No dudo del nivel de absoluto compromiso y firme vocación de nuestro Presidente para hacer todo lo correcto y posible frente a la crisis sanitaria que ha provocado la agresiva propagación mundial del coronavirus. Tampoco cuestiono las buenas intenciones de sus posibles asesores, ministros y demás gobernantes en esta coyuntura, que de seguro motivados por la más noble preocupación. Y por ello, todos, independientemente de la bandera política que se represente, debemos apoyarlos, pues tenemos un claro y único enemigo común; de ahí estas líneas, mi forma de hacerlo, a propósito de la primera gran ola de medidas adoptadas por nuestras autoridades respecto de la Administración Pública, advirtiendo que algo anda mal, o peor de lo que el sentido común denuncia a primera vista, pero que aún puede corregirse.
Si bien las medidas sanitarias preventivas y de mitigación adoptadas en los últimos días, y consolidadas los días 17 y 18 de marzo, en su mayoría son el reflejo de las directrices de organismos internacionales -como OMS-, y por igual del seguimiento de las iniciativas que se ejecutan en la mayoría de naciones de la región y del denominado primer mundo, en nuestro caso la situación no ha sido tratada con similar correspondencia a la de esos países; y algún lector me contestará: “pero ninguna realidad regional es exactamente idéntica”, a lo que replicaré: eso es parcialmente cierto, pues en el fondo, en el núcleo y en la superficie, la principalísima razón de todo y todas esas medidas es la preservación de los seres humanos en riesgo inminente de perder su buen estado de salud y con ello sus vidas. Todo lo demás es secundario.
Si mi última afirmación es aceptada, entonces también debe aceptarse que la amenaza de una crisis económica no debe ser el rasero principal en la formulación de las medidas adoptadas y por adoptar, que es precisamente lo que advierto como particular hilo conductor de algunas de las más importantes disposiciones de nuestro Presidente, en no pocos aspectos subordinando a esa también inminente crisis económica, la mejor atención directa a la crisis sanitaria y sus consecuencias inmediatas. Y todo esto está íntimamente vinculado con la concepción que de la “dignidad humana” tienen nuestros gobernantes, y entre las tantas concreciones de este principio, aquella que resulta en la regla de que no debe tratarse a nadie como si su vida fuera menos importante que la del resto.
Si el virus no discrimina según nuestra clase social ni profesión, como tampoco en atención al color de piel, sexo u origen, tampoco debe hacerlo el gobierno en la adopción de medidas, salvo para atemperar el mayor riesgo a que se exponen personas en condiciones de vulnerabilidad o que ameritan protección especial (caso de adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o en lactancia, convalecientes por alguna enfermedad o incapacidad física, etc.)
Si nadie discute que la concentración de humanos favorece la expansión del virus, y en consecuencia aumenta el riesgo de infección, es razonable que las medidas que al respecto se adoptan para unos también se apliquen a otros, sobre todo si todos concurren al riesgo en igualdad de condiciones. En otras palabras, en lo posible nadie debería ser expuesto a concentraciones humanas, como sucederá con los empleados públicos que de manera general tendrán que seguir asistiendo a sus oficinas -ya que incorrectamente no se ordenó la cuarentena-, con el único aliciente de que se alternarán semanalmente -y en algunos casos diariamente!!!, como ha dispuesto Pro Consumidor- en grupos conformados por el 50% del total del personal.
De entrada, estando dentro de las posibilidades del Presidente haber ordenado la cuarentena -y lo que eso significa-, la indicada distribución se advierte totalmente irracional, y sino entonces deben existir muy buenas respuestas para estas preguntas: ¿por qué 50% y 50%? ¿Ha seguido esta segmentación algún criterio científico, de razonabilidad práctica, de funcionalidad administrativa o es al menos conforme con algún standard de eficiencia -ya que no me cuadra que pueda representar algún blindaje efectivo a la insalubridad-? Si la respuesta es afirmativa, entonces cabe preguntarme, ¿por qué similar criterio no se aplicó en relación al personal del Poder Judicial -por ejemplo-? Y en fin ¿qué razones explican dicho standard? Yo que me quedo sin una idea para responder, formulo otra pregunta: ¿50% y 50% como para que todos estén -tarde o temprano- expuestos al mismo riesgo? Si algo no quisiera es escuchar la afirmativa, pero confieso nuevamente que me quedo sin respuesta. [Mientras escribía este párrafo imaginaba el ánimo con que deben asistir esos pobres diablos servidores públicos desdichados estancados en ese deber asistir al trabajo sí o sí]
Por otra parte, ¿Por qué aplicar esta medida de forma general a toda la administración pública? ¿Por qué no haber moderado el criterio según la esencialidad del servicio?
Resulta totalmente razonable que, sobre todo en esta coyuntura, se procure mantener la continuidad calificada de los servicios públicos más esenciales -entre otros agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, salud, etc.-, pero de ahí a dar igualdad de tratamiento a ese fin a todo Ministerio y oficina pública, me parece nuevamente una incitación a la expansión del virus y una exposición al riesgo de infección, injustificada, pues fácilmente evitable sin mayores contingencias. Para ilustrar casos de concentración humana masiva en oficinas públicas -aún considerando el referido 50%- y de cuyo normal funcionamiento podría prescindirse, los ejemplos sobran: Ministerios de la Mujer, de la Juventud, de Industria, Comercio y Mypimes, de Energía y Minas, de Cultura, de Deporte, Instituto Postal Dominicano, Pro Competencia, Pro Consumidor, y así la lista puede extenderse a los tantos institutos, comités y consejos vigentes, respecto de los cuales se haría más con aprovechar las circunstancias para cerrarlos definitivamente de una vez por todas, por qué no.
No menos arbitraria me parece la medida de excluir de la suspensión de actividades los “establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, entre otros”, ¿cómo así: “entre otros”?!, ¿de qué estamos hablando?, ¿qué justifica esa discriminación?
Eso no es todo, “en el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de los alimentos.” Pregunto: ¿desde cuándo un restaurante -de una o cinco estrellas- provee un servicio imprescindible, máxime de cara a tan solo 15 días? ¿será que no se entiende lo que es una crisis sanitaria, una pandemia y lo que una cocina comercial representa al respecto?, o simplemente ¿no se tiene conciencia del significado de la dignidad humana?
Y no hablemos de las medidas que injustificablemente aún aguardan por adopción, pues me quedaría sin espacio literario; caso de los recintos penitenciarios, los hoteles all inclusive aún abiertos, zonas francas, el transporte público colectivo, etc.
Mis críticas podrían continuar extensamente, pero me embarga una impotencia inusual, ante lo cual, lo que me queda de buen juicio me sugiere terminar con estas líneas para no empezar a maldecir e insultar por un tubo y siete llaves (cosa que tengo en kiú en la yema de los dedos). Y así, desde mi confinamiento, concluyo deseando a nuestros gobernantes en sesión permanente inteligencias y sabiduría y en sobreabundancia para continuar enfrentando esta crisis, y con el mismo fervor, a todos mis lectores -empleados públicos o no-, más salud, paz y el más positivo y brillante destino posible.