Lo confirma una encuesta de la Gallup: casi el 50 % de los dominicanos y dominicanas se quiere ir del país. Especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica.

El dato es la confirmación de una tendencia creciente desde 1980, año en que una reconocida universidad privada del país hizo un estudio en el que resultó que el 37% de los jóvenes mayores de 25 años deseaba irse al extranjero.

Se constató un incremento de esa tendencia  años después de la privatización de las empresas públicas y de la imposición del mercado como regulador principal de la actividad económica y social a partir de 1996;  valga decir, después de la derrota del trabajo como organizador de la sociedad, y el consiguiente  auge de la informalidad y del "sálvese quien pueda" en las políticas públicas.

Desde entonces, varias encuestas concluyen en casi 50% de emigrantes potenciales.

Abre un paréntesis: este dato debería llamar la atención de la gente que rechaza el Pacto Migratorio de la ONU que se debate en este momento. Este 50% son potenciales migrantes que serían merecedores de un trato digno y de normas jurídicas que protejan sus derechos en los países a donde decidan establecerse. Y más: también porque es un asunto de soberanía nacional, toda vez que la población es uno de los componentes básicos de la nación, y la nuestra quiere irse. Cierra el paréntesis.

Un hecho que pudiera servir para evaluar  los elementos causales de esa realidad, podría ser, verificable en la prensa de esos días,  el que semanas  después de las elecciones en las que el PLD  llegaba otra vez al poder en el año 2004,  decenas de dominicanos y dominicanas perdieron la vida al naufragar la yola en la que se proponían llegar a Puerto Rico atravesando el Canal de la Mona.

La lectura más elemental de ese hecho podría ser, que esos connacionales tenían  perdida  la esperanza de mejorar sus condiciones de vida,  y el cambio de gobierno,  que ya estaba en curso,  no  les despertaba perspectivas diferentes, como se supone debe ocurrir con un gobierno nuevo.

Es la realidad de un país que ha tenido y tiene recursos para garantizar que su pueblo encuentre estabilidad material y tranquilidad espiritual, y no quiera largarse a cualquier otro.

En 1916, poco después de la ocupación militar norteamericana, nuestro país fue declarado "con futuro", en un informe de Otto Schoenrich, que los mismos norteamericanos elaboraron sobre las riquezas naturales y humanas de las que disponía para emprender su desarrollo. En 1937, un estudio ordenado por el dictador Trujillo y elaborado por el Dr. Carlos Chardon, confirmó la existencia de aquellos recursos; mismos que fueron certificados en 1962, tras la caída de la dictadura.

Y el hecho de que la economía dominicana haya crecido, creado riquezas, en 60 años consecutivos, y de que banqueros y financistas  extranjeros conscientes de las riquezas del país sigan dispuestos a prestar una escandalosa cantidad de millones de dólares en bonos soberanos al gobierno, quiere decir que en el país hay potencialidades para mejorar las condiciones de vida del pueblo, y mantenerlo aquí trabajando y viviendo una vida digna, que merezca ser vivida.

Aquí hay un desafío para la oferta política.  Los candidatos de la oposición tienen que proponer políticas y modelos de desarrollo económico y social, que rompan la trampa económica que ha llevado a que un país rico produzca pobres en masa, y su gente quiera irse hasta en yolas.

Debe ser restaurada la esperanza en que las cosas pueden cambiar para mejor.

Hay que atreverse a formular esas propuestas, aunque una claque diga que es locura, como tilda a Juan Hubieres por hacerlo.