Cuando hablamos de seguridad democrática nos referimos a las políticas públicas de seguridad de un Estado, que crea sinergia con los demás sectores de la sociedad, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Cuando se habla de estos derechos, se debe resaltar el derecho a participar libremente, el derecho al desarrollo humano integral y sostenible, dando un trato digno e igualitario a todos los habitantes de un país, sin importar ideologías, ni características sociales.

Estos derechos se deben garantizar a través del fortalecimiento de las instituciones, especialmente los órganos de  defensa y seguridad con el consenso y la participación interactiva de los habitantes.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos la define como: "situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos a defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su  integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado, y a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de Derecho".

El planteamiento de la seguridad democrática surge como fórmula para revertir los efectos de la "seguridad nacional" tradicional que primó en América Latina y otros países del mundo durante la Guerra Fría, época en la que el concepto de seguridad se priorizaba, en detrimento de las libertades fundamentales de las personas.

Prevalecía una visión unilateral de los gobernantes y el Estado como institución, de espalda a los intereses ciudadanos.

En República Dominicana las propuestas elaboradas con relación a reformas del sistema de seguridad pública han sido muchas, principalmente las que aspiran redefinir el accionar de la Policía Nacional dentro del estado de derecho.

Todas han tenido algo en común: enfocar los cuerpos policiales a los lineamientos democráticos y modernos y replantear la misión y visión de los mismos, sometiendo a la reingeniería, a fin de que tengan objetivos y estrategias definidas y realizables para garantizar la seguridad ciudadana.

La mayoría de estas propuestas, de una manera u otra han estado acordes a las políticas de seguridad públicas que el Estado dominicano define como parte de su Plan de Seguridad Democrática. Para ser más específicos, no difieren en cuanto a su finalidad y líneas fundamentales en lo conceptual, porque en la práctica solo ha sido un simbolismo.

Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, hemos participado en la elaboración de planes estratégicos y propuestas acordes con la seguridad democrática, que tienen una visión más completa, amplia y realizable que las actualmente ejecutadas.

Esto nos ha llevado a plantearnos ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso para elaborar dicho planes?

La cultura de buscar y copiar de profesionales extranjeros para elaborar proyectos en determinadas áreas siempre ha sido uno de los principales imperativos de la sociedad dominicana.

La realidad es que las culturas solo se cambian desde dentro. La única forma en la que otra cultura es cambiada desde afuera es cuando las hazañas bélicas se imponen.