El incumplimiento del Poder Ejecutivo de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos es la muestra más evidente del profundo deterioro que ha sufrido la institucionalidad política desde que hace 13 años el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asumió el control absoluto de los poderes y extrapoderes del Estado.
Ha sido una tradición del mandatario de turno del hegemónico Partido de la Liberación Dominicana, la entrega del referido proyecto al Congreso Nacional, vía la Cámara de Senadores, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, en un acto adornado de una vana solemnidad.
Para el año 2018 el Consejo de Gobierno aprobó un abultado presupuesto que asciende a la suma de 814,821 millones, de los cuales 687 mil millones de pesos corresponden al gasto público y 127,821 millones al pago del servicio de la deuda.
La falta de contrapeso legislativo garantizará su aprobación sin ninguna variación ni demora, lo que le permitirá al presidente Danilo Medina disponer de esos fondos como mejor le parezca.
Por lo tanto, en sus propagandísticas “visitas sorpresas”, el presidente Medina repartirá los recursos que estime conveniente, sin guardar el más mínimo respeto por las instituciones gubernamentales llamadas a atender estas instrumentalizadas necesidades.
Sin pretender ser Nostradamus, puedo predecir que el economista José Rijo, quien afortunadamente se ha convertido en el guardián y contrapeso del presupuesto y los gastos públicos, continuará levantando su respetable voz, durante el 2018, para denunciar el cada vez más elevado déficit fiscal, el incontrolado gasto politiquero y el excesivo e irresponsable endeudamiento.
Al examinar las violaciones del Ejecutivo a la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos, lo que se comprueba en el incumplimiento de la mayor parte de las más de 25 leyes que disponen la asignación de partidas presupuestarias a distintas instituciones, nos damos cuenta que el Estado de Derecho ha sido reducido a una simple ficción.
Tal y como señala el jurista español Alejandro Nieto, en su obra El desgobierno de lo público: “El sometimiento pleno del Estado a la Ley y al Derecho implica que, cuando se sale de este marco, sus actos son ilegales y, en cuanto tales, pueden ser anulados por los tribunales”. No obstante, el mismo autor agrega lo siguiente: “En este publicitado Estado de Derecho el Estado puede hacer siempre trampas, pero no solo él, sino también sus amigos para quienes las leyes del juego público dejan indefectiblemente una rendija”.
Si bien es cierto que no podemos pasar por alto la irresponsabilidad del legislador que elabora leyes, muchas veces por pura demagogia electorera, a sabiendas de que no serán cumplidas por el gobierno, no es menos cierto que la falta de los contrapesos legislativo y judicial le han hecho un daño terrible a nuestra democracia.
Cuando en un sistema presidencialista, como el nuestro, un partido controla todos los poderes, tanto el Legislativo como el Judicial se convierten en siervos del Ejecutivo.
Mientras llega la alternancia para, como decía Churchill, fecundar el suelo de la democracia, el cumplimiento de las normas dependerá, exclusivamente, de la voluntad del Jefe del Estado.