A raíz del escándalo de corrupción destapado por los reconocidos sobornos de Odebrecht y la detención del primer grupo de imputados, son muchos quienes se preguntan qué puede pasar con los partidos del sistema político dominicano a partir de este episodio.
Solo leer el expediente que sustenta las acusaciones de la Procuraduría General de la República es suficiente para convencerse de que este –con todo y sus evidentes errores y sospechosas debilidades– acarreará consecuencias, pues a pesar de que la percepción generalizada es que “ahí no está todo el que es ni es todo el que está”, el grupo de 14 implicados es representativo del espectro político dominante en el país: Un ministro del gobierno actual, varios exministros y funcionarios peledeístas, perredeístas y perremeístas. Es decir, que todo indica que el lodo salpica a miembros importantes de al menos tres partidos considerados como “mayoritarios”.
Para muchos, existe una lectura distinta: el sometimiento del conjunto de imputados responde a una estrategia oficialista de diezmar a la vez la oposición interna y externa, pues la mayor parte de ellos pueden relacionarse con el expresidente Leonel Fernández y con el Partido Revolucionario Moderno. Incluso, de paso salpicar la imagen de la Marcha Verde.
La reacción ha sido tardía, dispersa, incoherente y fuera de toda estrategia. Pareciera que los partidos, que se supondría sabían hace rato que esto llegaría, apostaron a que el desenlace fuera como siempre, espuma sin chocolate. Es como si pensaron que “eso se maneja”, o simplemente no le prestaron la atención necesaria, dado que aquí el Poder blinda a quienes lo detentan.
Pero la cosa no parece tan simple. La encrucijada no deja mucho espacio a la práctica instituida de amagar y no dar. Los recursos usados tradicionalmente para garantizar impunidad pueden verse limitados por la presión interna, con un Movimiento Verde que se muestra fuerte en las calles, que empezó temprano con dos demandas muy específicas y aglutinadoras: fin de la corrupción y la impunidad.
Por otro lado, el influjo de los resultados de las investigaciones realizadas por la justicia brasileña, que es más efectiva y sólida que la nuestra, y Estados Unidos, que no le perdona a los políticos dominicanos que hayan hecho negocios con los cariocas (Odebrecht y Tucanos), en detrimento de su consabida creencia de que el filete de nuestros negocios es para ellos, y las demás piezas, también.
Si la justicia nuestra no muestra la actitud de castigar a los que resultaren culpables de las imputaciones de soborno, aunque resulta feo decirlo, Estados Unidos está ahí como opción para juzgar, condenar o guardar expedientes para usos estratégicos a futuro. El otro tema es que la justicia y el gobierno dominicanos quedarían expuestos ante el país, pues Brasil haría públicos los datos de su investigación y allí se comprobaría quiénes son los implicados y cuál su nivel de responsabilidad.
Entonces, dado el panorama, es más que obvio que “algo pasará” con el caso Odebrecht. Alguien pagará, aunque sea bagatela, y nada quita que ese “alguien” no se sienta con la vocación de inmolarse, de echarse solo la carga de todos, y entonces arrastre a “los otros”. Y eso es lo que hemos empezado a ver recientemente.
El comunicado del renunciante ministro de Industria y Comercio y Pymes, Temístocles Montás, ha remeneado el panal, y de inmediato se vislumbra un enfrentamiento entre sectores dentro del mismo PLD, pues aparte de mencionar como responsables a varias figuras claves de los gobiernos de ese partido, ha dejado establecido que recibió dineros de Ángel Rondón para financiar campañas electorales moradas. Vicente Bengoa no lo dejó adobar mucho, y respondió afirmando que las aseveraciones de Montás son “malintencionadas” y “falsas”. Otros miembros del mismo bando han ripostado igual.
En este río revuelto, todos pretenden pescar. El gobierno quiere salir ileso, y de paso, debilitar cualquier oponente. Leonel Fernández, aunque ha tardado mucho para reaccionar, ha publicado este lunes un artículo “docente”, dedicado básicamente a explicar que la corrupción no es nada nuevo ni tampoco un lujo dominicano, para concluir expresando su esperanza de que el Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia actúe “con absoluta imparcialidad e independencia”.
Del lado del PRM, la reacción ha sido dispersa, confusa y descoordinada. Parece que el plan de pesca se les complicó con las imputaciones a figuras importantes de esa parcela. Mientras, Guillermo Moreno ha proclamado que en el expediente faltan figuras claves como el presidente Danilo Medina, los exmandatarios Leonel Fernández e Hipólito Mejía, los legisladores Reynaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo y Abel Martínez, entre otros.
Definitivamente, todos quieren pescar, pero no se vislumbra el modo, porque el plan no está claro. Lo que si está clarísimo es que el lodazal Odebrecht no dejará limpio, ni en el mismo lugar, a casi ningún partido, sobre todo al oficialista Partido de la Liberación Dominicana.