El sujeto-autor, en esta obra, más que enfrentar la política, como ejercicio y acción de los sujetos, lo que hace es cuestionar la forma en ellos la ejercen, no para bien de la sociedad, sino como patrimonio personal, para el engaño, la corrupción y el dilapidar los bienes del Estado. De todas maneras, el funcionamiento hecho por el autor, su respuesta ante el problrma, es una posición política. Es una mirada ideológica que lo sitúa en uno de los cuadrantes del ejercicio estratégico cotidiano del Ser humano, en un contexto determinado. En un "aquí y ahora" del convivir en sociedad.
"La mentira, el engaño, la traición y el cinismo son más comunes en las conversaciones, los tratos y arreglos de los políticos que entre los miembros del hampa"(p.74). Así se expresa el sujeto-autor de esta obra, el magistrado, Dr. Modesto Martínez, como quien aborrece a los políticos (?), lo cual es un absurdo, pues, lo que sí debemos aborrecer es el mal proceder de algunos políticos, ya que la política y los políticos son entes fundamentales para el convivir institucional de las sociedades organizadas, dentro del convivir democrático.
En este texto hay un discurso tenso, crítico y reclamante sobre la falta de seguridad social, el no cumplimiento al derecho a la salud, la falta de protección a los discapacitados y a la niñez; la falta de proteccion a los envejecientes; la ausencia de políticas que aseguren el bienestar social del pueblo dominicano y la ausencia de un régimen de consecuencias en este contexto social a la deriva, dominado por la corrupción, son de los temas abordados con agudeza por el sujeto-autor, aunque, de manera muy particular, me interesa destacar el tema referente a la justicia, por la condición de juez del sujeto-autor de esta obra.
En cuanto a la "Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso", recurre al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, en el que se establece que "Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
1-El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2-El derecho a ser oída, dentro dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
3-El derecho a que se.presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
4-El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
5-Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
6-Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
7-Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
8-Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9-Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
10-Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"(Pp. 141-142).
En relación a este patético y dramático panorama judicial dominicano, el juez Martínez plantea que " El poder judicial no ha hecho conciencia de la función social que debe desarrollar en el sistema de justicia, por lo que en su accionar adopta una actitud pasiva, en la que solo ofrece la presencia de los tribunales y de los jueces, dejando todo lo relativo al control sobre la utilización del servicio en manos de terceros, abogados, busco es, entre otros"(Pp.143-144). Me imagino que, por ética, no toca lo referente al mercado persa que suele activarse en la mayoría de los tribunales dominicanos, al momento de un (a) juez (a), administrar justicia, dependiendo del acusado y de los abogados que lleven el caso. Estamos ante un doloroso "negocio judicial" que todos vemos, sentimos y soportamos…quién sabe hasta cuándo? Y eso es reprochable.
Me imagino que, por ética, no toca lo referente al mercado persa que suele activarse en la mayoría de los tribunales dominicanos
Aunque el juez Martínez sostiene que "Una de las principales causas lo constituye el "sello de comerciante" de la ley que perciben la mayoría de los ciudadanos, en muchas de las personas que ostentan autoridad, quienes, por dinero, son siempre capaces de "doblar" la ley"(p.162).
Plantear ese discurso, por parte de un juez, es merecedor de encomio en este país, donde por miedo a que lo boten o lo sancionen, o lo persigan, muchos prefieren silenciar. Un juez, administrador de justicia que organiza el tono de ese discurso de manera pública, merece el reconocimiento público de esta sociedad. En puntualizaciones como esa, es que se perfila la importancia de esta obra en nuestro país. Reiteró, este es un texto para ser discutido en tertulias especializadas en el área jurídica y de las ciencias políticas en nuestras instituciones de estudios superiores, sobre todo, en la Escuela Nacional de la Magistratura.
Se trata de un texto en el que se pone en evidencia pública lo que, en "vox poouli", recorre los caminos, calles y avenidas de nuestra nación, pero que la mayoria, por temor o no, prefiere permanecer en el silencio. Esta vez sale a la luz pública en un libro, bajo la responsabilidad de un jurista, juez, administrador de justicia, lo cual es una acción que, aunque la Suprema Corte de Justicia de nuestro país no sea bien acogida, la sociedad dominicana debe conocer y discutir, sobre todo, en la juventud dominicana, porque se trata de un discurso que revive la esperanza de que no todo se ha perdido en este país. Se trata de un "salto" necesario para seguir existiendo como nación, desde una perspectiva distinta, en apego al convivir del buen proceder institucional o constitucional de nuestra nación.
Lea usted lo que este juez nos dice en esta obra sobre la corrupción, abrazado al artículo 146 de la Constitución dominicana:
"Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
1-Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;
2-De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3-Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4-A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, si perjuicio de otras sancionesprevistas por las Leyes, la pena de degradación cívica, y se le exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
5-La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivos"(p.172).
Es un planteamiento ético en una sociedad dominada por lo antiético, por la corrupción y la criminalidad. Aquí también hay un enfoque que encara el pago de peajes en la justicia, en lo policial, en el mundo de las drogas y la creación de estructuras de poder en un entramado integrado por entes de la mafia, a la cual no se salvan ni las cooperativas de este país.
En esta obra encontramos un discurso templado en la responsabilidad ciudadana. Es un texto necesario en un contexto que amerita ese tipo de orientación cívica, por nuestra supervivencia democrática, en estos tiempos de reflujos y reflejos globales.