El pasado domingo 24 de septiembre la Casa Blanca emitió el nuevo veto migratorio para nacionales de algunos países, entre los cuales fueron adicionados Corea del Norte, Chad y Venezuela, excluyendo a Sudán, pero manteniendo a Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Ahora, ya se puede notar que no es una disposición religiosa-política, tal y como interpretaron muchas personas, pues en la primera y segunda lista todos los países eran musulmanes. Las autoridades norteamericanas siempre han sostenido que las razones de la aplicación de estas sanciones no tienen nada que ver con la religión, sino más bien por el hecho de que esos países no comparten informaciones de seguridad pública y terrorismo de forma adecuada, así como su falta de cooperación a la hora de verificar si sus ciudadanos suponen amenazas para la seguridad nacional.
La primera lista fue emitida el 27 de enero de este año 2017, apenas pocos días después de que el presidente Trump llegara a la Casa Blanca. La segunda fue firmada en marzo, con ciertas restricciones tras algunos reveses judiciales. Ese último excluía a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original. Indicando, además, que durante 90 días estarían vigentes restricciones para ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió su entrada en vigor y dió discrecionalidad al Ejecutivo para definir sus propias normas de aplicación, pero programando una audiencia para mediados de octubre en la que se determinará su legalidad.
La tercera orden, no escapa a tener que afrontar situaciones en los tribunales. Aunque no es un mero impedimento de viaje conjunto a esos países, sino que marca restricciones particulares para cada uno, aunque la mayoría de los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte tendrán, de manera indefinida, el ingreso a los Estados Unidos.
La Casa Blanca ha reiterado que la intención se basa en "mejorar las capacidades y procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas u otras amenazas a la seguridad pública". Además, las limitaciones no tendrán impacto en aquellas personas que ya dispongan de un visado estadounidense: "No hay ningún plan para revocar ningún visado que sea válido".
Resulta extraño que Corea del Norte no fuera incluido desde la primera lista, dada la abierta hostilidad que se manifiesta ese país a los Estados Unidos y sus aliados. Su inclusión ha sido justificada por la falta total de cooperación y no satisfacer los requisitos de comunicación efectiva para prevenir actos terroristas. En tal sentido, la entrada de nacionales norcoreanos queda suspendida, en calidades de inmigrantes y no inmigrantes.
Para Chad, un país aliado a los Estados Unidos, que ha quedado incluido por el hecho de que en su territorio operan muchas y variadas células terroristas, siendo su política de erradicación muy débil, lo que afecta la cooperación efectiva. Así los nacionales chadianos no podrán visitar territorio estadounidense como Inmigrantes y No Inmigrantes por negocios o turismo.
Para el caso particular de Venezuela, se adiciona que su gobierno no muestra colaboración en la recepción de sus nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos. Las restricciones se enfocan en aquellos funcionarios del Gobierno de Venezuela que tienen la responsabilidad de superar o limitar las deficiencias y faltas identificadas.
En tal sentido, prohíben la entrada a los Estados Unidos de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esta limitación aplica para la familia inmediata de esos funcionarios que pretendan viajar como no inmigrantes con visados de negocios o de turista.
Esta decisión deteriora aún más la complicada relación entre Miraflores y la Casa Blanca, la cual ya ha castigado en los últimos meses al régimen chavista con inclusiones en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC) por sus siglas en inglés y otras sanciones por aupar la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), atribuyéndole poderes para estructurar una nueva Constitución que les garantice la permanencia en el poder y el uso discrecional del mismo. Esto elimina el peso de los legisladores opositores, lo se torna en una dictadura.
La banca internacional debe considerar hacer negocios con las personas citadas en las listas contenidas en la última orden Migratoria, dado a que puede incrementar el riesgo de ser vinculadas a posibles casos de financiamiento del terrorismo y lavado de activos o simplemente perder sus cuentas de corresponsalías en Estados Unidos. Esto aplica tanto para nuevos negocios como para los preexistentes e implica el adoptar debidas diligencias ampliadas que limiten el uso de testaferros y que denoten los beneficiarios finales.
Se ha indicado que la entrada en vigor de la nueva disposición está programada para el 18 de octubre.