Se destaca que en la República Dominicana ninguna organización política se propone llegar a la dirección del Estado por un camino que no sea la vía electoral.
Además se había estado reclamando por muchos años una nueva ley electoral así como una ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El 15 de agosto de 2018 se aprueba la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y el 18 de febrero de 2019 la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19.
Después de la caída de la dictadura de Trujillo hace 58 años es ahora que se terminan de definir con relativa claridad las bases de la democracia electoral en la República Dominicana.
¿Es suficiente?
Para que sea suficiente se necesita que las personas a ser elegidas a los distintos niveles auténticamente asuman como su tarea central contribuir con el desarrollo nacional y que no sea esa una vía más de búsqueda de ilegítimas ventajas personales. Además de que las y los principales líderes tengan un clara comprensión y compromiso respecto a lo que hay que hacer efectivamente para avanzar, es decir que ha de existir más allá de las instancias y organizaciones de la democracia electoral en su liderazgo un muy serio compromiso social y claridad en cuanto a los objetivos y estrategias para el desarrollo nacional.
Con respecto a quienes pueden ser elegidos o quienes han de asumir los distintos liderazgos o ambas cosas a la vez, lo primero que habría que desmontar si se procura el fortalecimiento de la democracia electoral es que las candidaturas hasta la fecha han estado muy asociadas la capacidad de financiamiento de quienes aspiran. Se han hecho cálculos de decenas o de cientos de millones de pesos de la que debería ser la “inversión” si se aspira a un puesto de elección, por lo cual muchas personas honestas y con verdadera vocación de servicio están más que impedidas para aspirar a cargos de elección.
Si se parte de la idea tal como se ha visto en distintos análisis que la revolución en cuanto un cambio radical y global en un relativo corto plazo es poco realista y menos aún practicable; pero conscientes de la necesidad de procurar la mayor eficacia y eficiencia en la velocidad de los cambios, lo cierto es que la democracia electoral requiere de una real cualificación a partir de las bases destacadas.
Hay que valorar, cuidar, cualificar y descontaminar la democracia electoral a partir de los más recientes avances y después de tan larga espera y convertirla en una efectiva vía para el desarrollo nacional.