“Garantizar la seguridad pública, es ocuparse de que nadie sea asesinado, ni sea víctima de ninguna forma de violencia”
El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema generalizado en muchos de los países de la región. En el caso de la República Dominicana tiene características particulares, que convierte su abordaje en una agenda aún más compleja, si consideramos el débil Estado de derecho, los problemas de institucionalidad y los altos niveles de corrupción que arropan las instituciones que tienen responsabilidad y deben salvaguardar la seguridad, además del bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.
El primer síntoma de la precariedad del abordaje, es la confusión entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana, las cuales se diferencian en aspectos fundamentales. La primera se remite a la idea de orden público. Su esfera de acción se restringe al mantenimiento del orden a través de mecanismos de control y reacción que buscan contrarrestar el crimen y la violencia frente a hechos puntuales, así como contrarrestar los efectos del crimen organizado y el narcotráfico.
La segunda, consiste en una reformulación de la gestión de “seguridad pública” en términos tales que la seguridad ciudadana se entienda como la seguridad de todas las personas y que esto implica, por tanto, el desarrollo de condiciones que permitan la regulación eficiente de la violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la violencia de las propias instituciones del orden público.
Partiendo de dicha puntualización, podemos referirnos a las recientes declaraciones del Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, se convierte en la evidencia más clara de la poca, ridícula y falsa información sobre el crimen, el delito y la política pública relacionada con la seguridad ciudadana. ¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultar una realidad? ¿Cómo pueden afirmar e insistir en que la gente tiene una muy alta percepción sobre los casos de delincuencia, pero que la realidad es que este problema se ha reducido considerablemente?
Desde el Ministerio de Interior y Policía, la sociedad espera y demanda un rol de conducción política y estratégica, para lo cual será necesario, mayor precisión científica del fenómeno de la criminalidad, donde la ausencia de información oportuna, veraz, confiable, sólida, que permitan la medición con indicadores consistentes, desagregaciones útiles y todo un sistema estadístico, que permita la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana con una mayor y verdadera precisión técnica.
En la República Dominicana ¿Existe estadística confiable del crimen y el delito? ¿Qué datos produce con respecto al análisis de los delitos? ¿Dónde y de quién obtiene su información? ¿Existe un servicio del sector público o privado de investigación de delitos que proporcione análisis sobre las tendencias del delito o la delincuencia? ¿Se reúnen estadísticas sobre la incidencia de los delitos en función de una serie de distintos criterios? ¿Se reúnen teniendo en cuenta la zona geográfica local, regional y nacional? ¿Se encuentran estas estadísticas a disposición? ¿Cuántos organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen una base de datos o red de bases de datos de información e inteligencia disponible al público? ¿Cuántos cotejan la información utilizando un sistema de archivo de documentos escritos, por ejemplo, fichas?
No es percepción, lo cierto es que la República Dominicana se encuentra sometida a importantes desafíos para reducir la criminalidad, el delito y garantizar la seguridad de la ciudadanía, para ello, necesitamos, reformar, transformar instituciones del Estado, entre ellas, el propio Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, avanzar en la redefinición de los roles, funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, suprimiendo y fusionando las instituciones con competencias superpuestas.
En el proceso de construcción una sólida institucionalidad y la definición de políticas públicas para la seguridad ciudadana, será necesario, el acopio de datos, información, para el análisis y la formulación de inteligencia estratégica, que puede conducir y concluir en verdaderas políticas públicas que devuelva la confianza a la ciudadanía y que perdamos el miedo de la convivencia en los espacios públicos.
En ese sentido, las instituciones del Estado deben avanzar en el proceso de desarrollo de fuentes de información sobre la seguridad ciudadana, intercambiar, cruzar bases de datos, producir inteligencia útil y confiable para el diseño de políticas de seguridad ciudadana efectivas, abrirse a nuevos métodos, incluir el uso de la tecnología como herramienta de trabajo, para potenciar la institucionalidad del Estado en las políticas contra el crimen y la violencia.
Por cuanto, es inaceptable las declaraciones del Ministro de Interior y Policía, de pretender e intentar generar un debate sobre la inseguridad ciudadana, basado en su propia percepción del fenómeno, no sobre estadísticas delictivas, estudios, análisis y conocimientos demostrable sobre las causas, consecuencia, modalidades e incidencia del crimen en la R.D.