Como es sabido, los candidatos presidenciales asumieron públicamente, al igual que lo hicieron numerosas organizaciones de la sociedad civil, el compromiso de fortalecer el sistema educativo dominicano en el próximo periodo de gobierno.
Entre dichos compromisos, los candidatos asumieron esforzarse por lograr que en el presupuesto nacional del año 2013 se contemplara al menos el 4% del PIB para el sector educación. La reciente promulgación de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, prácticamente aprobada por consenso, y en la cual se incorporó esta meta como un compromiso del Estado y de la Sociedad, constituye un muy importante logro del esfuerzo nucleado en torno a la Coalición por una Educación Digna y la Alianza por el 4%. Así mismo lo será, porque estamos seguros que todos los candidatos cumplirán su compromiso, la entrega en los próximos días de las propuestas programáticas de políticas educativas para el próximo periodo de gobierno.
La sociedad dominicana tiene razones para sentir que se avanza en la dirección correcta al construir consensos alrededor de la inversión pública en educación y en compromisos de todos los sectores sobre el financiamiento (origen y destino). Reconocemos los méritos tanto de la Coalición ´por una Educación Digna, como de la Alianza por el 4%,al haber desarrollado adecuadas estrategias de alianzas, de movilización social y de dialogo, que han permitido construir estos consensos que sin duda contribuirán mucho al fortalecimiento del sistema educativo nacional en los próximos años.
Es importante destacar estos méritos de los ejercicios de ciudadanía activa, de la participación y movilización social, para la construcción de consensos amplios y para avanzar en el camino de nuevas relaciones Estado/Sociedad, ya que otras iniciativas comienzan a desarrollarse en el mismo espacio.
Por iniciativa de organismos de cooperación internacional, en principio con la contraparte de la ANJE y mas recientemente del CEGES de INTEC, va tomando cuerpo una iniciativa de seguimiento a las políticas e inversiones en educación en el país, que también toma como pivote a los candidatos presidenciales y sus compromisos programáticos con la calidad de la educación. Esta retoma la exitosa experiencia de la Iniciativa Participativa Anti Corrupcion (IPAC), en el marco de la cual se establecieron claros compromisos conjuntos del Gobierno y diversas organizaciones y sectores sociales, para hacer mas transparente la gestión publica.
Nos gustaría advertir la importancia de hacer todos los esfuerzos posibles para que no se dispersen los esfuerzos en múltiples iniciativas. Seria altamente conveniente que esta iniciativa por la calidad en la educación lograra articularse como parte de los esfuerzos más generales que lidera la Alianza por el 4%, o al menos con la Coalición por una Educación Digna, de tal forma que no se debilitaran estos liderazgos, y que no se dispersen las demandas y solicitudes a los diferentes proyectos presidenciales.
En las actuales circunstancias, nos limitaremos a llamar la atención sobre esta necesidad y los riesgos de no avanzar en dirección de esta coordinación y fortalecimiento mutuo, y a desear y esperar que esto sea posible.
La movilización ciudadana es un componente indispensable de las democracias contemporáneas. Ella enriquece y revitaliza la cotidianidad democrática, fortalece la conciencia de los derechos y propicia importantes y productivas alianzas entre el Estado y la Sociedad.
Construir espacios de coordinación entre múltiples organizaciones sociales, entre las cuales pueden existir diversos intereses particulares no es un camino fácil, pero es indispensable para el ejercicio de la función pública en el mundo actual. Los liderazgos sociales emergen en el contexto de las luchas sociales. Reconocerlos, respetarlos y fortalecerlos, es parte de la dinámica de construcción de una democracia fuerte y vital.