Los tres expositores del Segundo Diálogo INTEC sobre la “Seguridad Social: reformas necesarias”, confirman el contenido de mis mensajes, que hoy llegamos al número 200, iniciando su quinto año.
Ernesto Selman, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), aseguró que con el 74% de los fondos de pensiones de los trabajadores, se financian los déficits fiscales de los Gobiernos y del Banco Central.
En adición, que el 9% de los fondos restantes son colocados por los intermediarios financieros en títulos del Estado, “en vez de reinvertirse para crear más empleos y riqueza”. Estos ahorros para el retiro actualmente se sitúan por encima de los RD$371 mil millones, alrededor del 14.4% del PIB.
Como hemos señalado en múltiples oportunidades, esta alta concentración en sólo una fuente, constituye un alto riesgo que se cierne sobre el futuro inmediato de los trabajadores. La regla de oro de toda inversión a largo plazo, es “no poner todos los huevos en una sola canasta”.
Selman afirmó que somos “el único país donde se cobra un 25% de comisión por la rentabilidad obtenida por los fondos de pensiones, aspecto que debe reformarse”. Esta reforma es urgente, dado que el año pasado la rentabilidad de las AFP superó el 38%, mientras los fondos de los trabajadores sólo superaron el 10%.
Se confirmaron los pronósticos de una tasa de remplazo del 22%, apenas la quinta parte, de los ingresos que tendrán los trabajadores al momento de su retiro, lo que los condena a una indigencia colectiva, de consecuencias sociales y políticas imprevisibles.
Preocupa el hecho de que, aunque ya el 70.7% de la población económicamente activa está afiliada al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, sólo el 49.7% cotiza en forma regular, dada la inestabilidad laboral y el predominio de trabajos de baja calidad.
Una pobre relación costo beneficio
El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, señaló que la ley presenta la gran debilidad de haber iniciado el Seguro Familiar de salud “sin poner en práctica la atención primaria como puerta de entrada al sistema, incrementando el costo de bolsillo que actualmente se coloca en un 43%”. Esta debilidad no corresponde a la ley, sino a decisiones gubernamentales de la época.
Por su parte, Magdalena Lizardo, puntualizó el creciente aumento de los costos de los servicios de salud, asociados al alza de los productos farmacéuticos de mayor demanda y de las consultas médicas, mayormente pediátricas y ginecológicas.
Y reveló que, “no en vano, el sector de servicios de salud es la cuarta actividad económica de mayor dinamismo durante el período 2007-2016 en el país”. Y sin que existan evidencias de que el aumento del gasto nacional en salud y de bolsillo hayan mejorado las condiciones sanitarias de los dominicanos.
Lizardo recomendó a las autoridades poner atención a temas como “el sub-financiamiento de las funciones de salud colectiva y los recursos aportados que no son destinados al logro de los objetivos y se quedan en la burocracia o en las arcas de los actores privados del sistema”.
La exclusión los pensionados del Seguro Familiar de Salud fue otra de las críticas de los panelistas. Hemos insistido en el absurdo de los pensionados queden desprotegidos del seguro de salud precisamente en la etapa en que más lo necesitan.
No obstante el amplio consenso sobre el impacto catastrófico futuro de los problemas señalados, y debidamente documentados por diferentes fuentes, todavía ni la SIPEN, ni la SISALRIL, ni el CNSS hayan logrado acuerdos para corregirlos. Se está haciendo muy tarde.
Al llegar al mensaje 200, nos sentimos muy satisfechos por los aportes en defensa del derecho universal. Agradecemos los comentarios y críticas, y reiteramos nuestro compromiso a favor de una “seguridad social para todos”.