La ejecución de un prisionero es absolutamente incompatible con el perdón cristiano. Un asesino arrepentido es también un ser digno de compasión, aunque él no la haya tenido en lo más mínimo con su víctima. Escribo compasión, no perdón. Si no se cree en el arrepentimiento, ¿por qué entonces se le exige? Hasta a los criminales de guerra nazis, culpables de genocidio contra la humanidad, se les preguntó una y otra vez en el proceso de Núremberg si no se arrepentían de sus actos. ¿Cómo saber si el criminal está verdaderamente arrepentido? ¿Cómo probarlo de manera irrefutable? ¿Sería una prueba verdadera su comportamiento durante el tiempo de reclusión penal? Admito que estas cuestiones son difíciles de dirimir. El arrepentimiento no lo libra de culpa, no lo vuelve inocente, ni le hace merecedor de indulto; tampoco devuelve la vida a la víctima. Simplemente, lo humaniza ante los ojos de la humanidad como lo que en verdad es: un asesino arrepentido. Y pienso ahora en el atormentado Raskólnikov, no en el arrogante Timothy McVeigh, el asesino de Oklahoma; pienso en Karla Faye Tucker, la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos desde 1984, y no en Chykatilov, el carnicero de Rostov; pienso en Alex, el adolescente ultraviolento de La Naranja Mecánica, y no en los jóvenes asesinos del niño Llenas Aybar.
La evidencia demuestra que el objetivo confeso de la pena capital ha fracasado rotundamente en todo el mundo. Ella no disuade a nadie, ni sirve de escarmiento alguno, ni frena los crímenes violentos. Ningún asesino en serie ha dejado jamás de cometer asesinatos por temor a ser ejecutado en la silla eléctrica.
Hay aún otra evidencia: la práctica legal de la pena de muerte tiende a borrar las diferencias entre democracia y totalitarismo. En su aplicación –estatal o federal- coinciden sospechosamente sociedades democráticas y regímenes totalitarios, países occidentales y orientales, Estados laicos y Estados teocráticos: Estados Unidos y Cuba, México y China, Guatemala y Tailandia, Irán y Rusia, Ucrania y Arabia Saudita; Bush y Castro, norteamericanos y chinos, demócratas y comunistas, republicanos y fundamentalistas musulmanes.
He aquí un dato curioso y revelador: Estados Unidos, Irán y China realizan el 80 por ciento de las ejecuciones que se llevan a cabo en todo el mundo. En los Estados Unidos, desde que se reintrodujo la pena de muerte en 1976, se ha sentenciado a muerte a más 8,000 personas por asesinato. Siendo gobernador del Estado de Texas, el expresidente estadounidense George Bush firmó 152 órdenes de ejecución de convictos y se negó sistemáticamente a otorgar clemencia. ¡Si esto no es un récord, es un promedio impresionante! Habría que preguntarse qué otra cosa hacía el ex gobernador Bush, aparte de firmar sentencias de muerte.
La abolición de la pena capital elimina para siempre la espantosa posibilidad de que personas inocentes sean ejecutadas por error, como ha sucedido no pocas veces. El dato arrojado por investigaciones exhaustivas señala que, desde principios del pasado siglo, 23 personas inocentes han sido ejecutadas y otras 80 se han salvado milagrosamente del “pasillo de la muerte”, en donde esperaban turno, por evidencia abrumadora de inocencia. En un frío y cínico cálculo de probabilidades, la muerte de condenados inocentes sería un hecho más, una consecuencia involuntaria, lamentable pero inevitable, de la existencia de la pena capital. Serían sólo “daños colaterales”, para decirlo en el lenguaje bélico empleado durante los bombardeos de la OTAN contra Serbia y Belgrado, y reivindicado por el ejecutado McVeigh.
Pero se dirá, con mal ocultado cinismo: “Sí, es verdad, es posible que, de vez en cuando, algún inocente muera por error. Pero, ¿qué es esto comparado con el número de culpables que serán ajusticiados?”. Para cualquier persona sensata, esto es abominable. Freír en la silla eléctrica o ponerle inyección letal a un inocente es tan criminal como el peor de los crímenes. La vida de un inocente ejecutado “por error” es tan digna y valiosa, y su pérdida tan irreparable, como la de la otra víctima en cuyo nombre se pretende hacer justicia.
Las sociedades occidentales, con la norteamericana a la cabeza, se jactan de ser sociedades “civilizadas”, respetuosas de la vida y la dignidad humanas. Pero en una sociedad verdaderamente civilizada, el castigo para el criminal debería ser la privación de su libertad y sus derechos civiles, su exclusión radical de la sociedad, no la supresión de la vida. La pena capital no es sino un vestigio infame de la premodernidad y la barbarie, inconciliable con la existencia de un auténtico Estado de derecho.
Más de un siglo después de su condena explícita de la pena capital, las palabras del viejo conde Tólstoi resuenan hoy como ayer: la ejecución es un asesinato, un asesinato premeditado; un crimen a sangre fría cometido por un Estado y por un sistema de justicia que ni aplican justicia ni humanizan al mundo.
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