Acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
La salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, de acuerdo con las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las que han sido consensuada y son compartidas por casi todos los Estados del mundo. Sin embargo, hay disenso en torno a si se debe incluir o no en el concepto y en la oferta de servicios de salud algunas dimensiones, prácticas y derechos relativos a la sexualidad y la reproducción biológica (SSySR).
Si bien los derechos sexuales y los derechos reproductivos se encuentran reconocidos en las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por la gran mayoría de los Estados del mundo y han sido incluidos en las agendas mundiales y regionales de desarrollo, así como en la mayoría de las legislaciones nacionales, debido a la virulenta oposición del liderazgo político y religioso conservador hegemónico -con excepciones minoritarias- a nivel global, regional y local a la interrupción voluntaria del embarazo (o aborto inducido), a la educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes, a la equidad de género y a la anticoncepción moderna y la diversidad en la orientación sexual, persisten serios obstáculos y barreras al acceso de SSySR, sobre todo en países con legislaciones prohibitivas o muy restrictivas respecto de estos temas.
En República Dominicana, si bien se cuenta con un marco institucional legal-normativo que apoya intervenciones en SSySR, como es el caso de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley General de Salud y la Ley General de Juventud, y desde hace varios años se vienen impulsando y desarrollando programas y proyectos de servicios que protegen el derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a los servicios de SSySR y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los adolescentes y los jóvenes continua siendo limitado. La legislación nacional penaliza el aborto inducido sin ninguna excepción o de forma absoluta, la cobertura de educación sexual integral en la educación formal es muy baja aún, los derechos de minorías o colectividades como la LGTBI y las trabajadoras sexuales en la atención en VIH-SIDA con frecuencia son vulnerados. Debido a la oposición feroz y bloqueo de las iglesias católica y evangélicas, apenas hace unos dos años el Servicio Nacional de Salud dio inicio a la venta de anticonceptivos en las farmacias o boticas populares de PROMESE.
El país cuenta con varios programas orientados a ofrecer servicios de SSySR a adolescentes y jóvenes, como es el Programa de Atención Integral a la Salud de los y las Adolescentes (PRONAISA) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y, las Iniciativas para promover la salud reproductiva en las escuelas, a través de un acuerdo entre dicho ministerio y el MINERD; y se ha elaborado y puesto en ejecución desde 2013 el Reglamento Técnico para la Atención Integral en Salud Sexual y Salud Reproductiva que incluye los protocolos de atención sobre los temas de salud como embarazo ectópico, manejo del aborto espontáneo, norma para el parto, prevención y tratamiento de la hipertensión del embarazo, tratamiento del cáncer de mama, entre otros.
Con respecto al embarazo adolescente, un importante logro reciente es que en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020 se incluyeron medidas de políticas y metas para la reducción del embarazo en adolescentes, de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil y de la propagación del VIH-SIDA, a ser implementadas por el conjunto de instituciones que integran el Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia que coordina las iniciativas del sector público, de las agencias de cooperación internacional y de las organizaciones no gubernamentales.
Pese a los avances logrados en los últimos decenios en el uso de anticonceptivos, en la reducción de la fecundidad, en las coberturas de atención al embarazo, parto y postparto, en la reducción de mortalidad en la niñez y en la infancia, y en la detección y control de VIH/ SIDA, aún persisten en República Dominicana grupos de madres sin acceso a anticonceptivos y a otros servicios de salud -especialmente en adolescentes y jóvenes-, altos niveles de embarazo en adolescentes, alta mortalidad materna y neonatal, bajo de uso de anticonceptivos en adolescentes y jóvenes, baja cobertura en detección de cáncer cérvico-uterino, alto porcentaje de abortos inseguros y limitaciones en el acceso a servicios de salud post aborto. Sigue pendiente superar una serie de deficiencias y barreras para el acceso a SSySR, deficiencias en la calidad de los servicios en la prevención de morbilidad y mortalidad materna y maternidad precoz, limitaciones de recursos y falta de integridad en la educación sexual integral.
En su programa de gobierno el PRM propuso un conjunto de medidas de políticas de SSySR, alineadas con las contenidas en la END, en el Plan Nacional para la Reducción del Embarazo Adolescente 2019-2023 y el Plan Nacional de Salud, el Plan Decenal de Salud, el Plan Nacional e Igualdad y Equidad de Género, 2007-2017 y el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016, tales como: el programa Madres adolescentes en situación de pobreza dirigido a la prevención del embarazo adolescente; programas de reducción tasa de embarazo entre jóvenes y adolescentes, haciendo énfasis en las zonas más vulnerables; “fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres, ampliando su acceso a la información, a métodos de planificación y acceso a métodos de planificación, gratuitos a bajo costo otros y en las boticas populares; proveer una educación sexual que promueva una vida sexual responsable y sana en el estudiantado en todos los niveles y que esté adaptada a las edades (inicial, básico y medio); establecer un programa para la reducción de la tasa de embarazo entre jóvenes y adolescentes, haciendo énfasis en las zonas más vulnerables; “enfrentar la alta tasa de mortalidad materna del país, aumentando progresivamente las asignaciones de recursos, mejorando la capacidad de gestión, … y garantizando un servicio de calidad y un trato humano en todo el territorio nacional”.
Este conjunto de medidas de políticas, que mejorarían la salud y fortalecerían el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, implican grandes retos y desafíos para el gobierno que encabezará Luis Abinader a partir del próximo 16 de agosto, pero también oportunidades para un salto cualitativo importante en la salud sexual y reproductiva.
Un especial desafío que tendrá el PRM es que apelar a su mayoría parlamentaria para lograr la aprobación los proyectos de Ley sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva y el de un nuevo Código Penal que incluya la despenalización el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la madre, si ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida, pese a las acciones incluso intimidatorios e inquisidoras de rasgos fundamentalistas abonadas por actitudes genuflexas de legisladores y políticos conservadores que de seguro orquestarán de nuevo las iglesias católicas y evangélicas.
Para lograr avances significativos en las metas propuestas en su programa de gobierno, el PRM deberá demás aumentar significativamente el número de Unidades de Atención Integrales que tienen servicios para adolescentes y jóvenes; mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, principalmente en el primer nivel de atención; aumentar la disponibilidad de métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia; mejorar la debida aplicación de las normativas y protocolos, poner en práctica las acciones necesarias para impulsar la estrategia 90-90-90, sobre el VIHSIDA; alinear el currículo oficial en educación integral para la sexualidad con los estándares, tal como se sugiere en el segundo Informe de Seguimiento al Consenso de Montevideo del MEPyD.