Son constantes los reclamos que dirige la sociedad al Estado para que aumente los niveles de seguridad. La discusión se ha centrado fundamentalmente en la aprobación de normas que aumentarían la pena, tipificarían nuevas conductas y modificarían ciertos puntos del proceso penal. Sobre estos aspectos he tenido la oportunidad de sostener mi perspectiva en varias oportunidades.
La última ocasión fue en el foro internacional "Seguridad ciudadana y violencia armada", auspiciado por la Comisión Permanente de Interior y Policía, el ICED, el PNUD y el ILSED. Fui invitado como miembro del IDEPPAS, organización de la que formo parte, a participar de un panel. En él planteé que la creación de nuevas normas, en determinados casos, no contribuiría a una mejor política de seguridad ciudadana porque la eficacia de las mismas dependerá de quienes están llamadas a cumplirlas y es ahí donde la política criminal dominicana tiene serias deficiencias. De hecho, la aprobación de leyes sólo ocultaría el problema de estas prácticas deficientes que podrán acomodarse detrás de ellas, pues tienen el efecto comunicativo de generar la ilusión de que el problema se está resolviendo aunque las conductas permanezcan intactas.
Si bien en algunos aspectos el tema de la seguridad requiere de la aprobación de determinadas leyes, como una que regule mejor el porte y tenencia de armas; la construcción de una política criminal que contemple un plan de seguridad eficiente depende más de que se involucren en ese proceso a los beneficiarios de dichas políticas, es decir la sociedad. No son sólo el insumo para la elaboración de una estrategia de seguridad, también deben ser actores del proceso. Para dicho rol, la sociedad civil, que no es más que la sociedad conformada por ciudadanos con derechos civiles y políticos, tiene el reto de ganarse los espacios de toma de decisión política, para que sean escuchados aunque la decisión final descanse sobre los políticos. No debe limitar su papel al de un ente pasivo, llevando reclamos y demandas para luego esperar respuestas. La sociedad civil debe ser un ente proactivo que conduzca sus demandas de manera acabada hacia las instancias de deliberación políticas que terminarán tomando las decisiones.
La participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas contra la criminalidad podría conducir a la adopción de un modelo se seguridad que sea eficiente pero que además respete los derechos individuales, evitando que éstos se supediten al puro autoritarismo. También, podría tener como resultado la adopción de mecanismos de gestión de la criminalidad preventivos y la creación de instituciones que sirvan de herramienta para que las comunidades atiendan sus conflictos de manera pacífica antes que acudir a la violencia como solución. Sería en definitiva una forma de socializar las políticas para generar una nueva cultura hacia el fenómeno criminal, que se manifieste efectivamente en leyes y prácticas eficaces.
El tema es complejo y su mal abordaje sólo perjudicará a la sociedad civil, es decir, todos nosotros. Por eso debemos trazarnos el objetivo de hacernos de espacios de participación para contribuir a una solución aceptable al problema de la criminalidad.