En el año 2005 publiqué el semanario Clave Impreso, un artículo que titulé “El fracaso de las Elites Económicas”, prácticamente era una acusación directa a la clase dirigencial del país, que celebraron y respaldaron sin miramientos la adhesión de la República Dominicana al DRCAFTA, siglas en inglés para el Tratado de Libre Comercio entre Centro América EEUU y RD. Eran los convulsos años en que el Consenso de Washington tenía una severa influencia sobre América Latina y se discutía sobre comercio y Globalización. El mundo entero tenía sus ojos puestos sobre el Comercio, y la OMC encabezada en la ciudad de Doha, Quatar, una Ronda de discusión sobre reglas comerciales. Era todavía un mundo unipolar, el ALCA estaba con vida, y Estados Unidos reconfiguraba su área de influencia a través de estos acuerdos. Era un mundo distinto a éste, un mundo Pre—Chávez, donde los personajes como Putin o estaban comenzando a descollar. Demás está decir que Barack Obama, el Papa Francisco y Pepe Mujica eran tres absolutos desconocidos.
En el artículo en cuestión, el cual era la síntesis de años de estudio, discusión e incidencia alrededor de los temas de comercio, que realizamos al rededor del Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe, CIECA, desarrollábamos un enfoque de análisis de los posibles impactos del libre comercio basado en las diferentes y amplias asimetrías existentes entre los países firmantes del acuerdo, en especial el temas como: economías de escala, productividad, acceso a la tecnología, crédito preferencial, inteligencia de mercado, y por si no fuera poco, grandes subsidios que creaban condiciones de producción distintas entre las partes.
En otras palabras, entendíamos que el paradigma del libre comercio, que genera una competencia entre productores de diferentes países, sólo puede funcionar cuando no existan diferencias tan grandes que generen condiciones favorables para unos y desfavorables para otros. Ofrecer las mismas condiciones comerciales, a sectores productivos que son extremadamente diferentes, otorga un privilegio indirecto sobre los sectores con mayores ventajas y un perjuicio sobre los sectores en desventaja.
El resultado directo, inequívoco e inexpugnable de este proceso es el desplazamiento del mercado de aquellos productos o sectores en desventaja, por los sectores en ventaja, y ese desplazamiento, puede también llamarse desaparición; y la desaparición de sectores productivos significa la pérdida de cientos de miles de empleos y el aumento desproporcionado de la pobreza.
En el lenguaje de las reglas comerciales, el reconocimiento de estas asimetrías por parte de las políticas comerciales, se llama Trato Especial y Diferenciado (TE&D), lo que significa que los sectores en desventaja respecto a las asimetrías existentes entre los países, reciben una serie de concesiones y preferencias que le permitan equilibrar su situación y resistir o adaptarse los procesos de liberalización comercial. Es cierto que el DRCAFTA incluye un nivel de TE&D en especial para los sectores agropecuarios que constituyen los pilares de la seguridad y soberanía alimentaria del país, sin embargo, el TE&D contemplado en los esquemas de libre comercio, es absolutamente limitado, solo incluyendo la creación de Contingentes Arancelarios y la aplicación de Salvaguardias Especiales, en ambos casos estableciendo plazos y un procesos desgravación gradual progresivo. O sea, que los impactos se iban a sentir de una manera lenta, y que durante estos «plazos de gracia» los sectores se iban a preparar para competir. Hecho que no ocurrió.
El hecho cierto es que una década después, los temores que teníamos antes comienzan a hacerse realidad y ya se están sintiendo los impactos de la liberalización comercial. De 2005 a 2015 el déficit comercial del país creció un acumulado de 30% en el período de 2007 a 20015. Y si aislamos la exportación de minerales, y las de zonas francas, (sectores ya favorecidos por condiciones PRE-CAFTA) las exportaciones dominicanas quedan muy mal paradas.
Aunque el proceso de liberalización no ha concluido aún, los impactos sobre la producción comienzan a sentirse con la inundación de nuestros mercados de cientos de nuevas marcas y enormes cantidades de productos importados, sin que los precios disminuyan considerablemente, como vendieron erróneamente los promotores de este acuerdo. Los productores dominicanos ya están sintiendo, aunque aún tímidos, los efectos del libre comercio. El temor existente es que frente a las severas asimetrías existentes entre los países miembros, reflejada en precios más bajos, existe una condena de muerte que pesa sobre sectores que constituyen la columna vertebral de nuestra producción agropecuaria, pero también de la estructura económica y social del país.
Es por esta razón, que desde hace muchos años los sectores productivos han asumido la tarea de promover un proceso de Renegociación que permita una mayor compresión de las asimetrías y un nivel más profundo de Trato Especial y Diferenciado. Eso en un marco de negociación totalmente diplomática y de mutuo acuerdo entre las partes.
Esta «Revisión» fue una de las consignas principales bajo las cuales se fundó la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios CONFENAGRO, la cual ha mantenido una incesante lucha a favor de lograr este objetivo, alcanzando que el año 2011, la Cámara de Diputados emitiera una Resolución solicitando al Poder Ejecutivo un Estudio de Impacto de los efectos de este tratado a los fines de su posible revisión.
La respuesta del Poder Ejecutivo llegó cinco años después, y afortunadamente el 17 de septiembre de 2016, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 260—16, que aunque comete una serie de omisiones desde el punto de vista técnico, y algunos errores desde el punto de vista diplomático, especialmente en sus considerandos, es en su espíritu una pieza importante que muestra el interés del Presidente, y sobretodo muestra una voluntad de ocuparse de un tema que ha sido ignorado durante los últimos diez años, a pesar de que sólo lo ha ignorado la República Dominicana.
Estamos pues ante una importante encrucijada, que nos ofrece una gran oportunidad para REVISAR el Acuerdo, lo cual es totalmente posible y viable, (cuestión que abordaré con detalle en la próxima entrega de este artículo), pero sobretodo, debe significar una oportunidad para REVISARNOS NOSOTROS, que somos el país que menos ha aprovechado las ventajas del acuerdo y que más hemos sido perjudicado.
Esta es una gran oportunidad para elaborar y ejecutar verdaderas políticas agropecuarias que nos permitan proteger, mejorar y dar sostenibilidad a la agropecuaria dominicana, y además promover el mejor aprovechamiento de los potenciales del país en materia de los productores exportables, lo cual requiere la mayor atención posible. La suerte está echada, y solo depende de nosotros, ahora es CUANDO.