La Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que los sistemas de contratación pública repercuten de forma significativa en el uso eficiente de los fondos públicos y, en términos más generales, en la confianza pública en los gobiernos y en la gobernanza; sin embargo, la contratación estatal es una de las actividades con mayores riesgos en la gestión pública, que afecta no solo el aspecto económico sino también social de un país. Cuando estos riesgos no cuentan con mecanismos de mitigación, se afecta la consecución de los objetivos propios del Estado que es obtener bienes y servicios para la satisfacción de una necesidad y el interés general.
Uno de los riesgos más predominantes en la contratación pública son las fallas en la planeación de la contratación que muchas veces trae consigo el análisis inadecuado de las necesidades por parte de las instituciones requirentes, afectando el control del gasto y la obtención de bienes y servicios adecuados asegurando el precio y la calidad, esto en muchas ocasiones debido a la falta de planificación de las instituciones públicas conforme los objetivos institucionales y al incumplimiento de la ejecución de los planes anuales de compras y contrataciones (PACC).
Este incumplimiento provoca el incremento en los costos de las adquisiciones, desincentiva la competencia, falta de estudios previos del mercado y precios, aumenta la incertidumbre en el proceso, además dichas compras al no estar programadas no se contemplan previamente en el presupuesto por ende se dificulta el pago a los suplidores, crea cuellos de botella e ineficiencia a la hora de realizar procesos y no permite el monitoreo efectivo. Además, al no contar con una supervisión del cumplimiento de estos planes se puede crear falsas necesidades, no alineadas a los objetivos institucionales.
Para mitigar los riesgos tendentes a este factor se debería contar con planes anuales de compras reales, alineados a objetivos y cuya contratación de bienes y servicios sean cumplidos conforme a lo programado y presupuestado, para esto es importante supervisar, gestionar, medir y fiscalizar los presupuestos y planes. Cumplir con estos planes anuales de compras (PACC) no solamente ayudará a las instituciones contratantes a organizar mejor sus procesos, fomentar la competencia, reducir riesgos y eficientizar el gasto, sino que por otro lado, permite a los proveedores del Estado gestionar mejor su inventario, organizar su estrategia de ventas, negociar con mayoristas para ofertar mejores precios al Estado, disminuir la incertidumbre y conocer el patrón de compra de las instituciones para ofertar bienes de mejor calidad, ya que a medida que aumenta la competencia mayores son los beneficios que el Estado puede obtener.
Otro factor de riesgo predominante es el incumplimiento en el pago a suplidores en el tiempo estipulado, quienes no solamente deben aumentar los costos de los productos por la incertidumbre en la fecha de pago, sino que este riesgo puede fomentar prácticas fraudulentas para gestionar en un orden, según conveniencia, los pagos. Por otra parte, esto provoca que la cadena de suministro se vea afectada y podría además inducir, posterior a la contratación, ajustes de precios para mantener el equilibrio del contrato. Por su parte, en el contexto del proveedor del Estado este se ve afectado ya que esto puede impactar negativamente la operatividad del negocio, su capacidad de respuesta y causar en el peor de los escenarios la quiebra, principalmente de empresas MIPYMES.
Este riesgo está asociado en gran proporción a un falta régimen de consecuencias por incumplimiento de los compromisos de pago pactados, pero también a la inexistencia de mecanismos que ayuden a disminuir este tipo de riesgos como la incorporación en el marco legal de derechos de los proveedores en caso de retraso de pago, solo por mencionar una medida.
Otro factor de riesgo se produce en el gerenciamiento de contrato, pues conocemos cómo inicia un proceso de contratación pública, pero no sabemos cómo termina, y por ende no es posible ni la fiscalización adecuada ni medir el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme fue convenido previamente en los pliegos de condiciones y la adjudicación. Una manera de disminuir los riesgos es crear herramientas eficientes para el manejo de contrato, establecer mecanismos de alertas y fiscalización por parte de los órganos de control y de la ciudadanía, reforzar el régimen de consecuencias, y canales efectivos para denuncias de incumplimiento contractual, esto no solamente permitirá conocer qué sucede luego de que se firma el contrato, sino que sirve de aprendizaje para mejorar los futuros procesos.
El último riesgo que trataremos, sin limitar otros importantes, son las prácticas fraudulentas, como la corrupción y colusión, que son problemas dentro de la contratación pública que amenazan la integridad del proceso y provocan un des aceleramiento al crecimiento económico, genera desigualdad social y debilita el sistema.
En definitiva, para mitigar los riesgos en la contratación pública se debe contar con un régimen de denuncias efectivo, herramientas de análisis de datos, mecanismos de incentivar la participación y competencia entre proponentes, profesionalización de los funcionarios envueltos en la contratación pública donde éstos cuenten con la preparación técnica para cada nivel de aprobación en el ciclo de la contratación e independencia de los funcionarios que llevan a cabo los procesos y la aplicación de la práctica del compliance. En ese sentido, como buena práctica internacional algunos países cuentan con sistemas donde las compras y contrataciones públicas están centralizadas en agencias del gobierno y cuyos oficiales son altamente capacitados y certificados y descentralizados que aseguran la imparcialidad de las contrataciones.
Es importante contar con una auditoría del proceso de compras y contrataciones no solamente para comprobar su cumplimiento sino también para evaluar el desempeño. No es posible el desarrollo del sistema sin que existan herramientas para la mitigación de riesgos, pero para ello se requiere una visión integral del sistema desde la etapa de preparación hasta la satisfacción de la necesidad y la identificación de los riesgos que pueden derivarse de la contratación pública.