La sabiduría popular nos enseña que el amanecer nunca está más próximo que en el preciso momento en que la noche es más oscura y esta máxima cobra categoría de sentencia en el caso de la situación actual de la regulación energética en la República Dominicana. Luego de las profundas distorsiones con que fue estructurado y manejado el entramado regulatorio del sector energético en el país, el evidente fracaso de todas las medidas adoptadas a la fecha y el consecuente colapso del sector, ahora que el gobierno del Presidente Danilo Medina ha expresado públicamente su intención de invertir recursos y esfuerzos, se presenta una oportunidad de oro para sentarse a negociar con los actores, realizar los acuerdos necesarios para garantizar el equilibrio entre la producción, transmisión y comercialización de la energía, y sobre todo dirigir los esfuerzos regulatorios de manera que dejen de ser un obstáculo en el doble objetivo de eficiencia y justicia.
La necesidad regulatoria en el sector energía se puede resumir indicando que al tratarse de un marcado que se sirve de recursos naturales (particularmente aquellos que se utilizan en la producción de energía) se generan distorsiones intrínsecas, que impiden que las reglas clásicas de mercado alcancen los requeridos niveles de sana y optima competencia. En el momento en que el mercado abandona el estado de plena competición, el gobierno debe intervenir a fin de remediar las distorsiones y propiciar la competencia plena.
En estado óptimo, el mercado presupone la existencia de numerosos compradores y vendedores; homogeneidad de productos; una cantidad de bienes abundantes que evite que un solo comprador o vendedor ostente todo el poder en el mercado; además de la existencia de un perfecto flujo de información sobre los productos, así como libertad de ingreso y salida de los actores. En el mercado energético los costos iniciales de establecimiento y la viabilidad de alternativas de producción son tan limitadas que un grupo reducido de firmas (en muchos casos una sola) tienen la capacidad de acceder al mercado; motivando que se produzca la necesidad del establecimiento de un sistema efectivo de regulación a fin de equilibrar la relación entre productores y consumidores finales.
Ante la clara ineficiencia de los acuerdos de generación suscritos por el gobierno dominicano, los constantes apagones que sufre la población, la incapacidad de las distribuidoras de cobrar el servicio eficientemente y sobre todo, debido a la total desconfianza de los actores participantes en el sector, junto a muchas otras conocidas razones que propician que los dominicanos se encuentren pagando un servicio deficiente a la tarifa más cara de la región, entendemos que es justo indicar que ninguno de los gobiernos dominicanos ha estado en la capacidad de producir medidas regulatorias que garanticen el cumplimiento de los objetivos de toda intervención gubernamental, que sería producir eficiencia y alentar justicia de mercado.
Ante estas circunstancias y en vista de que el gobierno del Presidente Danilo Medina ha diseñado una nueva política energética, que a la fecha no se ha hecho pública en sus detalles y que se supone que los dominicanos conoceremos en los próximos días, nos permitimos presuponer que el gobierno habrá hecho un estudio sobrio del problema energético nacional y en consecuencia se apresta a producir un informe creíble sobre el estado actual del sector, así como a propiciar un diálogo franco con los actores, donde se hagan compromisos razonables que devuelvan la confianza a todos los involucrados y se emprendan las acciones necesarias para sanear el sector.
Si bien es cierto que el gobierno debe constituirse en un garante de la pulcritud del proceso, no menos cierto es que es necesario que los involucrados comprendan perfectamente la naturaleza del negocio en el que se encuentran, donde se sirve un producto de necesidad social y en consecuencia, los niveles de retorno deben reflejar las características de las diferentes clases de consumidores. Las tarifas (“rates”) deben cumplir con sus funciones clásicas de promover: (1) la atracción de capitales; (2) energía a un precio razonable; (3) incentivos efectivos; (4) control de la demanda o racionalidad del consumo; y (5) transferencia de ingresos. En esta etapa es sustancial propiciar la atracción de capitales frescos, libres de los prejuicios ocasionados por las distorsiones regulatorias y malas decisiones tomadas a la fecha y eliminar, de una vez por todas, la condición de verticalidad del mercado energético dominicano.
Este es el momento de evaluar de manera consciente el impacto de la producción de energía en el ambiente y en nuestros recursos naturales y en consecuencia, definir hacia donde queremos dirigir el futuro de nuestra producción energética, bajo la premisa de que no podemos continuar ampliando la capacidad de generación en base a la misma tecnología desfasada, dependiente principalmente de generación térmica, como son el carbón y el “fuel oil”, que nos sitúan como el mayor productor de CO2 (gases de efecto invernadero) del área, de acuerdo con datos provenientes de la Organización Latinoamericana de Energía y que nos pone en peligro de violación de regulaciones internacionales que se encuentran al doblar de la esquina.
No podemos ampliar nuestra capacidad hidroeléctrica sin tomar en consideración las ventajas y desventajas de esa fuente, que aunque es considerada gratuita y limpia, es poco confiable y presenta retos especiales a la conservación de nuestros recursos naturales. En estos momentos ningún Estado moderno se está aventurando en desarrollar proyectos hidroeléctricos sin serios estudios de impacto ambiental, donde se tome en consideración hasta las condiciones del agua para la recreación, el valor estético de los escenarios acuíferos y sobre todo la importancia para la navegación, el comercio y las actividades pesqueras.
En síntesis, el gobierno del Presidente Medina tiene un trabajo arduo en el camino de la solución del problema energético del país; sin embargo, cualquier plan debe abandonar la histórica costumbre de asumir medidas transitorias, para abordar el tema con políticas globales y visionarias. Entendemos que, tal como lo ha indicado el Banco Mundial, la revitalización de nuestra economía depende fundamentalmente de una importante reforma en el sector y estamos convencidos de que este es el mejor momento para emprender esa reforma.