En la actualidad, es un hecho patente el surgimiento espontáneo de una ola de sectores que se han levantado en la sociedad dominicana reclamando respeto por los derechos individuales del ciudadano, respeto por la separación de poderes, y de manera muy especial, respeto por la Constitución de la República.
En lo que atañe al respeto por la Carta Magna, no han transcurrido cuatro años exactos de la última modificación constitucional (13 de junio de 2015), y ya el mismo Presidente que lleva dos períodos consecutivos, es estimulado por grupos políticos y económicos a que falte a su palabra de respetar la Constitución, Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional, la cual le permitió un período adicional, es decir, poder presentarse para el período 2016-2020.
En efecto, se pretende un cambio de las reglas democráticas de juego, y en consecuencia, el incumplimiento del pacto social que bajo juramento solemne el actual Presidente prometió cumplir a la sociedad dominicana.
Ciertamente, todas las encuestas reflejan que más del 70% de los dominicanos y dominicanas, no aprueban una reforma constitucional con fines de habilitar al actual mandatario para un tercer mandato consecutivo. En efecto, en palabras del pueblo llano y común: “La Constitución no es un relajo”.
Sin embargo, la defensa de la Norma Suprema empieza a tomar otros tintes aún más preocupantes, ya que no se trata solo de hacer un esfuerzo nacional para que la Constitución no se cambie por el arbitrario antojo o la irreflexiva conveniencia de grupúsculos ambiciosos alrededor del Poder, sino que estamos en el umbral de preservar que la misma Constitución se cumpla en sus aspectos más elementales, como son el respecto a los derechos individuales y la división o separación de poderes.
En ese sentido, es comprobable como desde el Poder se irrespetan los derechos individuales, como fue el caso de la ex jueza Miriam German Brito, o se viola el principio de separación de poderes, cuestionándose una decisión judicial de una Alta Corte, como en el caso de la reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral.
A tal extremo ha llegado la situación de amenaza a la democracia en nuestro país, que el obispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, declaró que si el país no despertaba y cambiaba, se encamina hacia una dictadura.
Por todo lo expresado, llegamos a la conclusión que nos encontramos en el comienzo de un panorama seriamente peligroso y preocupante para la democracia en la Republica Dominicana.
En consecuencia, es por ello que el acto del 5 de mayo, en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, en defensa de la Constitución, más que un acto político de recolección de formularios con los datos de ciudadanos comprometidos con la patria, debe verse, además, como un acto patriótico, como una contundente respuesta a los clandestinos atropellos y menoscabos que se intenta y planificar desde el Poder en contra de nuestra Carta Magna.
Para los que con mucha razón piden que despertemos, que dejemos de mirar para arriba, y que no nos quedemos con los brazos cruzados, es, sin duda, el pueblo dominicano, unido y unánime, soberano por excelencia, el que dará un primer gran paso para demostrar que “no hay marcha atrás”. Como dijo el Dr. Leonel Fernández: “…La antorcha del poder pertenece a los pueblos y…no se debe arrebatar ni secuestrar”.
Este acto será, sin duda, una reacción contundente para salvar la democracia dominicana de la dictadura que se presagia.