En Norteamérica rigen las leyes, y sostiene la institucionalidad democrática una inviolable separación de poderes. Ahora vuelven a demostrarlo, dejan actuar por la libre al ¨Special Prosecutor¨ (Fiscal Especial), Robert Muller,mientras investiga la supuesta “trama rusa”, humareda post electoral que parece salir de alguna ventana de la Casa Blanca.
A principios de semana, tres cercanos colaboradores del entonces candidato Trump fueron detenidos; dos más, uno de ellos el influyente yerno del Presidente Donald Trump, presentaron testimonio durante seis horas ante un comité senatorial, y volverán a ser interrogados por Muller en cualquier momento. Se afirma que la ansiedad se percibe en círculos presidenciales, conscientes de que ese señor no cae en chanchullos ni se deja amedrentar.
Un Fiscal Especial en Estados Unidos se designa con el propósito de salvaguardar la credibilidad y garantizar la imparcialidad de cualquier proceso legal que pudiera ser manipulado por el poder. En agosto de 1974, luego de intentar sabotear a quienes lo investigaban, Richard Nixon se vio obligado a renunciar antes de que fuera destituido por el Senado. En 1990, Kenneth Starr fue designado como supervisor del encauzamiento al entonces presidente Clinton. Allí el sistema tiene mecanismos que mantienen a sus gobernantes temerosos de la ley.
En otros países civilizados también encontramos la figura del Fiscal Independiente, garante del debido proceso en circunstancias especiales. El contraste con repúblicas como la nuestra es alarmante y descorazonador. Creo que aquí no existe el cargo, tampoco el interés manifiesto para que exista. Pero tal es el grado de desconfianza que sufre el sistema judicial, que, si existiese, su credibilidad estaría tan socavada que serviría de poco.
Siguiendo detalles sobre la conformación del prestigioso equipo reclutado por el insobornable ex director del FBI, su accionar, y el apoyo que recibe de la ciudadanía – y de ambos partidos – sentí esa indefensión legal que sentimos los dominicanos día a día, convencidos de la falsedad institucional que nos degrada, y que estimula a nuestros gobernantes a delinquir a su antojo, convertidos en personajes al margen de la ley. Ninguna instancia legal tiene independencia para enfrentarlos.
Excepcionalmente, cuando les conviene, ellos mismos se llevan a los tribunales (el sometimiento del ex presidente Jorge Blanco, apadrinado por Joaquín Balaguer, fue una de esas rarezas). Ningún expediente presentado contra presidentes o expresidentes, y dejado en manos de funcionarios judiciales, ha prosperado. El tiempo y los ratones dan cuenta de ellos.
Así las cosas, llego a preguntarme, entre desencanto y comparaciones, si el desastre es tal que ya resultaría imposible reclutar abogados que, en el supuesto que existiese la posición de Fiscal Especial, pudieran atreverse a enfrentar a quienes gobiernan. Es una pregunta descalificadora, quizás ofensiva, pero ineludible en este reino de impunidad y compra y venta en que vivimos.
Tal vez este país esté tan alejado de la ley que no podamos siquiera iniciar procesos parecidos al que se lleva a cabo en Estados Unidos. Puede que estemos desprovistos, no solo de instituciones para iniciarlo, sino de personas para ejecutarlo. Una tragedia.
Si seguimos como vamos, tendremos que terminar tuiteando (ya no existe “Radio Guarachita”): “Urgente, se busca Fiscal Especial donde quiera que se encuentre. Si puede, traiga instituciones judiciales”.