“No existe pequeña o gran corrupción. La corrupción es una actitud ante la vida, que es dañina de por sí, porque abusa de los derechos y relaja los deberes de los miembros de la sociedad”.

La literatura sobre la integridad y el combate a la corrupción emanadas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como de expertos de organismos internacionales y de los propios funcionarios de las aduanas a nivel mundial, aceptan como bueno y valido el principio de que la aduanas son las instituciones más corruptas de las entidades públicas. Únicamente una muestra de los estudios y a través de ellos de los indicadores de medición de la corrupción son la mayor evidencia de como este flagelo está posicionado en todos los trámites y la transacciones que involucra a estas entidades.

El régimen de las aduanas en la República Dominicana se inscribe en la Ley No 3489, del 14 de febrero de 1953,  y la modificación realizada por la Ley 226-06 que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas. Es pertinente señalar que con esta última disposición se ampliaron los riesgos de corrupción en las aduanas, entidad encargada de la recaudación y administración de los tributos y los derechos relacionados con el comercio exterior y los tratados comerciales ratificados por el Estado dominicano.

Cuando nos referimos a riesgos de corrupción, describimos la posibilidad de que ocurra una conducta o comportamiento que pueda derivar en una inconducta ético-moral o en un ilícito penal, porque una entidad es vulnerable a la corrupción cuando los  factores e indicadores de riesgos están presentes, la posibilidad de ocurrencia es alta y el daño que causaría es elevado e inminente.

Los factores más relevantes y visibles en las operaciones ilícitas son las siguientes:

  • Acelerar el procesamiento de documentos.
  • Aceptar una declaración de país de origen falsa, para beneficiar un importador con un régimen tarifario preferencial.
  • Solicitar y aceptar obtener tratamiento preferencial o liberación rápida de procedimientos.
  • Solicitar y aceptar pago para omitir la inspección.
  • Solicitar pago para obtener una declaración de bienes por monto menores
  • Falsedad en documentos públicos de gestión aduanal
  • Trafico de influencia para liberal mercancía de ingresos
  • Subvaluaciones de las mercancías, entre otros.

Por eso las instituciones de recaudación como las aduanas, son lugares apropiados para que los ilícitos (contrabando, evasión, elusión, soborno) prosperen, al tiempo que se convierten en entidades codiciadas y anheladas para los que entienden que las posiciones públicas son recompensas por su trabajo político y una oportunidad para el enriquecimiento ilícito y sin causa.

Dentro de las instituciones más apetecidas para la acumulación originaria de capitales se encuentra las aduanas (Portuarias, Aeroportuarias, Terrestre), donde intervienen otras agencias del Estado, que operan de forma autónoma e independiente, así como de grupo de interés (Importadores, Exportadores, Agentes de Aduanas, Clientes) y en la mayoría de los casos realizan sus actividades que implícitamente acusan prácticas de corrupción.

La evasión fiscal y los ilícitos aduaneros son parte de la cotidianidad en las aduanas de la República Dominicana, por eso existen altos niveles de corrupción y si analizamos la entidad, su entorno,  los actores internos y externos en los cuales desempeña sus funciones, la naturaleza y tamaño de la entidad, la interacción con usuarios, la discrecionalidad y la falta de transparencia en sus actuaciones administrativas, financieras y de gestión, nos encontramos en un entramado de intereses, acciones ilícitas y hechos delictivos que afectan el desenvolvimiento del Estado y los niveles lícitos de recaudación impositiva.

En ese sentido, no es casual que históricamente en las aduanas registramos múltiples casos de corrupción, una muestra que refleja las irregularidades en los diferentes procesos, la inoperancia de los organismos de control, los vacíos legales, la impunidad, la complicidad y la cultura corrupta de unos servidores públicos enquistados  en el engranaje institucional, con un desmesurado interés particular por encima del colectivo y que actúan en representación de agentes externos al interior de la institución, que deben ser conocidos e identificados como Puertas Giratorias[i], porque constituyen el mayor riesgo de corrupción.

En ese sentido los factores internos que generan condiciones propicias para la corrupción en dicha entidad, encontramos: la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, controles débiles e inexistentes, procesos y procedimientos vulnerables, un sistema de reclutamiento y contratación de personal que obedece a criterios partidarios y de interese políticos o económicos, la disparidad salarial, la distribución y entrega de multa como incentivo para el cumplimiento de su deber y la ausencia del cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Informacion Pública.

La presencia de riesgo de corrupción en la Dirección General de Adunas son elevados, la probabilidad de la ocurrencia de hechos o actos de corrupción son producto de factores internos y externo y el relacionamiento entre ambos, además se potencia la probabilidades cuando no se cuenta, ni se implementan políticas y herramientas que permitan reducir y administran estos riesgo al interior de la organización.

La administración de los múltiples riesgo presente en una entidad compleja como las aduanas, ameritan una política definida, clara, coherente entre la teoría y la acción, que la misma este respaldada por la alta dirección del Estado y por una dirección con una firme voluntad de erradicar las prácticas de corrupción alojadas en las estructuras, procesos y procedimientos de la entidad.

Es fundamental apoyar las iniciativas impulsadas al interior de la institución orientadas a la ejecución de buenas prácticas, al tiempo que debe aplicarse las debidas sanciones a los imputados de acciones dolosas, sean estas administrativas o penales, que permita separar y erradicar a los funcionarios que en posiciones de dirección, promueven, estimulen y asumen prácticas corruptas, dando paso a la implementación de guías de conducta o códigos de éticas y procesos de formación en el marco de la ética y la moral.