En el transcurso de la semana pasada, una nueva tragedia encendió las protestas callejeras en varios estados de la Unión Americana, luego de que una oficial policial diera muerte a un hombre de raza negra en Minneapolis, Minnesota, en un intento de arresto el pasado domingo 11 de abril.
Aunque el disparo que segó la vida de Daunte Wright, de 20 años, pareciera accidental, la causa del fatal incidente se produjo como resultado de un forcejeo entre el sospechoso de violar una ley de tránsito y la oficial de policía Kimberly Potter quien junto a otros uniformados intentaba ponerlo bajo arresto.
El estado de Minnesota ha vuelto a ser escenario de otro crimen policial contra un ciudadano de raza negra, aunque con matices diferentes.
El crimen de George Floyd, ocurrido en mayo de 2020 aún está fresco. Su muerte se produjo tras la Policía aplicar fuerza bruta letal, que luego generó en cientos de protestas pacíficas y violentas en Estados Unidos, actos vandálicos callejeros descontrolados, decenas de civiles y policías heridos y miles de los participantes arrestados.
La acción contra Floyd, como otras tantas, quedó grabada para la historia negativa de las fuerzas del orden de un país considerado el banderín del respeto a las libertades y los derechos civiles de todos sus ciudadanos.
Los policías actuantes aún siguen esperando sentencia de una corte de Minnesota.
El caso más reciente, ocurrido en Brooklyn Center, Minnesota, no debió suceder. Este no será el último caso en producirse a menos que las autoridades modifiquen las leyes y políticas de arresto existentes que logren evitar estas tragedias de consecuencias fatales.
La oficial Potter confundió su pistola eléctrica “Taser” con su arma de reglamento, hizo un disparo mortal a Wright al intentar neutralizarlo cuando el sospechoso se hizo violento. Hoy enfrenta dos cargos criminales por homicidio involuntario.
Algo parecido sucedió en 2015 cuando el alguacil de Oklahoma, Robert Bates, disparó mortalmente a Eric Harris con su arma de reglamento en lugar de su eléctrica Taser. Bates fue sentenciado a cuatro años por homicidio involuntario.
En Oakland, California, el policía Joahnnes Mehserle cometió el mismo error y mató a Oscar Grant, de 22 años. Fue condenado a dos años por homicidio involuntario.
Es muy común en los últimos tiempos observar a personas que se resisten a ser arrestadas, inocentes o no, y sin importar las consecuencias.
Un arresto sin causa real que lo amerite produce indignación y enojo a la persona afectada, un acto considerado bochornoso que genera reacciones muchas veces violentas e incontrolables.
En EE.UU. existen leyes estatales y federales que tipifican como delito contra las personas que hagan resistencia u obstruyan intencionalmente a un oficial de policía al momento de proceder con un arresto.
Muchos arrestos policiales han sido desestimados por un juez federal o estatal, al comprobarse que la detención fue ilegal o improcedente, pudiendo quedar el reo en libertad inmediata. Pero por hacer resistencia a su detección, se imposibilita salir en libertad o al pago de una alta suma de dinero.
Todos los cuerpos policiales son represivos y la mayoría de sus miembros excede ilegalmente la autoridad asignada, por lo que la resistencia al arresto siempre termina con graves contusiones y heridas que ameritan hospitalización o muerte en escena de uno de los implicados.
Los miembros de la Policía, como auxiliares de la justicia, están entrenados para hacer cumplir las leyes y el orden establecido y constituyen un cuerpo armado adiestrado para aplicar fuerza bruta no letal, en caso de ser necesario, contra los renegados de la ley.
Los más especializados componen escuadrones tácticos equipados con sofisticados equipos y armas con la finalidad de enfrentar delincuentes identificados como peligrosos, violentos, armados y dispuestos a todo.
En octubre de 2020, el fiscal general William Barr, en una reunión celebrada en Miami, Florida, con la Asociación Nacional de Organizaciones de Policía de EE.UU., pidió “tolerancia cero con la resistencia al arresto”, por lo que los policías pueden ejercer toda la fuerza bruta necesaria contra los infractores de la ley que hagan resistencia al momento de su detención.
Otro caso similar fue el del teniente coronel Caron Nazario, del Ejército, quien demandó a dos oficiales de policía de Windsor, Virginia, por estos haberle rociado gas pimienta en la cara luego de resistirse a ser arrestado por supuestamente conducir un vehículo de su propiedad sin una de las placas.
En el video de las cámaras corporales de los agentes se observa a los uniformados conminar cortésmente a Nazario bajarse del automóvil. Pero este, vestido con su atuendo militar, se negaba a hacerlo considerando que no había cometido ningún delito.
La discusión llegó al punto de la violencia policial que concluyó sometiendo a obediencia al militar y ser arrestado, aunque luego fue liberado tras comprobarse que el vehículo portaba ambas placas.
Nazario entabló luego una demanda al Departamento de Policía de Windsor por un millón de dólares, tras considerar que sus derechos garantizados bajo la Primera y Cuarta Enmiendas fueron violados con la aplicación de fuerza excesiva, registro ilegal, asalto, agresión y apresamiento ilegal.
Por lo menos, en este caso, el error policial le salió caro al estado de Virginia, que deberá compensar a Nazario por la violación de sus derechos constitucionales por parte de dos agentes auxiliares de la justicia.