El pasado 24 de abril fueron juramentados un total de 3,849 cargos municipales repartidos en las 393 entidades municipales encargadas de gestionar una serie de competencias propias y coordinadas con un sin número de precariedades acumuladas, sufridas por una población que espera la solución definitiva.
La presente gestión municipal se encuentra caracterizada por un cambio de partido político en el 66.46% de los Ayuntamientos y en el 53.19% de las Juntas de Distrito Municipal, las cuales tienen el desafío de administrar lo local en un año matizado por la crisis sanitaria más importante que le ha tocado vivir a la presente generación. Una situación combinada con una secuencia de eventos entre los que se encuentra el inicio de la temporada ciclónica a partir del primero de junio, las elecciones presidenciales y congresuales en el mes de julio, las complicaciones sanitarias del dengue, el cambio de autoridades electas en el mes de agosto y el resto de las complejidades propias del fin de año.
Este escenario particular en el que inician su trayecto las nuevas autoridades municipales se realiza dando continuidad a la gestión del pasado período gubernamental donde se destacan logros y fracasos en los primeros meses del año registrados en la base de datos del Sistema de Monitoreo para la Administración Pública Municipal (SISMAP). En su último informe de fecha 15 de marzo se indica que solo 25 Ayuntamientos registran una puntuación superior a los 70 puntos, dejando 133 Ayuntamientos con cierto avance, poco avance o sin avances.[1] Los Ayuntamientos con el mejor desempeño fueron Bánica, Jarabacoa y Santiago de los Caballeros, lo cual demuestra que la capacidad de avanzar no es directamente proporcional con la cantidad de recursos. El informe señala que los aspectos por mejorar se encuentran en los indicadores que tienen menor avance: planificación territorial, calidad del gasto, gestión de recursos humanos, gestión de compras y acceso a la informacion pública.
A partir de este momento las nuevas autoridades municipales enfrentarán una variedad de retos entre los que se destacan como los más importantes: la gestión financiera, la coordinación interinstitucional y el ordenamiento territorial.
Una de las principales amenazas que acompaña las entidades municipales es la imposibilidad de contar con recursos económicos suficientes para financiar las competencias establecidas en el Art.19 de la Ley 176-07, ya que la mayoría de los recursos provienen de las transferencias del gobierno central donde el 44.27% de las entidades municipales recibe menos de un millón y medio de pesos mensuales para impulsar el desarrollo de sus territorios[2]; esta situación demanda de una gestión financiera efectiva que administre con rigurosidad cada centavo de lo ingresado e identifique nuevas fuentes de financiamiento por medio de los arbitrios, las alianzas público – privadas o aportes de la cooperación internacional.
En segundo lugar, las entidades municipales se enfrentan al reto de fortalecer la coordinación interinstitucional con los distintos sectores del gobierno nacional, lo cual permitirá apuntalar las iniciativas demandadas por la población y vincular la inversión pública al potencial de cada territorio. De igual manera es urgente propiciar el encuentro entre los Ayuntamientos y sus órganos desconcentrados, las Juntas de Distrito Municipal; ya que la coordinación prevista en el marco legal vigente brilla por su ausencia en la mayoría de los casos.
Finalmente, el reto presente y futuro más importante de las nuevas autoridades es el ordenamiento territorial de sus demarcaciones. Ante un país que solo cuenta con regulación de uso de suelo en tres Ayuntamientos la gestión del territorio es caótica, desordenada y discrecional, lo cual limita a las Alcaldías de propiciar el desarrollo de su municipio con el recurso mas preciado: el suelo. El ordenamiento del territorio mejoraría la complementariedad con las Juntas de Distrito Municipal, delimita los barrios y las necesidades a priorizar, regula la forma en como se utiliza el suelo y protege la ciudadanía tanto de actividades incompatibles como del uso despiadado del suelo.
La crisis sanitaria en la cual nos encontramos demanda de los incumbentes locales avanzar en los tres retos indicados, los cuales permitirán orientar el presupuesto para la emergencia, coordinar con los distintos niveles de gobierno la recuperación y avanzar en el ordenamiento necesario para que los gobiernos locales sean catalizadores de su propio desarrollo.