Emigración y diáspora dominicana
Conforme a los datos y estudios disponibles, la emigración de dominicanos al exterior es actualmente la principal problemática migratoria de República Dominicana en términos demográfico, económico y social, contrario a lo que aprecia la mayoría de los dominicanos. Su dimensión no ha está en consonancia con las prioridades del Estado dominicano en términos de políticas públicas sobre las migraciones internacionales, salvo el aprovechamiento de las remesas.
Si bien en los últimos años se han fortalecido los vínculos institucionales del país con la diáspora dominicana a través de la implementación del ejercicio del derecho al voto y representación parlamentaria en la Cámara de Diputados desde 2012 la creación por ley del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) y del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), para una efectividad integración de la población emigrante nacional en la gestión del Estado dominicano y un eficaz aprovechamiento por éste de su potencial y efectiva contribución al desarrollo nacional hay todavía un largo trecho por recorrer.
En términos de políticas migratorias, pese a que la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) incluye tres líneas de acción correspondientes al objetivo específico de “Promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional”, no contiene medidas explícitamente orientadas a desincentivar el enorme potencial emigratorio de la población dominicana -en particular entre el segmento juveni- ni las salida de dominicanos en condiciones de vulnerabilidad y precariedad.
En los Lineamientos del Programa de Gobierno 2020-2024 del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se le otorga una destacada relevancia a la diáspora dominicana al catalogar la emigración dominicana como “la más contundente evidencia del fracaso del modelo económico, político e institucional de garantizarle una vida digna a la población”, dedicándosele uno de sus 35 apartados –Una política hacia la diáspora-, en el que se delinean un conjunto de acciones que, de instrumentarse, propiciarían cambios significativos en los vínculos de la sociedad dominicana con esa comunidad residente en el exterior.
Los compromisos con respecto a la diáspora dominicana que hizo el PRM en su programa de gobierno se estructuran en cuatro vertientes: (i) protección y apoyo, (ii) vínculos culturales, (iii) aprovechamiento del conocimiento, y (iv) facilidades para el retorno al país. Entre las iniciativas o medidas de políticas delineadas se destacan la implementación de los mecanismos institucionales a través de los consulados que garanticen el respeto al derecho de los dominicanos de la diáspora y a su protección oficial; promover bancarización y la institucionalización de las remesas del dominicano en el exterior vía el Banco de Reservas; promover el establecimiento de oficinas de bancos dominicanos y otras instituciones de intermediación financiera privadas (bancos y cooperativas); explorar mecanismos financieros para que los activos de los dominicanos en el exterior puedan servir de garantía de crédito en RD; promover activamente la movilidad profesional y la circulación de talento, con inclusión del retorno de la diáspora para trabajar e invertir en el país; explorar mecanismos institucionales y de financiamiento para incentivar la participación de dominicanos residentes en el exterior con talentos y destrezas especiales que quieran aplicar su conocimiento; crear condiciones especiales para la adquisición de viviendas bajo Fideicomisos de proyectos de vivienda de bajo costo; promover la creación de espacios culturales como una herramienta fundamental para el intercambio social, cultural, intelectual y educativo y deportivo.
Para la implementación de este paquete de medidas el Gobierno de Abinader deberá fortalecer los servicios consulares, la relación entre los consulados dominicanos y las asociaciones de migrantes en los diferentes países de destino, crear o fortalecer el registro de dominicanos en el exterior acorde a lo establecido en la Ley de migración, hacer una revisión de los acuerdos y convenios bilaterales vigentes en materia de seguridad social, aumentar la cobertura de afiliación de la diáspora dominicana al SENASA fortaleciendo los mecanismos de identificación de las personas en condición de pobreza, ampliar el acceso de la diáspora a las becas para cursar estudios universitarios, y diseñar e implementar programas de reinserción de retornados deportados y voluntarios que faciliten la reinserción laboral de los primeros y el desarrollo de negocios y emprendimientos de los segundos.
Un especial desafío que tiene el Gobierno recién instalado es fortalecer las políticas públicas orientadas a la desincentivación o contención del potencial y real flujo emigratorio entre los jóvenes impulsado por razones económicas, sobre todo aquel que se produce en condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Para “remover las condiciones de exclusión, marginalidad y falta de oportunidades que prima en la sociedad dominicana de hoy y que empuja a esa población a emigrar para buscar mejorar sus condiciones de vida”, las políticas económicas – y en particular las de empleo- prometidas por el Presidente Luis Abinader deberán estar acompañadas de acciones que promuevan espacios de capacitación e información para desincentivar la emigración en condiciones de vulnerabilidad y la fuga de talentos jóvenes.