El miércoles pasado se informó que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció que había decidido abrir un juicio político contra la presidenta Dilma Rouseff por las irregularidades en las cuentas públicas de este año. De las numerosas solicitudes que Cunha ha recibido en los últimos meses para enjuiciar políticamente a Rousseff, finalmente se ha basado en la de los juristas Miguel Realle Júnior y Hélio Bicudo por irregularidades contables, dejando al margen la corrupción en Petrobras.
Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, ha dado este paso poco después de que el gobernante Partido de los Trabajadores acordara votar a favor de que el Consejo de Ética le siga investigando por sus cuentas secretas en Suiza, algo que a la larga podría apartarla del cargo.
Sin embargo, el jefe de la asamblea legislativa ha subrayado que su decisión no guarda relación con este tema. "No hay ninguna motivación política. Lo habría rechazado si no fuera conforme a la Ley", según informó el diario 'O Globo'.
Cunha pertenece al oficialista Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria. Sin embargo, Cunha se enemistó con Dilma durante ese año y hace meses anunció su decisión "personal" de pasar a engrosar las filas de la oposición.
El líder parlamentario anunció su decisión precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarlo de su mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras. Sin embargo, negó que se tratara de una "venganza" frente a eso y aseguró que decidió sobre las mismas bases jurídicas que le llevaron a rechazar 27 peticiones similares.
En la oposición, el anuncio de Cunha fue recibido con cautela, pero al mismo tiempo con "toda naturalidad", según dijo el senador Aécio Neves. "El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución", dijo Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El pedido aceptado por Cunha se refiere a unas deudas por 57,000 millones de reales (unos 14.805 millones de dólares) que el Gobierno ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no habían sido contabilizadas en los balances oficiales.
Esas deudas son consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado, ha considerado que el Gobierno ha incurrido en "irregularidades graves" al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la banca pública para garantizar el pago de sus compromisos legales.
Dilma se defiende
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se declaró "indignada" frente a la decisión del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, de promover un juicio político en su contra y aseguró que no existe ninguna base jurídica para ello.
"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.
La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores "son inconsistentes" y no se fundamentan en "ningún acto ilícito".
"No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a instituciones o personas", dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha, implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras y acusado precisamente por ese tipo de irregularidades. También aludió a supuestas negociaciones que Cunha habría hecho con miembros de la base parlamentaria oficialista para intentar evitar un proceso que el Consejo de Ética de la Cámara baja se propone abrir en su contra.
"Jamás aceptaría" negociaciones de esa naturaleza y "mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública", declaró. Rousseff dio estar "tranquila" y convencida de "la improcedencia" de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será archivada por el Congreso.
Dilma está en la mira hace tiempo
Al igual que lo estuvo la Presidenta argentina Cristina Fernández, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está en la mira de sectores retrógrados con el objetivo de ser derrocada por los medios que el momento determine. Cristina fue objeto de una maquinaria de “golpe de Estado blando” que, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, pretendía deshacerse de la popular mandataria peronista sin recurrir a la violencia directa.
En la enciclopedia Wiki hay una descripción asombrosamente clara de lo que es el golpe de Estado blando. Esta estrategia se ha aplicado y se aplica en el mundo entero. El golpe de Estado militar de 1963 en la República Dominicana estuvo precedido de toda una serie de tácticas desestabilizadoras, que todo aquel que tenga edad suficiente recordará bien. Al final los golpistas tuvieron que recurrir a la medida extrema de la asonada militar, que en ese tiempo estaba de moda.
Se denomina golpe de Estado blando, golpe suave o golpe encubierto al uso de un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La expresión ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a quien se le ha relacionado con la agencia estadounidense CIA. El golpe de Estado blando es utilizado como alternativa al golpe militar directo, que fuera muy utilizado hasta los años 90 pero que con la globalización y la difusión masiva del Internet se ha vuelto más difícil de utilizar.
No tengo la suficiente información sobre la realidad brasileña para vaticinar el desenlace de este proceso, lo que sí es evidente es la conjunción de fuerzas que desde hace años se mueven para descarrilar el proyecto progresista instaurado en Brasil con el ascenso a la presidencia de aquel gran país de Luiz Inácio Lula da Silva el 1º de enero de 2003.
Fue advertido
A finales de junio pasado, estando Dilma de visita en Estados Unidos para reunirse con el Presidente Barack Obama, el prestigioso periodista brasileño y editor de la revista Carta Maior, Joaquim Palhares, advirtió en un artículo sobre "un proceso de derrumbe del gobierno (…) llámese como se quiera llamar".
Palhares describió tres pasos concretos: Inviabilizar el gobierno de Rousseff en el Congreso con vistas a lograr el "impeachment" (juicio de destitución), descalificar a los líderes del Partido de los Trabajadores y dejar sus líderes fuera de juego, y por último, desmontar los avances sociales, económicos y políticos para debilitar la soberbia geopolítica.
"Quieren completar el trabajo iniciado en el ciclo de gobierno del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) en los años 90 con la destrucción del Estado, la regresión en los derechos democráticos y la sustitución de estos por servicios de pago accesibles a quien pueda comprarlos", explicó Palhares. Además, señala procesos similares en otros países de América Latina a través de las redes sociales en las que actuarían "movimientos y jóvenes líderes entrenados y financiados por fundaciones de extrema derecha de los Estados Unidos".
Notas
1. Cable de EFE fechado en Brasilia el 3 de diciembre
2. Enlace https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_blando
3. http://lhvnews.com/es/news/14083/golpe-suave-contra-dilma-rousseff