar las puertas a las cooperaciones internacionales y asesorías que muchos aportes positivos nos han traído, sin embargo dejamos de  lado nuestros talentos, además no tomamos en cuenta que las idiosincrasias varían de un país a otro, los aspectos culturales y demográficos, los niveles de pobreza y educación, las necesidades y la historia de los pueblos, que son factores incidentes al momento de determinar una misma medicina a diferentes enfermedades.

Los organismos encargados de ejecutar el Plan de Seguridad Democrática no han sabido convergen de manera institucional y estatal en una visión única y apoyada por todos los sectores organizados de dicha sociedad.

De manera, que cada organización, institución o persona tenga la facultad de participar en los debates de las políticas públicas a ejecutar, dando sus sugerencias, informándose de las mismas y acatando con atención el rol que le toca hacer en la seguridad democrática, la cual va más allá de limitarse a las responsabilidades policiales, es más bien un proyecto de nación, que debe involucrar especialmente a las universidades y demás centros educativos del país; las iglesias; los medios de comunicación; a los intelectuales y a todos los sectores organizados, pues la seguridad es un asunto de todos.

Si analizamos el Plan de Seguridad Democrático colombiano, está claro que en cuanto a la aplicación nos hemos alejados de la metodología y los principios tomados en cuenta por ese país.  Es obvio que la realidad de Colombia ni es la misma ni se asemeja a la realidad dominicana en cuanto a las políticas de seguridad se refiere, pero si vamos a tomar como referente los planteamientos de ese país, entonces la aplicación del fundamento, que es lo esencial, no lo podemos dejar de lado.

En nuestro caso, no sucede igual, en cuanto a la práctica. Si bien es cierto, como ya hemos dicho, que tenemos un Plan de Seguridad Democrática basado en la teoría y planteamientos de la visión global definida por los países desarrollados, está siendo aplicado con gran éxito en Colombia desde junio de 2003, lo cierto es que no hemos sabido llevar esas teorías a la práctica de manera adecuada.

La ejecución de nuestro Plan de Seguridad Democrática, no ha sido discutida, ni debatida y al momento de hacer los encuentros para revisión y tener los detalles de las dificultades y las evaluaciones, no se ha contado con el personal que incide directamente en la ejecución del plan, ni hay una conexión entre los actores principales y ejecutivos del mismo con los que dirigen y trabajan en las operaciones, los que están en el día a día en dichos barrios seleccionados y los miembros de las comunidades.