Uno de los principales objetivos de la reforma procesal penal fue justamente instaurar mecanismos de resolución alternativa de las disputas en procura de descongestionar los tribunales y hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles. No obstante, a pesar de las numerosas disposiciones normativas en ese sentido, los actores en su conjunto han hecho muy poco para lograr el cometido: la prisión preventiva sigue siendo la medida más solicitada y las cárceles siguen abarrotadas.
Pueden existir múltiples razones para que esto sea así. Desde el predominio de una visión tiránica del Derecho Penal y sus fines, hasta el populismo penal más indolente. Lo cierto es que el sistema se desborda y su descrédito va en aumento.
Es preciso señalar que algunos de estos mecanismos, como es el caso de la mediación, trascienden el proceso, o, mejor dicho, tienen una naturaleza prejudicial. Son propios de las comunidades y se fortalecen en la misma medida en la que estas se empoderan y adquieren capacidades para gestionar sus diferencias. Por tanto, no deben esperar por estructuras judiciales.
Hace unos meses estuve acompañando una iniciativa sobre mediación comunitaria en 3 regiones del país y pude constatar el incalculablevalor que tienen los líderes y lideresas locales cuando de cohesión y sentido de pertenencia se trata. En las propias palabras de uno de ellos: “las personas creen más en nosotros que en las autoridades. Diariamente recibimos casos para ser solucionados. Nos ven como los fiscales del lugar”.
Otras cuestiones que externaron, y que merecen ser resaltadas, son las siguientes:
- No cuentan en absoluto con apoyo del Estado para hacer la labor que hacen en sus comunidades.
- Siempre están disponibles, 24/7. Muchas veces se presentan conflictos en horas de la madrugada y salen a dar la cara.
- La mediación la realizan de una forma bastante intuitiva pues conocen a cada una de las personas que viven en sus sectores. Solo acuden al destacamento como última opción cuando sienten que ya no pueden resolver una situación.
- No hay vinculación con la fiscalía barrial.
- En cuanto al rol de los representantes locales, expresan que no representan las demandas e intereses de sus comunidades y que el clientelismo se impone en la relación con las y los votantes.
- Finalmente, que desconocen las instancias facilitadas por el Estado para resolver de forma alternativa los conflictos y propiciar una cultura de paz.
La justicia ‘formal’ es incapaz de contener la violencia (todo lo contrario), y eso es algo que las personas que han sido víctimas y/o victimarias saben bien. Apostar al capital social comunitario en la prevención y resolución de los delitos comunes, que son los de mayor impacto en la percepción colectiva, parece ser la vía para reducir los altos niveles de conflictividad que tenemos. La gente es mucho más sabia de lo que pudiéramos pensar, y esa institucionalidad sociocultural, aunque en ciernes, es mucho másque potable.