La semana pasada cientos de pensionados de diversas instituciones públicas protestaron frente al Palacio Nacional, en reclamo de que el Presidente Danilo Medina disponga un aumento de las pensiones mínimas de 5,117 a 10,000 pesos mensual. Este viejo reclamo se reitera sin resultados, mientras funcionarios gubernamentales se auto asignan salarios mensuales 100 veces mayores que la pensión mínima.
El reverendo Emilio López, su vocero, aseguró que los pensionados del Estado, se están muriendo porque esos “salarios” no les alcanzan ni para las medicinas, y porque no cuentan con un seguro médico. Los pensionados, todos de avanzada edad, advirtieron que estarán en las inmediaciones del Palacio hasta recibir una respuesta favorable del gobierno.
Seguridad Social para todos constantemente ha señalado los niveles insuficientes de las pensiones de más de 110,000 jubilados del Estado. Esta injusticia inconcebible en el Siglo XXI no se limita a la pensión mínima ya que todas las pensiones públicas se mantienen congeladas desde hace más de ocho años, reduciendo sensiblemente el nivel de vida de los envejecientes.
Bien hecho por la DIDA y SISALRIL
La creación de unidades para orientar a los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) sobre sus derechos y deberes cuando demandan servicios, constituye un gran acierto de la DIDA y SISALRIL. A partir de Agosto se pondrán en funcionamiento 35 unidades de atención y orientación al usuario, en igual número de hospitales y clínicas del país, proceso que será acompañado de una campaña de información y orientación. No quedó claro cuál será el rol de las ARS, en este importante servicio a los afiliados.
Nélsida Marmolejos, Directora de la DIDA, explicó que las Unidades de Atención en Prestadores de Servicios de Salud (UAPSS) se moverán de un centro a otro según la demanda. Entre las quejas y reclamos más comunes figuran los cobros indebidos, las exigencias de depósitos para internamiento por emergencia, la denegación de servicios de salud, la retención de pacientes de alta cuando sus familiares no pueden saldar la cuenta por completo, así como la facturación indebida, entre otras.
Según se informó, el año pasado las quejas y reclamos de los pacientes llegaron a 600,000, lo que indujo a las autoridades a tomar esta decisión. Estimamos que, dado el creciente índice de insatisfacción, de desinformación, y las barreras para el acceso a los servicios, lo más probable es que estas unidades terminen recibiendo más de un millón de reclamos por año. Todos debemos apoyar esta iniciativa y desear que la misma llene plenamente sus objetivos.
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