La transparencia había tenido una mayor significación para lo público que lo privado. Esto, ya que tradicionalmente la transparencia y publicidad se enmarca dentro del derecho fundamental a la buena administración, que implica necesariamente un accionar de la Administración Pública de manera transparente en relación al uso de los recursos públicos.
Como señala mi querido profesor Rodríguez-Arana: “El derecho fundamental de la persona a un buen gobierno y a una buena administración incluye expresamente el derecho de los ciudadanos a que los Poderes del Estado sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas, en toda su proyección temporal y en sus diferentes fases: definición, análisis, ejecución y evaluación”[1].
No obstante lo anterior, la constante conectividad, redes sociales y acceso a informaciones han cambiado la vida en sociedad. La transparencia ha sido uno de los elementos principales que se ha redimensionado por ese flujo continuo de acceso a informaciones y en donde muchos pueden convertirse en actores con capacidad de influir sobre los demás, como han demostrado las redes sociales. Esto tiene aspectos positivos y negativos (en especial todo el fenómeno de noticias falsas o “fake news” y la percepción mediática cuando no se sustenta en la verdad objetiva), pero en este momento quiero concentrarme en la redimensión de la transparencia.
Como sociedad, hemos evolucionado de la opacidad a la transparencia no sólo en lo público sino también en lo privado. En este contexto, cada accionar y actuación requiere mayor transparencia que el pasado. A menor transparencia mayor desconfianza de la ciudadanía. Esta máxime aplica también en el sector privado, en especial a las empresas que han tenido inconvenientes públicos; y en vez de tomar una actitud responsable y transparente, han optado por tratar de ocultar la información o el error. Han pagado su error donde más les duele: en lo monetario. Por el contrario, a mayor transparencia mayor confianza y apoyo de la ciudadanía en las decisiones y actuaciones de los gobiernos y empresas privadas.
De lo que se trata de evitar a través de la transparencia son las prácticas de corrupción que se producen en lo público y privado, por lo general, en la actividad de contratación pública. En estos tiempos, todos debemos estar conscientes de que en algún momento nuestro accionar puede ser cuestionado. Si no quieres que se sepa algo, mejor no lo pienses. Es lo que ha estado ocurriendo en ciertas denuncias de procedimientos irregulares de contratación pública, en la revisión de declaración jurada de patrimonio, entre otros procesos en donde la información (que sale a la luz pública) no concuerda que los documentos oficiales o con la trayectoria de las personas o empresas.
En la contratación pública y al ser funcionario, la transparencia y el escrutinio se incrementa por la sociedad y medios de comunicación. Por eso, es necesario que existan informaciones y datos precisos que permita que ante cuestionamientos (que siempre los habrá, algunos con fines maquiavélicos) puedan presentarse los documentos y dar las explicaciones de lugar sin tartamudear y con auctoritas, algo que a muchos en nuestra sociedad les falta.
Solo por mencionar un ejemplo en materia de contratación pública, es indispensable y fundamental que la ciudadanía sepa con meridiana claridad, con quien ha contratado y quien efectivamente es el dueño de la empresa adjudicataria, conocer sus principales ejecutivos, si es capaz, si tiene experiencia en lo que está ofertando, y si está en capacidad de ejecutar oportunamente el contrato. No es posible que empresas sin la debida referencia resulten adjudicatarias con enormes sumas de dinero y no pasen un test elemental de la debida diligencia.
A veces, el cambio es lento, principalmente cuando se viene de una tradición secretista y opaca, en donde se premiaba el secreto y aquellos privilegiados que tenían la información. Hoy día, la información viaja demasiado rápida y su detención es casi inevitable. Por eso, lo mejor que uno puede hacer es optar por una visión y accionar más apegado al cumplimiento de las normas, en especial la transparencia. Creo que todo parte de la educación, valores morales y éticos.
Concluyo, pidiéndoles a todos los actores de incidencia en nuestra sociedad, tanto a los públicos como a los privados, que actúen lo más transparentemente posible y apegados al Derecho y normas éticas, ya que cuando no hay nada que ocultar no hay nada que temer. Si no lo hacen por convicción personal, háganlo por lo menos para no quedar expuestos ante la sociedad, ya que hoy día no existe cosas mal hechas que se puedan ocultar, en algún momento saldrá a la luz.
La sociedad cambió y la transparencia en las actuaciones públicas y privadas constituyen un elemento revalorizado que se traduce en beneficios. Apostémosles a seguir elevando y revalorizando nuestra sociedad en conjunto, la responsabilidad no recae en un solo sector, recae en todos desde el ámbito de accionar que nos corresponde, haciendo el buen trabajo y perfeccionando cada día hacia una mejor versión siempre más cumplidora de la ley, transparente, abierta e inclusiva.
[1] Rodríguez-Arana, Jaime. La transparencia: una cualidad democrática imprescindible. Código Iberoamericano de transparencia y Acceso a la información, Jaime Rodríguez-Arana y Guillermo Tenorio Cueto, 2015, p. 7.
Rafael Dickson Morales, Phd. Abogado y Profesor Derecho Administrativo Socio DMAC – Despacho Jurídico