“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”-Sófocles.
En estas últimas semanas la sociedad estuvo siguiendo el juicio por difamación e injuria que se le sigue a Marino Zapete. De este proceso todos los que escribimos o decimos algo en los medios de comunicación debemos aprender una lección: existe un grupo de burócratas o de amigos o familiares de funcionarios de altos rangos, que no admite cuestionamientos al ejercicio de sus funciones o a comportamientos de sus íntimos amigos evidenciados por algunos tercos e incorruptibles periodistas.
Un gran número de estos ellos supuestos servidores públicos gusta hacer abstracción del hecho de que administran mandatos, políticas y presupuestos por delegación de la ciudadanía. Muchos llegan al extremo de convencerse de que las instituciones gubernamentales son empresas particulares o que de alguna manera forman parte de su patrimonio personal. Este estilo de conducir al Estado es un cáncer generalizado que cuesta millones de pesos y terribles daños colaterales a la sociedad dominicana.
Las interferencias de altos dignatarios a favor de familiares, amigos cercanos, “compañeros de lucha partidaria” y hasta de novias y amantes, es un hecho deleznable que merece el repudio de toda la ciudadanía. Y es que la indiferencia ante el nepotismo o el favoritismo político equivale al reconocimiento y legitimación del clientelismo político, ahora más más rapaz, insensible y jactancioso que nunca.
El caso que involucra a Marino Zapete ilustra claramente que el descaro y la violación sistemática de las leyes puede ya considerarse como un claro síntoma de crisis de gobernabilidad que siempre es una crisis de autoridad. Esta puede llegar a desatar los demonios del cansancio y la indignación social, de la ira popular y la determinación arreglista.
Veamos.
Primero, la presentación de evidencias oficiales, es decir, de documentos producidos bajo las reglas de la propia Administración, que demuestran que la señora Maybeth Rodríguez firmó los contratos con fechas del 1 y 30 de noviembre de 2017 en su calidad de apoderada legal de la sociedad comercial Grupo ASIMRA, no es ninguna difamación ni mucho menos injuria. Una y otra se construyen sobre la base de las mentiras, los falsos argumentos, la carencia de evidencias y las fabulaciones que dañan el buen nombre o la reputación de alguien. Los documentos presentados por Zapete son auténticos, fiables, emanados de la propia autoridad competente.
Segundo, que el hecho de que aparezca en esos contratos la mencionada señora es de por sí preocupante. Como es efectivamente el caso, estamos hablando de aspectos muy sensitivos del comportamiento de instituciones fundamentales que estropean la confianza pública en ellas. Ciertamente, en cualquier país civilizado el solo hecho de la participación de una hermana del Procurador General de la República en contratas multimillonarias con el Estado, hubiera sido una razón más que suficiente para que el Ejecutivo solicitara la renuncia inmediata del alto funcionario.
Con más razón sabiendo que la Procuraduría General de la República es “la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional…” Pero no, aquí todo se puede y permite, siempre que se trate de los más leales cortesanos palaciegos. Si estos están implicados o se sospecha que estén involucrados en actos de corrupción o tráfico de influencias, mucho mejor.
Tercero, ¿por qué el exministro de Obras Públicas hizo depender la validez de los contratos de marras de una certificación de no objeción del Ejecutivo que él sabía que no existía? Nos permitimos afirmar que el ahora flamante candidato presidencial, o bien nunca ha leído la Ley núm. 247-12 de Administración Pública -que es lo primero que debe hacer todo ministro antes de iniciar funciones-, o simplemente, conociendo el involucramiento de una hermana del procurador en el asunto quiso curarse en salud mintiendo.
¿O es que realmente fue solicitado sin necesidad legal tal poder al Ejecutivo por tratarse de un caso especial en el que participaba una hermana del procurador muy conocida del presidente? ¿O debemos suponer que actuó con la aprobación silenciosa del presidente y que él, dada su sorprendente imaginación creativa, asumió tal reposado consentimiento no escrito como una certificación o poder especial?
El tema no es que se haya dado o no un poder especial. Ni que se justifique que no habiéndolo dado todo esté bien porque la ley otorga a los ministros la potestad de suscribir contratos concernientes a la misión de sus instituciones. Lo que está mal y es cuestionable y pasible de averiguaciones judiciales es que figure la hermana del Procurador General de la República en una operación multimillonaria, autorizada entonces por el actual candidato presidencial del PLD.
Creemos que deberían también acusar de difamación e injuria a Alicia Ortega, quien desveló magistralmente contratos entre el MOPC y compañías privadas vinculadas con el exministro por más de 3 mil 500 millones de pesos.
¡Salud y larga vida a Marino Zapete!