Al final de la segunda entrega del presente trabajo, se puso de relieve la interesante victoria diplomática de Betancourt y la representación venezolana en contra de Trujillo, al lograr que surtiera efecto su denuncia de violación a los derechos humanos en la República Dominicana, tomando como documento fundamental para avalar la misma, la Carta Pastoral de los obispos dominicanos, leída en todos los templos católicos del país el último domingo de enero de 1960.
El historiador Bernardo Vega en su interesante obra sobre los días finales de la era de Trujillo 1960-1961, destaca este importante hecho al consignar: “los delegados quedaron muy impresionados por la lectura “in extenso” de la Pastoral, por parte del Embajador de Venezuela Marcos Falcón Briceño. El delegado dominicano, Virgilio Díaz Ordoñez, dijo que esa lectura de lo que la prensa extranjera describía como una Pastoral, seguía “la estrategia comunista”.
Todo parece indicar, que tras la presentación de este impactante documento en contra de Trujillo en el más importante escenario de la diplomacia multilateral regional, no sólo estaba Venezuela sino también la mano norteamericana.
Su representación diplomática en el país, estuvo muy atenta al referido documento, informando con carácter inmediato al Departamento de Estado en torno a la publicación del mismo, lo que motivó palabras de elogio por parte de la alta diplomacia norteamericana a la labor del nuncio Zanini en nuestro país. Así se lo expresaron al delegado de la Santa Sede ante el Departamento de Estado.
Según el periódico The New York Times, en su edición del 9 de febrero de 1960, al referir lo acontecido:“ La República Dominicana se sostuvo aislada y sin amigos hoy en el Consejo de la OEA cuando se debatieron por más de tres horas” los cargos en su contra”.
La referida acusación surtió efecto, dado que el 16 de febrero, con 18 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones (Cuba y Bolivia), la OEA aprobó solicitar a la Comisión Interamericana de Paz la investigación de las denunciadas de violaciones contra los derechos humanos en la República Dominicana.
Ante tan duro golpe diplomático contra la tiranía , sonó como Júpiter tronante la voz de nuestro Embajador ante la OEA, el destacado orador, diplomático e intelectual, Don Virgilio Díaz Ordoñez, quien en la ocasión, apeló a sus consumadas habilidades retóricas, al afirmar : “Cualquiera de estos días, comenzará a escribirse con mano subconscientemente trémula, el epitafio de la norma de no intervención…habrá motivos para darle el pésame a América y para poner a media asta la bandera de la independencia de los pueblos americanos”.
La batalla diplomática en la OEA, tras el atento de Trujillo contra Betancourt.
El 24 de junio de 1960, día de las Fuerzas Armadas en Venezuela, al conmemorarse un nuevo aniversario de la Batalla de Carabobo, se produce el atentado de la Avenida de los Próceres en Venezuela, con el avieso propósito por parte de Trujillo de provocar la muerte de su Presidente democrático Rómulo Betancourt y producir un derrocamiento de su gobierno.
Para la materialización de tan demencial propósito, a través de Johnny Abbes García, Trujillo había contratado los servicios de los venezolanos Juan Sanoja, residente en Santo Domingo y de Morales Luengo, Capitán del Ejército venezolano, quienes colocaron en la Avenida de los Pròceres, un carro marca Oldsmobile, modelo 1954, conteniendo en su interior una carga explosiva equivalente a sesenta kilos de TNT.
La espantosa explosión de la carga de la dinamita sincronizada con un aparato de microondas, hizo volar en llamas los carros del Presidente y de su comitiva, incluyendo al Ministro de Defensa a y su esposa. El Jefe de la escolta militar murió. Los demás recibieron graves quemaduras, entre ellos el propio Betancourt, quien todavía a los 19 meses del atentado, conservó sus manos casi inhabilitadas por las graves quemaduras.
A pesar, no obstante, de tan considerables heridas , Betancourt pudo salvar milagrosamente la vida, pero tan temeraria y criminal acción, no sólo produjo la más contundente repulsa continental en contra del régimen trujillista, sino que también, fue minando la confianza en sus dotes de gobernante, por parte de varios de sus colaborares más íntimos y prudentes. A este respecto, refiere un testigo de entero crédito, que al momento de enterarse del atentado, Modesto Díaz exclamó: “¡No hay dudas, Trujillo está loco!”
En la sesión del Consejo Permanente de la OEA efectuada el 6 de julio de 1960, el Representante Permanente de Venezuela Embajador Marcos Falcón Briceño solicitó mediante Nota la convocatoria de urgencia del Órgano Permanente, de conformidad con el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), a fines de que fueran considerados actos de agresión e intervención del gobierno dominicano contra Venezuela.
Refería la indicada Nota que “los actos de intervención y agresión del Gobierno de la República Dominicana contra el Gobierno de Venezuela constituyen un desafío al sistema interamericano y una negación de los principios fundamentales del derecho internacional público”.
El 8 de julio el Consejo Permanente aprobó la Resolución mediante la cual se convocaba al Órgano de Consulta, quien se constituyó con carácter provisional en el referido Órgano, procediendo a otorgar la debida autorización al Presidente para designar una comisión que investigara los hechos denunciados y sometiera el correspondiente informe.
En la posterior sesión del 29 de julio de 1960, otra Resolución del Consejo Permanente dispuso que la Sexta Reunión de Consulta se celebrara en San José de Costa Rica el 16 de agosto de 1960. De este modo, se dio comienzo a uno de los episodios más intensos y memorables de la diplomacia interamericana: la VI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, la cual tuvo notable repercusión en acelerar el aislamiento del régimen y, en gran medida, junto a otros importantes acontecimientos, su declive inexorable.
Para hacer frente a un desafío diplomático de tanta envergadura, fue designada por parte del régimen una delegación de altísimo nivel integrada por el entonces Secretario de Estado de Relaciones Exteriores Porfirio Herrera Báez; el Embajador Virgilio Díaz Ordóñez, Representante de la República Dominicana ante el Consejo Permanente de la OEA; el Embajador Ambrosio Álvarez Aybar, Miembro de la Comisión Consultiva de la Cancillería; Arturo Despradel, Ex. Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; el Embajador Temístocles Messina, Encargado del Departamento de la ONU, la OEA y Organismos Internacionales; el Embajador Armando Oscar Pacheco, Encargado del Departamento de Asuntos del Caribe de la Cancillería; Víctor Fernández Jiménez, Encargado de Negocios de la Embajada Dominicana en San José de Costa Rica y Rafael B. Lantigua y Rafael A. Pinedo, ambos funcionarios de la Cancillería.
El 16 de agosto de 1960, la misma fecha en que daba inicio la VI Conferencia, Trujillo, consciente de la gravedad del momento político y procurando dar una señal de aparente renovación, decide que su hermano Héctor Bienvenido Trujillo renuncie al cargo de Presidente, alegando problemas de salud, pasando a ocupar la Presidencia Joaquín Balaguer, hasta entonces Vicepresidente.
Los ataques contra la República Dominicana en la VI conferencia no podían ser más furibundos, sobre todo por parte del Canciller venezolano Ignacio Luis Arcaya, quien pidió formalmente al resto de las naciones que integraban la OEA, romper relaciones con la República Dominicana, declararla “nación agresora” y disponer contra ella todo tipo de sanciones.
Según su enérgica postura: “no podemos ya dar ninguna clase de ayuda que sostenga la dictadura de la República Dominicana… la continuación de la existencia del gobierno actual de la República Dominicana es una amenaza para todo el continente”.
Encaró duramente el “…odio de un gobierno que es la suma de todos los entuertos y la personificación de todos los atropellos…un gobierno que por más de tres decenios ha hecho de una nación el feudo familiar del déspota que juega con el poder como un globo trágico, que cambia de manos dentro de un mismo nepotismo, frente a la miseria y el dolor de su pueblo…un gobierno que se distingue de todas las tiranías que ha padecido el continente, no solamente por la cuantía e inventiva de sus crímenes, que nadie en el mundo desconoce, sino por lo que constituye su peculiaridad: en lugar de limitarse a su papel de satrapía doméstica, cosa que ya de por sí es razón de oprobio universal, ese gobierno tiene un destino manifiesto de intervención criminosa en los asuntos de otros estados”.
Después de encendidos debates en que la diplomacia interamericana hizo gala de sus más aguzados recursos dialécticos, el 21 de agosto de 1960 la República Dominicana fue condenada enérgicamente, con 19 votos a favor y ningún voto en contra, en virtud de lo dispuesto en los acápites 6 y 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, por la participación de su gobierno en los actos que culminaron en el atentado contra la vida del presidente venezolano. Era la primera vez que se oficializaba la condena contra un país miembro de la OEA, desde su nacimiento en 1948.
Gracias, principalmente, a la postura de la delegación mexicana encabezada por su Secretario de Relaciones Exteriores Don Manuel Tello, las sanciones de la OEA no afectaron el suministro de alimentos y medicinas. No obstante, las mismas no podían ser más drásticas, a saber:
1) Ruptura de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros con la República Dominicana.
2) Interrupción parcial de las relaciones económicas de todos los Estados miembros con la República Dominicana, comenzando por la suspensión inmediata del comercio de armas e implementos de guerra de toda clase. El Consejo de la Organización de los Estados Americanos estudiará, según las circunstancias y con la debida consideración de las limitaciones constitucionales y legales de todos y cada uno de los Estados Miembros, la posibilidad y conveniencia de extender la suspensión del comercio con la República Dominicana a otros artículos.
3) Facultar al Consejo de la Organización de los Estados Americanos para que, por el voto conforme de dos tercios, deje sin efecto las medidas adoptadas en la presente resolución desde el momento en que el Gobierno de la República Dominicana haya dejado de constituir un motivo de peligro para la paz y la seguridad del continente.
4) Facultar al Secretario General de la Organización de Los Estados Americanos para transmitir al Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas una información completa sobre las medidas acordadas en la presente resolución.
De este modo, con la posición a favor de las sanciones por parte de los Estados Unidos, representada a la sazón por el Secretario de Estado Christian Herter, quedaba manifiesto que el régimen de Trujillo había perdido el respaldo de su más connotado protector lo mismo que de toda la comunidad interamericana.
Cinco días después, el 26 de agosto, Estados Unidos rompería formalmente relaciones con la República Dominicana al tiempo que el Departamento de Estado pedía a la República Dominicana que retirara su misión diplomática de Washington.
La situación no podía ser más dramática para el régimen. El verbo alado de Virgilio Díaz Ordoñez, agudo y vibrante, resonaría entre sus pares:
“Cuando ya parecía que con el siglo XIX había quedado cerrado el cofre de las desventuras de la buena tierra dominicana, el siglo XX presenció la triste resurrección de nuestros dramáticos avatares y, entre 1916 y 1924, con la intervención militar de los Estados Unidos de América del Norte, asistimos al segundo sojuzgamiento de nuestra patria por las voluntades y por las fuerzas de naciones de nuestra propia América”.
El Consejo Permanente de la OEA había designado en fecha 21 de septiembre de 1960, dando cumplimiento a los mandatos recibidos, una Comisión Especial integrada por representantes de Panamá —que la Presidía—, Honduras, México, Ecuador, Estados Unidos y chile a fines de dar seguimiento a la situación dominicana y rendir el informe correspondiente.
El referido informe fue emitido el 19 de diciembre de 1960 y en el mismo se concluía, en esencia, que “ningún cambio significativo se había producido por parte del gobierno dominicano en lo concerniente a los principios que sustentan el Sistema Interamericano”.
En virtud de lo expuesto, sugería que no se justificaba “dejar sin efecto las medidas adoptadas por el Órgano Consulta” y que, antes bien, las mismas debían ser profundizadas, muy especialmente en el ámbito comercial”.
Un proyecto de resolución en tal sentido fue aprobado el 4 de enero de 1961. En el mismo se establecía que:
El Consejo de La Organización de los Estados Americanos, Atento a los términos del párrafo 1(b) de la Resolución I de la sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, y Visto el Primer Informe de la Comisión Especial para dar cumplimiento a la mencionada Resolución, RESUELVE:
1.Que es posible y conveniente que los Estados Miembros de la Organización signatarios del Acta Final de la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores extiendan la suspensión de su comercio con la República Dominicana a las exportaciones de los siguientes artículos:
- a) Petróleo y productos derivados del petróleo.
- b) Camiones y Piezas de repuesto.
c). Solicitar de los mencionados Estados Miembros que, en relación con el párrafo anterior, tomen medidas para evitar que desde sus territorios se reexporten los citados artículos a la República Dominicana.
- Solicitar a los Gobiernos de los Estados Miembros que comuniquen al Presidente del Consejo de la Organización las medidas que tomen con respecto a la presente Resolución a fin de mantener informado sobre el particular al propio Consejo y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo, continuó la batalla contra el levantamiento de las sanciones. Betancourt estuvo siempre vigilante.
A la luz de lo expuesto, puede colegirse cómo al iniciar el año 1961, el régimen de Trujillo se encontraba internacionalmente aislado al tiempo que se acrecentaban las presiones internas, luego, especialmente, del apresamiento, persecución y tortura de los jóvenes integrantes del movimiento clandestino 14 de Junio, y muy especialmente, el brutal asesinato de las hermanas Mirabal.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo, Betancourt y la diplomacia venezolana, enfilarían sus cañones a combatir los remanentes del orden tiránico que durante más de tres décadas sojuzgó la libertad del pueblo dominicano.
Las riendas del poder- al menos de forma de transitoria- habían quedado en manos de Ramfis Trujillo, el niño mimado del tirano.
Ramfis, llevado de la mano por Rubirosa, había comenzado a coquetear con la demagogia. Cuando desde la revista “Elite”, de Venezuela, vinieron a entrevistarle a San Isidro, no tuvo empacho en afirmar: “Yo me considero un socialista moderado”.
Betancourt sabía que en aquellos momentos de confusión e incertidumbre política, los norteamericanos jugaban a la carta Balaguer- Ramfis. A Estados Unidos se dirigió Rubirosa, procurando convencer a Kennedy de las buenas intenciones de Ramfis, para lo cual, no tuvo reparo alguno en acercarse a la casa de campo de la familia Kennedy, cual si se tratara de un misionero itinerante.
A decir de Saillant, estas fueron las expresiones del Casanova dominicano ante Kennedy“ El pueblo dominicano se está muriendo de hambre… Si las cosas siguen así, el país caerà en manos del comunismo internacional, convirtiéndose en la segunda base de la segunda infiltración roja en el Caribe. ¡El pueblo tiene hambre!”.
De ahí la firmeza política y diplomática de Betancourt en contra del levantamiento de las sanciones. Según sus contundentes expresiones: “…mientras haya uno solo de los Trujillo en puestos claves en Santo Domingo, las sanciones no serán levantadas. Si eso sucediera, Venezuela, incluso estudiaría la posibilidad de retirarse de la OEA”.
Y agregaba: “Nunca los trujillistas ladrones y asesinos sintieron preocupación ni escrúpulos ante el hambre de su pueblo. Hambre esta que se origina precisamente en las depredaciones y las retaliaciones de esta gente. Las sanciones no serán levantadas mientras haya uno sólo de los Trujillo en el País”.
A pesar de los cabildeos y diligencias de Ramfis, Rubirosa y sus secuaces, las sanciones continuarían. Tras la primera visita de la Subcomisión de la OEA a la República Dominicana, fue presentado un informe por la Comisión Especial ante el Consejo de la OEA en fecha 11 de agosto de 1961.
En el referido informe de la Subcomisión, se estimó “prematuro determinar el grado de cambio que haya ocurrido en el gobierno de la República Dominicana, para los efectos de establecer, si dicho gobierno sigue o no constituyendo un peligro para la paz y la seguridad del continente”.
En tal virtud, la Comisión consideró necesario “continuar observando el desenvolvimiento de los acontecimientos en la República Dominicana”.
En su sesión del 7 de septiembre de 1961 la Comisión Especial, determinó que una segunda visita de la Subcomisión se realizara a partir del 12 de septiembre permaneciendo hasta el 1 de octubre de 1961. El 10 de noviembre la subcomisión sometió su segundo informe a la Comisión Especial, sugiriendo, como en ocasiones anteriores, la continuidad de las sanciones.
Ante aquel evidente fracaso, Ramfis llamó a sus tíos, para entregarle “el sartén ardiendo”, como expresara un destacado autor, no sin antes agregar a su abominable prontuario criminal, la muerte a mansalva en Hacienda María de varios de los héroes del tiranicidio, aquel fatídico 18 de noviembre de 1961.
El golpe del 19 de noviembre de 1961, dado por el General Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, su hermano Santiago, el apoyo de Rafael F. Bonnelly, Tapia Espinal y las maniobras audaces de Calvin Hill y Balaguer, entre otros, pusieron fin a los propósitos maquiavélicos de los Trujillo de continuar al frente del poder .
El año 1961 estaba concluyendo entre tensiones y conflictos. Era la búsqueda incesante de nuevos reacomodos y posicionamientos en el escenario nacional emergente tras la densa noche de 31 años.
Entre finales de noviembre y parte de diciembre, es convocada la huelga general, liderada por Unión Cívica Nacional, con el propósito de acelerar la salida de Balaguer y motivada por sus reservas de que se acrecentera el liderazgo de Rodríguez Echavarría y una posible entrada al ruedo político de Antonio Imbert y Luis Amiama Tiò, al salir de su escondite.
Los cívicos, bajo el liderato de Viriato Fiallo, no ocultaban sus aspiraciones de alcanzar el poder. El día 26 de noviembre de 1961 dirigen una carta a Balaguer en la cual solicitaban la designación de Viriato como Secretario de Las Fuerzas Armadas, paso inmediato, para que en el orden de sucesión del poder establecido constitucionalmente, Balaguer resignara el poder y asumiera Fiallo la Presidencia de la Repùblica.
Con su proverbial astucia, Balaguer desarticularía la propuesta de los cívicos. En su típico estilo, no negaba otorgarle su anuencia , pero le hizo manifiesto que la misma, dada su delicadeza, debía consultarla con la alta jefatura de las Fuerzas Armadas.
Por aquellos días, Betancourt envió al país al Senador Pérez Segnini para que ofreciese sus buenos oficios en la búsqueda de una solución efectiva y le informase, en forma objetiva, de los personajes y de las circunstancias dominicanas.
Pérez Segnini le ofreció el informe. Algunos “adecos” fustigaron con dureza a Pérez Segnini por haber expuesto con franqueza sus impresiones reales sobre la situación del país, en las cuales no salían del todo bien parados algunos de los patriarcas de la política dominicana.
Para el mes de noviembre, también había estado visitando el país en misión especial – aunque de forma subrepticia- el destacado historiador y diplomático Don Arturo Morales Carrión, entonces con altas responsabilidades para asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado y hombre de confianza de Kennedy, con el propósito de entablar conversaciones con el liderazgo político dominicano de cara a procurar una solución transicional a la compleja situación existente.
Es cuando surge la fórmula del Consejo de Estado, plasmada en la reforma constitucional de diciembre de 1961, el cual terminaría asumiendo el poder al iniciar enero de 1962, concentrando en su seno el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y con la responsabilidad de organizar elecciones libres a más tardar en el mes de diciembre de dicho año.
El principio del fin de las sanciones
Luego de la visita al país de Morales Carrión, el 4 de diciembre de 1961, una Comisión Especial recomendó mediante Resolución al Consejo de la Organización de Estados Americanos el levantamiento de las sanciones que gravitaban contra la República Dominicana.
En la misma se indicaba estar de acuerdo con el tercer informe rendido por la Subcomisión Especial, conformada por los Embajadores Augusto G. Arango, Embajador de Panamá; Vicente Sánchez Gabito, Embajador de México; Carlos A. Clulow, Embajador de Uruguay; Alberto Zuleta Ángel, Embajador de Colombia; John J. Muccio, Embajador de Los Estados Unidos; Aluysi Regis Bittencourt, representante de Brasil; Francisco J. Oyarzin, representante de Chile, y Celeo Dávila, Embajador de Honduras.
El referido texto consignaba que la República Dominicana “ha dejado de constituir un peligro para la paz y la seguridad del continente” por lo que en su parte resolutiva recomendaba disponer se dejaran sin efectos las medidas acordadas por sexta reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores…y la Resolución del Consejo de la OEA del 4 de enero de 1961”.
Entretanto, Betancourt estimó objetivo e imparcial el informe que le fuera presentado por el senador Pérez Segnini, su enviado a la República Dominicana, y convencido de que con la fuga apresurada de los más destacados personeros de la satrapía habría de reorientarse Santo Domingo hacia un régimen representativo y democrático, instruyó a la representación diplomática venezolana en la persona de Falcòn Briceño, a emitir el voto favorable al levantamiento de las sanciones contra la República Dominicana.
Dichas sanciones serían levantadas formalmente el 4 de enero de 1962 y dos días después, John Calvin Hill, presentaba Copias de Estilo al Canciller Ambrosio Alvarez Aybar, reanudándose de este modo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Dominicana.
A decir del Presidente Kennedy “el pueblo dominicano y sus dirigentes confrontan una gran y rara vez presentada oportunidad: la construcción de una sociedad democrática sobre las ruinas de una tiranía. Es una noble tarea pero no es fácil…”.
El Embajador Eduardo Sánchez Cabral, en su discurso ante la OEA del 4 de enero de 1962, al anunciarse el levantamiento de las sanciones, reconocería en palabras justicieras, el protagónico papel jugado por Rómulo Betancourt para acompañar la incipiente democratización del pueblo dominicano en aquellos momentos decisivos de nuestra transición política: “representativo máximo de todo el esfuerzo de América en nuestro favor lo fue sin ninguna duda Rómulo Betancourt, que sufrió en carne viva el odio implacable del tirano. Su acción enérgica, persistente y eficaz fue la más decisiva contribución a nuestra causa”.