La dinámica demográfica, sobre todo, el volumen y crecimiento de la población, su estructura por edad y sexo, la movilidad territorial, la migración y la urbanización, es una de las dimensiones del desarrollo económico y social, y es de consenso que sus cambios implican desafíos y oportunidades que podrían tener repercusiones en las políticas públicas sobre aspectos como la salud de las personas, el presupuesto y gasto familiar, la participación de las mujeres en el mercado laboral, la formación y la composición de hogares y familias y los servicios de cuidado, entre otros.
Si bien las trayectorias de los componentes de la dinámica demográfica está marcada por los llamados efectos demográficos inerciales que se verifican en el largo plazo -como los cambios en la estructura por edad-, estos también están sujetos a variaciones de menor plazo e incluso a acontecimientos inesperados o no previstos, como son los eventos catastróficos (epidemias y pandemias, por ejemplo), que a su vez pueden alterar los niveles y tendencias de bienestar o calidad de vida de la población.
En relación con la temporalidad de los cambios demográficos y de sus impactos, en rigor, la dinámica de la población debe ser integrada no sólo en los esfuerzos de planificación del desarrollo de largo y mediano plazo, sino también en una perspectiva o escenario de implementación de políticas públicas de más corto plazo, como son los períodos de gestión gubernamental.
En términos de orientaciones o lineamientos de políticas públicas dirigidas a incorporar y/o modificar la dinámica demográfica o la relación población-desarrollo, además de sus estrategias nacionales de desarrollo, los gobiernos de América Latina y el Caribe cuentan con dos estrategias internacionales de desarrollo: la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo (ODS) y la Agenda Regional sobre Población y Desarrollo llamada Consenso de Montevideo (CM), aprobada en agosto de 2013.
Especialmente la Agenda Regional es el acuerdo intergubernamental en materia de población y desarrollo más importante y progresista de la región y probablemente del mundo, adoptada en el marco del proceso de revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PA-CIPD) y su seguimiento después de 2014. El CM ha sido asumido por los gobiernos de la región como “la base de una hoja de ruta integral y estratégica para la acción nacional y regional”. El mismo abarca todos los temas relevantes de población y desarrollo de América Latina y el Caribe desde perspectiva de derechos humanos y, sobre todo, con un enfoque de igualdad, género y territorio, constituye la base de una “carta de navegación integral y actualizada para el futuro de la acción regional en la materia”.
El CM contiene 108 medidas prioritarias, agrupadas en 9 grandes temas sustantivos, muchas de las cuales apuntan a cambios previstos en la dinámica demográfica o al manejo de algunas de sus consecuencias: A) Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; B) Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; C) Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; D) Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; E) Igualdad de género; f) la migración internacional y la protección de os derechos humanos de todas las personas migrantes; G) Desigualdad territorial movilidad espacial y vulnerabilidad, H) Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; I)) Afrodescendientes; derechos y combate al racismo y la discriminación racial.
De otro lado, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) incluye metas sobre problemáticas intrínsecas de la dinámica demográfica, incorporando la mayoría de las Medidas Prioritarias del CM. Son los ODS una prueba palmaria y robusta, del vínculo entre la dinámica de la población y el desarrollo, en el marco del paradigma de desarrollo implícito o explícito que sustenta dicha estrategia.
A nivel local, si bien el país dispone de una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) que contiene cuantiosos y muy variados factores, variables, procesos, temas o problemáticas intrínsecas a la dinámica demográfica que son brevemente tratados en los diagnósticos de la END, se carece de una perspectiva integral de la dinámica poblacional, por lo que se tiene una visión fragmentada de las intervenciones en población y desarrollo, sesgada hacia problemáticas sectoriales específicas y en grupos poblacionales con problemas especiales como son los jóvenes y adolescentes y las mujeres.
Si bien desde la promulgación de la ley de END y con la conformación del Comité Nacional de Coordinación encargado de dar seguimiento al CM, presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), se registra en el país una creciente consideración de los factores demográficos en las políticas y planes sectoriales del Gobierno, el país carece aún de de una agenda nacional de población, de una política de población y de un marco institucional que delimite claramente los roles de coordinación de las acciones o intervenciones en población -incluida una entidad institucional, con fuerza de ley, especializada en la materia-, por lo que las intervenciones del estado dominicano están sobre todo pautadas e implementadas en el marco del Consenso de Montevideo y del Plan de Acción del Programa de País entre el Gobierno de la República Dominicana y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
La República Dominicana ha logrado importantes avances en la transición demográfica, pero aún presenta significativos rezagos en temas de población y desarrollo relevantes. Persisten aún problemáticas demográficas de larga data, como son las relativamente elevadas mortalidad infantil, neonatal y en la niñez, la dispersión de la población rural y la hiper fragmentación territorial de la población, la inmigración haitiana no ordenada, las emigraciones internacionales de dominicanos, la demanda insatisfecha de anticonceptivos entre mujeres y jóvenes de estratos pobres y de bajos niveles educativos, los asentamientos precarios, la baja calidad de la educación pre universitaria y superior y las inequidades demográficas. Al mismo tiempo han emergido nuevas problemáticas demográficas que predominaron hasta los años 80 del siglo pasado, como son el bono demográfico, la salud sexual y reproductiva, la fecundidad adolescente, el envejecimiento de la población, la equidad de género, las inmigraciones haitianas, las remesas y las diásporas y comunidades transnacionales, los problemas ambientales provocados por las aglomeraciones urbanas.
De cara a una nueva gestión gubernamental que se inaugura el próximo 16 de agosto es propicia la ocasión para examinar los avances y rezagos, retos y desafíos, oportunidades y amenazas y compromisos nacionales e internacionales que deberá enfrentar el país en el próximo cuatrienio. Si bien, como veremos en las próximas entregadas de este artículo, en sus Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Cambio (2020-2024) el Partido Revolucionario Moderno (PRM) esboza algunos objetivos y medidas de acción relacionadas con la temática población y desarrollo, las mismas no están articuladas en una perspectiva integral y son insuficientes para dar cumplimiento a las metas y líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo relativas a la dinámica demográfica y a las Medidas Prioritarias del Consenso de Montevideo.