Envejecimiento y protección social

La contracara de la “explosión” demográfica de adolescentes y jóvenes y de la reducción de niños y niñas que ha vivido el país durante la transición demográfica ha sido el crecimiento de la población adulta mayor o envejeciente. Si bien actualmente la población de RD se encuentra en una etapa de envejecimiento moderado, en la que predominan los niños y los jóvenes, el proceso de envejecimiento ya está en marcha, se acelerará en esta década, a fines de esta alcanzará el millón de personas, y en la década de los años 40 entrará en la fase moderadamente avanzada, período que se caracterizará por un rápido aumento de las relaciones de dependencia de las personas mayores, entrando así en la etapa del denominado impuesto demográfico.

Si bien el envejecimiento demográfico no implica tratarlo como un problema en sí mismo, que sea factible y requiera por tanto ser corregido, plantea necesidades, retos y desafíos económicos y sociales presentes y futuros a los que se requiere dar respuestas con políticas públicas, y a nivel individual, el envejecimiento trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas mayores pueden necesitar los cuidados de otras personas debido a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad para llevar a cabo actividades de cuidado personal básico o tareas cotidianas. La discriminación, abusos y maltratos de que son objetos las personas mayores, en razón de su edad y su condición de vulnerabilidad, son agravantes que afectan el goce y ejercicio de sus derechos.

En la República Dominicana, si bien se han venido desarrollando y aplicando programas y servicios para las personas mayores, las necesidades y demandas de envejecientes no han sido debidamente incorporadas en la planificación nacional. En la Estrategia Nacional de Desarrollo sólo se dedican un objetivo específico y cuatro líneas de acción orientados a los adultos mayores desprotegidos y ambulantes, a promover el derecho de la población adulta mayor a participar en el mercado laboral y el emprendimiento y a mejorar la calidad de los servicios geriátricos, algunas de estas incluidas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020, como son la afiliación de cotizantes al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pensiones solidarias y protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

El bajo empoderamiento social sobre el tema de los derechos y dignidad del adulto mayor, deficiencias en la aplicación de las normativas y leyes destinadas a proteger dichos derechos y escasa cobertura de la seguridad social son los principales problemas de los envejecientes identificados en las consultas realizadas en el marco de la elaboración de los informes nacionales de seguimiento a la Agenda Regional sobre Población y Desarrollo.

Pese a algunos logros alcanzados en protección social al envejeciente, las condiciones de vida, participación y derechos de las personas mayores siguen siendo de pronóstico reservado.  Todavía persisten retos de cobertura en la seguridad social e ineficiencias en el sector salud que afectan los resultados sanitarios. El régimen contributivo–subsidiado es aún asignatura pendiente.  Sólo 15% de los adultos mayores de 65 años no tiene acceso a pensiones de vejez.

En el caso de los servicios de cuidado, la carencia de políticas públicas para satisfacer el incremento significativo de la demanda por razones de salud de las personas mayores ha producido un desfase entre esta demanda y los marcos institucionales disponibles para atenderla, de manera que el Estado dominicano está transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga en las labores asumidas tradicionalmente sobre todo por las mujeres.

En materia de políticas orientadas específicamente a la los adultos mayores, el PRM se comprometió en su programa de gobierno con la implementación de una política integral de creación de oportunidades que incluya una ley de protección social que contemple tres componentes: a) la inclusión laboral que crea condiciones para incorporar a las personas en el mercado laboral, b) acceso a los servicios públicos de grupos sociales vulnerables y c) mecanismos de ingresos para salir de la pobreza. Particularmente el PRM hizo el compromiso de dar cumplimiento a la “Pensión Solidaria” para las personas con discapacidad severa; personas mayores de 60 años que establece la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en los artículos 63 y 54.

Uno de los grandes retos que tendrá el gobierno de Luis Abinader será la reforma al sistema de pensiones que eleve de manera significativa los montos mínimos de manera que garanticen a los adultos mayores protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada.

En materia de salud del envejeciente los desafíos son enormes. La actual pandemia de COVID-19 ha revelado la alta frecuencia de comorbilidades en adultos mayores que los hacen vulnerables ante la acción letal del virus, y, por tanto, la imperiosa necesidad de una cuantiosa inversión en el sistema de servicios de salud.

Otro de los grandes retos que tendrá el gobierno de Luis Abinader será avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado “en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores”.

Una asignatura pendiente es adecuar las políticas y los servicios de salud a los cambios en perfil epidemiológico resultante del envejecimiento y la transición epidemiológica, “implementando acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas tradicionalmente denominadas no transmisibles”, tal como recomienda la medida 26 del Consenso de Montevideo.

En síntesis, para que el país pueda prever o prepararse desde ya para el impuesto demográfico, es decir, la creciente proporción de personas en edad adulta mayor, que implicará un importante reto al sistema de salud, protección social y cuidados, y se hará cada vez más visible e impactante en unas décadas cuando culmine o se agote el bono demográfico, el próximo gobierno deberá afrontar grandes desafíos.