El enfoque y percepción de la población respecto a la seguridad ciudadana ha sido uno de los temas mediáticos principales del país en los últimos años, lamentablemente se han hecho políticas estatales anticrimen las cuales evidentemente han fracasado.
Uno de los últimos ejemplos lo constituyó el Plan de Seguridad Ciudadana que se presentó al país en marzo del 2013, el cual contemplaba cambios notables en la Policía Nacional y en otras entidades gubernamentales. El proyecto involucraba además de la Policía, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio Público.
En ese momento, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expresó que el Gobierno elaboró ese plan para “dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad y que los trabajos se realizaron hace más de dos años cuando Danilo Medina era candidato a la Presidencia”.
El plan también incluía un reajuste de salarios para los policías, dentro de la reforma que se impulsa en esa institución, que también abarcaba la profesionalización y depuración de los agentes y mil cámaras de vigilancia en la Zona Colonial y el Gran Santo Domingo.
En otras palabras, cambiar la verticalidad existente en los planes de seguridad ciudadana, en la cual los actores sociales sólo contemplan el aparataje estatal de recursos sin que ellos se sientan integrados, como simples espectadores
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, prometió también que personas con varios procesos penales estarían tras las rejas y no en las calles, además de que intensificarían las labores de inteligencia y el sometimiento al Congreso del proyecto de ley de Extinción de Dominio, para agilizar la rápida recuperación de bienes fruto del lavado de activos y el delito.
Como pueden notar amigos lectores, todas estas iniciativas cargadas sin duda alguna de buena intención, al igual que muchos otros planes de seguridad ciudadana, quedan en el vacío, por dos razones: son inaplicables en ese momento y requieren de recursos económicos, además de que son soluciones coyunturales a un problema que necesita el concurso de amplios sectores de la sociedad.
La criminalidad y la violencia son dos fenómenos sociales que se combaten con planes integrales que además de la depuración, modernización y ajustes salariales de los cuerpos castrenses, se implique por ejemplo a las iglesias, en este caso de la comunidad evangélica para el acompañamiento del Estado en la ejecución de políticas preventivas del crimen.
Otro aspecto importante es el reforzamiento de la credibilidad del aparato judicial. Aunque parezca ilógico, tal como en otros países sería importante llevar a cabo en el país “ciudadanos veedores de la justicia”, como una garantía eficaz de la transparencia en la aplicación de la ley desde el inicio mismo de la comisión de un crimen. Empoderar a la sociedad civil, líderes comunitarios y otros actores de la sociedad en planes para la seguridad ciudadana, garantizaría su éxito y cambiaría la percepción que tenemos los ciudadanos dominicanos de la justicia.
Creemos también que existe una estrecha relación entre las políticas de participación comunitaria y las instituciones policiales, para la convivencia común y la prevención del crimen. Reforzar este aspecto sería interesante.
En otras palabras, cambiar la verticalidad existente en los planes de seguridad ciudadana, en la cual los actores sociales sólo contemplan el aparataje estatal de recursos sin que ellos se sientan integrados, como simples espectadores.
La espectacularidad, el coyunturalismo, y el repentismo han sido los factores que mermaron notablemente los planes estatales de seguridad ciudadana en el país. Es hora de que construyamos un plan integral, que refuerce el éxito de implicar a los propios ciudadanos.