Dentro del problema de la insostenibilidad financiera del sector eléctrico, los subsidios a la tarifa eléctrica constituyen una de las incógnitas principales que debe responder el Pacto Eléctrico. Este obstáculo se ha convertido en un verdadero rompecabezas y su origen resulta en cierto grado confuso, lo cual ha dificultado el encontrar una solución factible.
En el transcurso de su historia, el sector eléctrico dominicano ha sufrido una serie de profundas problemáticas que, desde los años 60, han imposibilitado el correcto desempeño del mismo, lo cual obstaculiza la tarea de proporcionar un suministro eléctrico confiable y de calidad a los usuarios dominicanos. Por esta razón, en el año 1999, se llevó a cabo un extenso proceso de reforma que modificó el sector de manera radical mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública núm. 141-97. Esta reforma fue realizada bajo la modalidad de capitalización, teniendo como característica principal la apertura del sistema a la inversión privada. En este nuevo esquema, el Estado pasaría a ser un simple socio del inversionista privado (Rafael Montilla, 2002).
La citada reforma conllevó consigo la introducción de una tarifa técnica que reflejara los costos reales de la generación, transmisión y distribución eléctrica. Este cambio se debió a la urgente finalidad de aumentar el flujo de efectivo del sector eléctrico dominicano, para así fortalecer su sostenibilidad financiera y su desarrollo a través de la inversión (Marcos Cochón, 2009) (ADIE, 2014) (The Economist –Intelligent Unit, 2015).
Sin embargo, lo anterior ha quedado relegado a simple teoría, puesto que, en la práctica, la tarifa técnica nunca entró en vigencia debido a que, según el recuento histórico de los expertos en la materia, el Gobierno Dominicano consideró que la misma sería un duro golpe para la economía de los consumidores residenciales, por lo que desde un inicio prohibió, primero a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y luego a la Superintendencia de Electricidad (SIE), la ejecución de la referida disposición (Marcos Cochón, 2009).
El Gobierno pasó entonces a destinar continuas transferencias económicas a las distribuidoras, asumiendo directamente el pago de las pérdidas económicas provocadas por las diferencias entre la tarifa que en teoría debió haber sido aplicada a los consumidores finales y la tarifa que en realidad fue aplicada (ADIE: 2014). Es preciso señalar que estas transferencias no fueron suficientes para cubrir las pérdidas financieras de las distribuidoras, lo cual provocó que el país sucumbiera ante una nueva crisis eléctrica.
Observamos entonces que la decisión gubernamental de no aplicar la tarifa técnica, no solo provocó el origen del subsidio a la tarifa eléctrica después de la capitalización, sino que también es una de las causas principales del déficit financiero de las distribuidoras. Déficit que se ha extendido al resto del sector, atentando contra la sostenibilidad de todo el sistema eléctrico.
La citada intervención inicial del Gobierno Dominicano, para impedir la implementación de la tarifa técnica luego de la reforma, arrastró consigo una serie de continuos comportamientos basados en cuestiones políticas, y no bien en el marco legal e institucional. Dichos comportamientos aún hoy amenazan contra la seguridad jurídica de los actores del sector eléctrico, lo cual a su vez ha alejado a los potenciales inversionistas y por tanto representa un impase considerable para la efectiva solución del problema eléctrico dominicano.
Al respecto, deducimos que la gran dificultad del Gobierno para implementar la tarifa técnica se ha debido al alto costo político que esto representaría. Aún considerando que la mayor parte de la población dominicana necesita el auxilio económico para acceder a los servicios básicos, debemos tener en cuenta que también existe un porcentaje considerable de ciudadanos que sí se encuentra en condiciones de asumir el pago de la tarifa técnica, y que existen otros mecanismos que pudieron ser implementados, como es el caso de las cuotas de aportes fijos para los sectores más vulnerables.
Al implementarse el subsidio a todos los consumidores residenciales, incluyendo personas que no lo necesitan, se evidenció el temor del Gobierno Dominicano a pagar el costo político del aumento del precio del suministro eléctrico, situación que todavía continúa vigente actualmente, dada la no aplicación de la tarifa técnica (The Economist – Intelligent Unit, 2015). No consta cuál fue la razón que motivó la expansión, y nos queda entonces la pregunta de si realmente será el Pacto Eléctrico la pieza final que logré resolver el rompecabezas del subsidio a la tarifa electrica.