La Seguridad de los espacios públicos, la vida tranquila y la armonía comunitaria, se consideraban activos sociales distintivos de la Republica Dominicana a tal punto que, eran parte del perfil que caracterizaba la identidad nacional. Así discurrió la vida del dominicano casi todo el siglo pasado, no obstante, en un lapso de tiempo relativamente breve, esa característica se ha ido perdiendo y hoy la tranquilidad y la armonía es la principal preocupación ciudadana, según reflejan todas las encuestas nacionales que se han hecho en los últimos quince (15) años.
Para darnos cuenta de la dimensión y extensión del fenómeno de la “inseguridad” por la que atraviesa nuestro país, basta sólo considerar algunas tendencias de los indicadores de delincuencia común, violencia de género, asaltos a mano armada, homicidios y otras manifestaciones delictivas, al extremo que más del 40% de la población expresa haber dejado de realizar alguna actividad por temor a ser asaltado; mientras que el 96% de nuestro empresariado sostiene que la inseguridad ciudadana afecta el clima de negocios y que más de cien mujeres pierdan la vida cada año como resultado del abuso y maltrato de sus parejas (Encuestas ANJE/FINJUS-2017-2019).
Al analizar esa transformación es legítimo preguntarnos: ¿Cómo llegamos a la situación actual? ¿Cuáles fueron los factores estructurales de este proceso acelerado de pérdida de seguridad? ¿Qué nos condujo a estos resultados? y ¿Hasta qué nivel pueden llegar sus consecuencias si no revertimos el proceso que estamos viviendo actualmente?. Es justo decir que las autoridades nacionales no han girado la vista hacia un costado y que durante los últimos gobiernos se ha tratado de dar respuesta al fenómeno, mediante diferentes métodos, con distintas intensidades y por supuesto con distintos resultados. En ese sentido, estrategias como Seguridad Democrática y su programa “Barrio Seguro” y Vivir Tranquilos con su programa “Ciudad Tranquila”, más todas las iniciativas que ha tomado y puesto en marcha el Presidente Luis Abinader, constituyen esfuerzos notables orientados a dar respuesta a la violencia y a la criminalidad, pero con pocos resultados tangibles hasta ahora.
Sin embargo, cuando se analiza profundamente la concepción y estructura de todas las estrategias implementadas, se concluye que tales iniciativas han ido orientada a combatir la delincuencia desde una perspectiva policial y enfocadas al control del territorio por las fuerzas del orden público, por tanto sus impactos han sido y seguirán siendo muy limitados por su propio diseño y la visión que se tiene desde el Estado sobre la Seguridad Ciudadana. En este sentido, la experiencia internacional demuestra claramente que una mayor presencia de efectivos del orden en el espacio público no necesariamente mejora las condiciones de seguridad. Por su parte, un despliegue desmedido de la fuerza de seguridad suele generar una percepción de estado de guerra o cuanto menos de mayor inseguridad, por tanto lejos de resolver sus efectos atacando las causas, terminan agravando el problema. Mientras más presencia policial y militar haya en nuestras calles, los dominicanos nos sentiremos más “inseguros”. La presencia policial debería ubicarse estratégicamente; mientras que, un número de policías bien entrenados, deberían vestir ropa civil para alertar a las patrullas uniformadas motorizadas, de los movimientos de las personas sospechosas.
A los dominicanos nos resulta muy obvio que nuestra Policía Nacional, con sus consabidas limitaciones de arraigo comunitario, su escasez de recursos humanos, logísticos y operativos y con poco o ningún vínculo con las comunidades, no puede hacerse cargo de la seguridad de una población, cuyos hombres jóvenes no tienen acceso a empleados dignos y a oportunidades de alimentarse, educarse, vivir y recrearse con dignidad. Culpar a la Policía Nacional como la única institución responsable de esta situación, es el resultado de una visión sesgada y un pobre entendimiento del problema de la seguridad ciudadana de un país con limitadas herramientas científicas para prevenir y combatir la violencia y el crimen. La verdadera razón de la baja efectividad de los esfuerzos policiales es que no han sido concebidos sobre una comprensión distinta, en la que el fenómeno que denominamos “inseguridad” es literalmente el resultado de unas series de causales familiares, sociales, urbanas, económicas y educativas que reflejan en gran medida, el grado de cohesión social de nuestra Sociedad.
Por tanto, el problema de la “inseguridad” que vive nuestro país resulta ser un fenómeno multicausal que requiere una solución integral en el mediano y el largo plazo. Si nuestro Presidente desea asegurar la efectividad y sostenibilidad de una estrategia policial efectiva, tiene que aceptar que la “inseguridad” solo se resuelve desmontando sistemáticamente sus causas estructurales y estimulando la más alta participación posible de la sociedad en la generación de una cultura colectiva de convivencia pacífica, fundamentada en la materialización de un Estado Social de Derechos. Esto, lejos de ser una aspiración sin fundamento, queda demostrado por las investigaciones empíricas que se han realizado desde los años 90’s en América Latina. En tal sentido, vale la pena echar una mirada a los casos de éxitos que pueden servirnos como ejemplos, como son: Jamaica, Australia, Uruguay, México, Costa Rica y Colombia.
La lección o aprendizaje común de estos logros se puede resumir en que, para abordar con efectividad la problemática de la “inseguridad”, es indispensable construir una nueva relación de la Policía Nacional con la sociedad, estructurar un pacto por la calidad de vida en el cual la ciudadanía juegue un rol activo desde la concepción misma de la estrategia hasta su implementación, evaluación y sostenimiento en el tiempo. En el marco de esa estrategia, es indispensable impulsar una nueva institucionalidad, basada en el mérito y articuladora de todas las agencias que intervienen en la solución del problema de “inseguridad” que afecta nuestro país. Para ello, es indispensable la sociedad responda al llamado y que se active en torno a la defensa de su calidad de vida y de sus respectivos territorios, de sus derechos a la tranquilidad y al sosiego, como base firme hacia la formación de un nuevo modelo de sociedad que sea más justo y humano.
Los informes del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC), sobre la seguridad en la Republica Dominicana, preparados por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, definió la tasa de criminalidad Dominicana como crítica en los años 2013, 2014 y 2015 (Informe OSAC 2016). Según dichos informes, las principales ciudades dominicanas con el mayor número de homicidios eran: Independencia, Peravia, La Altagracia, Duarte y Bahoruco. Asimismo, las principales ciudades del país con más robos reportados eran: El Distrito Nacional, La Vega, Peravia, San Cristóbal y la Provincia de Santo Domingo. Mientras que, las provincias con mayores asaltos reportados eran: El Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago y la Provincia de Santo Domingo. Al decir de los informes de la OSAC, las estadísticas criminales a nivel nacional preparadas por la Policía Nacional no incluyen la recolección de incidentes de violación y las mismas no son confiables (Inf.OSAC-2016).
En los últimos veinte y tres (23) años, nuestro país ha tenido cambios acelerados en nuestro crecimiento poblacional, socioeconómico y movilidad social y nuestra sociedad ha estado permeada por un modelo económico altamente excluyente y competitivo. Estos cambios son generadores de comportamientos y actos violentos, delincuenciales y criminales. La delincuencia, la violencia y la criminalidad, son temas que no deben ser banalizados. Estos temas deben ser dimensionados, predecirlos, prevenirlos y ponerlos en contexto para tratarlos desde una perspectiva multidimensional. La delincuencia, la seguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad, son problemas sociales que sólo pueden ser resueltos mediante políticas públicas inclusivas que mejoren los servicios sociales, la creación de empleos dignos y que rompan con el círculo generador de pobreza, inequidad y exclusión social. Enfrentar con perspectivas de éxito este complejo problema social, requiere del involucramiento de todos los dominicanos, sin importar su condición social, simpatía política y credo religioso. Por su parte, el sistema de justicia deberá jugar un papel de primer orden castigando los hechos violentos y criminales, cosa que no ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos veinte y tres (23) años. En estos momentos, la justicia dominicana está dando sus primeros pasos de independencia de los poderes fácticos que, supuestamente la habían secuestrado, según los comentarios de muchos dominicanos honestos.
El rol de la intervención pública frente a la “seguridad ciudadana”, la delincuencia, la violencia y la criminalidad, debe hacer énfasis en la alteración de las condiciones socioeconómicas que empujan a personas vulnerables a cometer hechos delincuenciales y criminales bochornosos. Desde el Estado y sus instituciones (Ministerios, jueces, fiscales, policías, etc.), se debe enviar mensajes disuasivos acompañados de políticas públicas integrales y eficaces que logren desanimar a quienes se ven motivados y presionados a cometer hechos violentos y criminales. Nuestra sociedad está integrada por jóvenes, mujeres y hombres que merecemos vivir en un país donde el Gobierno y sus instituciones, nos brinden las garantías necesarias para transitar por las calles libres y sin temores.
Criminólogos y sociólogos consultados por investigadores de la Universidad de Cambridge sobre el auge epidémico de la violencia y la criminalidad señalan que, la corrupción, la impunidad y la inequidad, son el caldo de cultivo que detona los hechos violentos y delictivos (community and Police, Londres, Routledge & Kegan Paul, pag. # 125), 2017. Los detonantes de los actos delincuenciales y criminales, están asociados a conductas aprendidas, presión social, conductas desviadas, falsos paradigmas, la inequidad y la exclusión social (Cela, Jorge, artículo sobre “delincuencia y criminalidad”, Listín Diario, sept. 1998).
Los expertos en psicología social, sociología, psiquiatría y epidemiología que se han ocupado de investigar el problema de la “inseguridad ciudadana” en nuestro país, han constatado que, dicho problema “no se resuelve con más camionetas 4×4, motocicletas, radio de comunicación, celulares, computadoras, armas sofisticadas, municiones, pertrechos militares y manos duras”. Tampoco se resuelve con planes elaborados en los escritorios de un equipo o comisión de técnicos, profesionales y tecnócratas. Se resuelve con policías rigurosamente seleccionados, entrenados y bien pagados y con una supervisión rigurosa a todos los niveles (desde el raso al más alto rango) durante los 365 días del año. Si nuestro Presidente desea lograr “seguridad ciudadana”, debe dar instrucciones al más alto nivel para que se evalúe rigurosamente a cada uno de los miembros de la Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y los miembros de todos los organismos palaciegos que operan bajo el paragua de nuestras instituciones castrenses. Por lo que se dice en las calles y en los círculos privados, no sólo hay corruptos a lo interno de la Policía Nacional, también los hay en la mayoría de los cuerpos castrenses e investigativos que operan en nuestro país.
Criticar las actuaciones e incapacidades de nuestros policías, es injusto. Debemos hacer como hizo Lázaro cuando observó el costado de uno de sus compañeros brotando sangre. Según la Biblia, Lázaro introdujo su brazo derecho y constató que era cierto que Jesús había hecho un nuevo Milagro. En el caso de la “inseguridad ciudadana”, la Policía Nacional no podrá hacer ningún milagro como lo hizo Jesús, pues la institución policial presenta carencia de talentos humanos y estrategias efectivas desde que fue creada en el año 1936. Tal y como está estructurada y opera la Policía Nacional, no habrán cambios significativos que satisfaga las expectativas que tiene nuestro Presidente Luis Abinader. La investigación predictiva y preventiva, requiere de hombres y mujeres honestos, íntegros, capaces, entrenados y bien pagados y, rigurosamente supervisados. La “inseguridad ciudadana” es el mayor desafío que tienen nuestras autoridades al más alto nivel. Predecir, prevenir y castigar los hechos violentos y criminales, es una responsabilidad compartida del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el sistema dominicano de justicia, la procuraduría General de la Republica y todos los organismos de seguridad palaciegos que operan en el país. Una labor eminentemente secreta de la Policía Nacional, podría producir un antes y un después en materia de seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista técnico-científico, es improbable que la “inseguridad ciudadana” que se observa en nuestro país, se vaya a resolver en estos próximos tres años. Atacar las causas raíz que han generado y están generando los hechos violentos y criminales, requiere de políticas públicas bien pensadas y estructuradas, así como de inversiones significativas para prevenir y castigar los actos reñidos con las leyes. Incorporar a la Policía Nacional y al sistema judicial dominicano nuevos talentos humanos con capacidad para pensar, predecir, prevenir, correlacionar y planificar, es el gran desafío que tiene nuestro Presidente. Con los policías que tenemos ahora no se resolverá el problema de la “inseguridad ciudadana” que experimenta nuestro país. Además de entrenar a nuestros policías a todos los niveles, se necesita incorporar profesionales no policías para inyectar sangre nueva para planificar, predecir, prevenir y apresar a los sospechosos de cometer actos violentos y criminales antes de que éstos cometan sus fechorías.
Según la psicología social, si la solución de un problema social se prolonga por más de veinte (20) años, las estrategias y las técnicas utilizadas no han sido las correctas. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la intervención policial en contra de la delincuencia y la criminalidad: Sus estrategias y técnicas han fallado. En tal sentido, la buena noticia es que, todavía estamos a tiempo para determinar en qué ha fallado el Estado, la Policía Nacional y la sociedad, para prevenir y atacar las causas que generan violencia y criminalidad. Ahora somos más los dominicanos que estamos deseosos de colaborar con el Estado Dominicano y sus instituciones, para aportar ideas, capacidades y experiencias en el campo de la sociología, la psicología, la psiquiatría, el trabajo social y la planificación, para predecir y prevenir los actos violentos y criminales que generan “inseguridad ciudadana” en la República Dominicana.
Servir a la Patria que forjaron Duarte, Sánchez y Mella, es un deber de todos los buenos dominicanos, sin importar bandería política, condición social y credo religioso.
“Los peligros de la vida son infinitos y la inseguridad es uno de ellos”. Goethe