En estado de shock, la sociedad dominicana no es capaz de reconocer que el 16 de febrero se produjo la ruptura del orden Constitucional, y con esta un autogolpe por parte de quienes dirigen el Estado dominicano, ya que fue impedida la renovación de las funciones electivas en el nivel municipal. Para ello se saboteó el proceso de votación electrónico impidiendo que el total de las candidaturas de la oposición fueran cargadas en la boleta en más del 80% de los colegios electorales que utilizaron dicho método.

El 16 de febrero se violó el principio  básico de la democracia dominicana que reside en el artículo 2 de la Constitución de la República Dominicana que dice: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”, por lo que nos enfrentamos a uno de los atentados más graves que puede sufrir un pueblo, la violación de su voluntad directa.

Una de las preguntas que gravita en la mente de los dominicanos y dominicanas, es que tan involucrado estuvo el pleno de la Junta Central Electoral, ya que los beneficiarios de éste hecho son evidentes, puesto que los principales afectados fueron los candidatos y candidatas de los partidos de oposición.

La otra pregunta que se hace la sociedad dominicana, es con que instrumentos cuenta para volver al orden Constitucional y garantizar que las elecciones de mayo sean justas y por tanto se exprese con toda libertad la soberanía popular? Lo cierto es que los mecanismos que debieron arbitrar y proteger los derechos políticos de la ciudadanía durante las elecciones municipales fueron parte de este autogolpe. La JCE, los cuerpos de seguridad, la Presidencia de la República, y el Ministerio Público. Este último, como se esperaba, ni siquiera fue capaz de recibir la mayoría de las denuncias de delitos electorales, según lo reportado por Participación Ciudadana.

A caso se espera que la JCE se autoevalúe de manera independiente y francamente reconozca que el oficialismo impidió las elecciones? Se espera que el Ministerio Público investigue de manera independiente los delitos electorales? Hoy como nunca se devela que la sociedad dominicana, junto a las organizaciones sociales y partidos políticos cuenta principalmente con sus propias fuerzas. Que la única posibilidad de generar garantías institucionales y Constitucionales es a partir de recordarle a quienes traicionaron al pueblo dominicano, quien detenta el poder real y eso sólo se puede producir en las calles.