La sociedad civil, la que genuinamente integran los grupos organizados independientes de los partidos políticos, está en el deber de intervenir en el debate de los grandes temas nacionales. Sólo esa reorientación de la agenda nacional pondrá al país en la senda de una discusión amplia de sus problemas fundamentales, a fin de colocar en el orden correcto aquellos que han quedado rezagados en la arena movediza del partidismo político, de donde parece imposible extraer verdaderas y perdurables soluciones.
La prueba más contundente de la necesidad de que los grupos organizados de la sociedad asuman ese papel y traten de arbitrarlo se ve en la incapacidad del liderazgo político de dotar al país de leyes para regular a los partidos y actualizar la legislación electoral. Tras quince años de vano intento de aprobación de esas dos leyes, quedamos al borde de un imaginario desfiladero repleto de atajos que no llevan a ninguna parte.
Como parte importante de la sociedad civil, el empresariado, por conducto de las organizaciones que lo representan, está llamado a jugar un papel de primer orden en ese esfuerzo y esa es una responsabilidad irrenunciable. Las diferencias que a veces reflejan una coyuntural separación de intereses en ese ámbito, que harían imposible todo acuerdo en la búsqueda de posiciones sobre una agenda-país, pueden ser muchas pero más deben ser los puntos en los que existen coincidencias. Es desde una alianza de la sociedad civil con el gobierno y liderazgo político serio, donde debe partir el necesario concierto de voluntades que tanta falta nos hace como nación, para encarar los retos del mañana. Un primer y obligado paso tiene que ser una descripción de objetivos básicos, que comprometa a todo el sector y conduzca a una clara definición de roles que asigne al Estado sus deberes como regulador y amplíe el marco de libertad de acción tan necesario a la actividad privada.