Por generaciones, una gran parte de la sociedad ha sostenido que los responsables del caos en el transporte colectivo de la República Dominicana son los sindicalistas, llamados por unos “los dueños del país” y mal llamados por otros “los padres de familia”; sin embargo al ponderar la realidad existente en las principales ciudades se descarta la sentencia popular, colocando la responsabilidad en tres sectores fundamentales: el gobierno central, el sector privado y la ciudadanía. El papel de estos sectores en el escenario urbano evidencia el impacto de sus acciones o su pasividad ante este problema histórico que afecta toda la población.

Por un lado el gobierno central es el responsable de regular el sector a través de un conjunto de instituciones creadas para los fines, sin embargo la ausencia de una política en materia de transporte colectivo y la dualidad de funciones entre los entes gubernamentales del sector contribuye a debilitar la institucionalidad, cediendo competencias y permitiendo la autorregulación a los demás actores del sistema.

Al analizar la oferta gubernamental se evidencia que la misma descansa en dos modalidades de transporte: los autobuses y el Metro. La Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) encargada de gestionar la oferta de autobuses estatal está sumida en una de las peores crisis de su historia, con un parque vehicular en muy malas condiciones y con un servicio cada vez más deficiente, contribuyendo a ceder su cuota de mercado. Por otro lado a pesar de que el Metro de Santo Domingo satisface con eficiencia la necesidad de transporte, este solo impacta a un reducido segmento de la población debido a su desconexión con los demás modos de transporte, incidiendo en la sub-utilización de esta infraestructura y proyectando la insostenibilidad de la misma debido a sus altos costos de mantenimiento.

El accionar del sector privado evidencia su responsabilidad ante el caos, ya que brinda mayores facilidades para la adquisición de transportes individuales (sean de uso privado o público), en detrimento de inversiones orientadas a la compra y puesta en operación de unidades de gran capacidad para el uso colectivo; esta política errada incrementa sustancialmente el parque vehicular incidiendo en los entaponamientos, aumentando la contaminación, elevando el consumo de combustibles y deteriorando la cultura peatonal. De igual manera el sector privado ha sido tímido en cuanto a la inversión en la oferta de transporte colectivo, permitiendo que otros sectores menos organizados tomen el control del sistema.

Finalmente la ciudadanía ha sido co-responsable del caos en el cual nos encontramos a través de su ausencia en el debate público, reafirmando la cultura que prevalece en la sociedad la cual solo satisface las necesidades que le afectan de manera directa a través de soluciones individuales en lugar de luchar por opciones colectivas que beneficien a toda la población. También inciden en el caos al replicar la misma forma de conducir de los medios informales de transporte, convirtiendo la ciudad en una jungla de conductores que luchan por llegar al final de su recorrido sin importar quien este a su alrededor.

Para nadie es un secreto que los sindicalistas que lideran el sector transporte son actores importantes del sistema, sin embargo el gobierno central, el sector privado y la ciudadanía en general deben asumir su responsabilidad ante este gran problema, ya que al fin y al cabo son los sectores más afectados del caos que impera en las principales calles y avenidas de nuestras ciudades.