El 28 de diciembre de 2018, se promulgó como regalo de fin de año la Ley núm. 65-18 que crea el distrito municipal Santiago Oeste.
Desde la perspectiva de la Teoría de Elección Pública (Public Choice Theory), que aplica el análisis económico a la toma de decisiones políticas, la creación del municipio de Santiago Oeste no debe sorprender en lo absoluto. Es un resultado completamente racional de políticos que buscan maximizar rentas.
Quedando a opción de los políticos, el territorio nacional se fraccionaría en diez millones de pedazos – para poder sortearlos entre prosélitos y electores.
La Teoría de Elección Pública estudia los curiosos casos de competencia improductiva o destructiva (F. Parisi, The Language of Law and Economics, 2013). También llamada búsqueda de rentas, por la economista Anne O. Krueger, estos son emprendimientos improductivos donde se disipan recursos – pero donde no se crea nada de valor social. De hecho, se destruye valor, porque se dedican recursos para aumentar el tamaño o la probabilidad de ganarse un botín (renta).
Ni siquiera se tomó en cuenta que, en los próximos meses, el país enfrentará los procesos preelectoral y electoral más costosos y complejos de su historia
Ocurren también fuera del ámbito político, por ejemplo entre carteles de droga que se disputan plazas – o entre abogados litigantes.
Inicialmente, la Teoría de Public Choice estuvo relacionada con el análisis Económico del Derecho, pero tomó su propio rumbo distintivo. Se asocia con la llamada Escuela de Virginia, y con autores como James M. Buchanan (Nobel 1986), Gordon Tullock, y el escocés Duncan Black.
Analizado desde la óptica del Public Choice, la creación del distrito municipal Santiago Oeste es un ejercicio clásico de búsqueda de rentas.
Parte del problema radica en que el artículo 93 (b) de la Constitución asigna al Congreso Nacional la atribución de: “Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación” (subrayado añadido).
Esta atribución equivale a poner al lobo a cuidar de las ovejas. Por tanto, no debe sorprendernos que los congresistas y gobernantes fraccionen y atomicen aún más el territorio para sacar cargos electivos que se puedan repartir – y que no generen valor social alguno.
No está claro si hubo un estudio previo en el caso de la creación de Santiago Oeste. Pero tampoco es difícil justificar la conveniencia política de crear nuevos cargos electivos para repartición.
Ni siquiera se tomó en cuenta que, en los próximos meses, el país enfrentará los procesos preelectoral y electoral más costosos y complejos de su historia.
Hay que limitar y ponerle contrapesos al poder político. No se puede seguir fraccionando el territorio para satisfacer juegos improductivos.