Sin mayores preámbulos procede destacar que desde el 2012 al 2020, los dominicanos hemos pagado por el comúnmente denominado peaje sombra de las carreteras Juan Pablo II y Bulevar Turístico del Atlántico más de 500 millones de dólares, a un consorcio privado que invirtió alrededor de 305 millones de dólares para la construcción de ambos proyectos viales.
En pocas palabras, con tan sólo 8 años de estar cobrando peaje sombra, el muy hábil concesionario colombiano ha recuperado su inversión y generado ganancias por el orden de 195 millones de dólares lo que, proyectado a los 30 años de duración de la concesión, conllevaría una ganancia aproximada de 750 millones de dólares; monto que, en el contexto actual, y mientras siga vigente el pago del peaje sombra, seguirá saliendo del bolsillo del pueblo dominicano.
Sencillamente definido, el famoso peaje sombra representa el subsidio trimestral que paga el Estado Dominicano (el pueblo dominicano) por la diferencia en dinero que se genera entre lo cobrado por concepto de peaje en las señaladas carreteras y el mínimo (MÁXIMO) garantizado en cuanto al retorno de la inversión y las ganancias al muy astuto consorcio colombiano.
De su lado, el citado MÁXIMO, perdón, mínimo garantizado por el Estado Dominicano al extraordinario consorcio colombiano, encierra la aberración contractual más grande que jamás se haya concebido, toda vez que traslada el cien por ciento (100%) del riesgo del negocio al sector público que, pendejamente, decidió garantizar al sector privado todas sus expectativas respecto del negocio por los 30 años de vigencia de la concesión. Fíjense, ni siquiera la pandemia ha representado un caso de fuerza mayor que al menos postergue o difiera el pago del peaje sombra.
Me atrevo a jurar que detrás de tanta aberración, a todas luces, premeditada, existe un entramado corrupto que proviene del contubernio de lo público con lo privado, el cual, sólo en el pasado año 2020, costó al pueblo dominicano unos 50 millones de dólares, equivalentes a unos 3,000 millones de pesos; esto sin tomar en cuenta que, atendiendo a la cantidad de kilómetros del recorrido de ambas carreteras, estamos frente a uno de los peajes más caros de Latinoamérica.
En consecuencia, dicha suma astronómica pagada el año pasado por concepto de peaje sombra, versus los 300 millones de pesos de presupuesto estatal para Samaná este 2021, hacen de ésta una Provincia que vive a la sombra nefasta de un peaje, ya que tan sólo la mitad de lo pagado anualmente al consorcio colombiano implicaría un resurgir inmediato de Samaná y toda su gente.
En definitiva, de no tomarse cartas muy serias en este asunto, y de no erradicarse tan rotunda aberración por parte de nuestras autoridades gubernamentales, Samaná, como lugar inigualable para el desarrollo de la actividad turística, seguirá viviendo bajo la sombra nefasta de un peaje por los próximos 18 años, tiempo restante de la concesión otorgada al inefable consorcio colombiano.