En mis tiempos de profesor universitario me esmeraba en inculcar a mis alumnos la necesidad de dudar, de poner en duda todo lo que leían o escuchaban “por muy docto que sea el que lo haya dicho o escrito”. Muchas veces los economistas, y con más razón el común de la gente, tenemos la tendencia a ver las estadísticas que se publican y aceptarlas ciegamente sin someterlas al escrutinio del pensamiento lógico.

Confieso que yo no puedo hacer eso, y confieso también que esa tendencia a cuestionar la verdad oficial me ha acarreado mil problemas, pero también me ha dado satisfacciones en mi vida profesional.

En la República Dominicana los salarios mínimos legales son bajísimos. Además de haber sido bajos siempre, la debilidad de la organización sindical posibilitó que se fueran deteriorando en términos reales, al no haberse hecho durante décadas los ajustes en el tiempo y en la magnitud oportuna. Esa debilidad es tal, que en los indicadores tomados para elaborar el Índice de Competitividad Global, la escasez de conflictos laborales aparece siempre como uno de los puntos fuertes de nuestro país.

Ahora bien, aceptar esa realidad tampoco nos obliga a aceptar cualquier dato en el cual la República Dominicana aparece comparada con otros países. Hacer comparaciones internacionales de salarios mínimos es un ejercicio complejo. Primero, porque en un mismo país puede haber distintos salarios mínimos, en función de ramas de actividad, tamaños de las empresas o zonas geográficas, y eso obliga al analista a tomar discrecionalmente uno de ellos. Segundo, viene la necesidad de expresarlos todos en una misma moneda, y un país puede tener distintos tipos de cambio en un mismo año. Todavía más si después esa moneda hay que convertirla a paridad de poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés).

En adición a ello vienen los problemas de saber qué grado de correspondencia hay entre los salarios legales y los que de verdad rigen en el mercado. Normalmente los gobiernos establecen un mínimo legal por razones humanas, porque hay determinadas condiciones de trabajo que la sociedad no está dispuesta a aceptar.  Si ese umbral es demasiado bajo, entonces quizás no tenga validez porque el mercado determina que nadie o muy pocos se acojan a él. Y si es demasiado alto respecto a la productividad media del trabajo en un país, entonces puede entorpecer el funcionamiento económico o hacer que la ley sea letra muerta.

A raíz de la reciente discusión entre el CONEP  y economistas del Banco Central sobre el tema de salarios e informalidad laboral, apareció en la parte II del artículo publicado en la página abierta de esta última institución el cuadro siguiente. Los datos del cuadro fueron tomados de un documento de otros organismos. No cuestiono quién lo elaboró, cuándo ni cómo, pero tengo que poner en dudas algunas cosas.

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Recuerdo a los lectores que los países de América Latina somos todos subdesarrollados. Pero hay algunos que, vistos al lado de otros, cabrían casi en la categoría de “ricos”. En la ilustración que aparece abajo hemos graficado el nivel de desarrollo de los distintos países de la región, organizados desde los más pobres a los más ricos, en función del PIB per cápita, también expresados en la misma unidad monetaria y al mismo año. Para mayor facilidad del lector, al lado del ingreso per cápita, se coloca el salario mínimo legal que figura en el cuadro anterior, y aparecen cosas increíbles.

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Personalmente a mí me cuesta asimilar que un país con tan bajos niveles de ingreso como Paraguay tenga un salario mínimo que supera en 22% al de su vecino y “rico” Chile; que el salario mínimo de la “pobre” Honduras casi triplique al del “rico” México, que el de Nicaragua se acerque tanto al del “rico” Uruguay. Así se pueden encontrar varios ejemplos más.

En el caso nuestro, la realidad es que en República Dominicana hay mil salarios mínimos. Entre muchos “mínimos” podemos escoger cualquiera, pero si resultara que al final, aquí el salario es más bajo que en Haití, posiblemente ya el muro en la frontera de Vinincito hace mucho que se habría construido, ¡para evitar que los obreros dominicanos se marchen hacia allá!